Manifestantes de Cañar quedaron libres

Tras más de cinco horas de audiencia de flagrancia en contra de los detenidos como presuntos responsables del ataque a la caravana del presidente Daniel Noboa, durante su visita a la provincia de Cañar, quedaron en libertad y se defenderán por la acusación de ataque o resistencia.

Yaku Pérez, defensor de los detenidos, público que "la jueza calificó de ilegal la detención por violar el debido proceso, mantener incomunicados, sin lectura de derechos que tienen los detenidos".

Además, puntualizó que "el Estado como siempre hace uso excesivo de la fuerza contra el Estado Constitucional de Derechos y Justicia".

Hay que recordar que cinco ciudadanos fueron detenidos por los presuntos delitos de terrorismo e intento de asesinato en contra del jefe de Estado tras el ataque a los vehículos oficiales mientras se desplazaban entre los cantones El Tambo y Cañar para un acto oficial.

De forma preliminar, Inés Manzano, ministra de Energía, aseguró que se trataría de un intento de asesinato en contra del primer mandatario y que los ciudadanos serían acusados formalmente.

Sin embargo, tras la audiencia -cumplida de forma telemática desde el cantón El Tambo- Pérez dijo en su cuenta de X que se desmintió los presuntos impactos de proyectil en los vehículos oficiales.

"Parte policial desmiente atentado al presidente Noboa. Gobiernos latinoamericanos deben cerciorarse bien antes de emitir pronunciamiento. Desde cuando hermanos indígenas con guitarras y charangos en Cañar pueden atentar la vida de un presidente. Clásico folklorismo", público.

Denuncias contra derechos humanos

La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris (UPCCC) denunciaron algunos actos que irían en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos detenidos. En un comunicado detallaron falta de información oficial "sobre el paradero de los cinco detenidos". Y falta de información oportuna sobre la hora y lugar donde se llevaría la audiencia de flagrancia.

"Ni las familias ni la defensa legal han sido notificadas formalmente sobre el paradero de los detenidos ni sobre la audiencia de flagrancia, lo que constituye una grave vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa", reseña el comunicado.

En primera instancia se tenía previsto que la acción legal se cumpla en Cuenca, hasta donde fueron trasladados los manifestantes la noche del martes 7 de octubre, tras su detención. Sin embargo en horas de la madrugada habrían sido trasladados nuevamente a la provincia de Cañar.

Patricio Sarmiento, gobernador de Cañar, aseguró que en el ataque estarían involucrados "líderes infiltrados en el pueblo cañari" y producto de este seis automotores resultaron afectados: el vehículo del presidente, tres vehículos de instituciones públicas de Azuay y Cañar y dos patrulleros.

También fue consultado la razón de que los ciudadanos hayan sido trasladados a Cuenca, pese haber sido detenidos en Cañar, y se limitó a señala que esa fue una decisión de la autoridad competente.

El presidente de la Republica también se refirió a los detenidos señalándolos como personas violentas y que "irán a la cárcel". Explicó que los manifestantes intentaron detener su marcha hacia una comunidad de Él Tambo donde se entregó un sistema potabilizador de agua.

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