Asamblea debate la destitución de Nuria Butiñá, acusada de exigir aportes ilegales

Destitución a la asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana, Nuria Butiñá Martínez. Es lo que recomendó el Comité de Ética de la Asamblea Nacional en el informe de 91 páginas que presentó al Pleno del Legislativo.

Esa recomendación, de acuerdo con el informe de la Comisión, se fundamenta en infracción grave a lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Constitución de la República y en el artículo 163.4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Para la Comisión, “la sanción que se imponga debe ser adecuada, para recuperar la confianza pública” y enviar un claro mensaje de cero tolerancias a acciones que van en contra de la ética y la transparencia en el ejercicio de un cargo público.

El proceso en contra de Butiñá comenzó el pasado 22 de agosto, cuando la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la oficialista Mishel Mancheno, la denunció. Eso con base en el testimonio del exasesor, Iván Darío Castro, quien aseguró que la legisladora correísta le habría “pedido parte de su sueldo, alterar declaraciones juramentadas y soportar hostigamiento permanente”.

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¿Qué informó el Comité de Ética?

De acuerdo con lo que expuso el Comité de Ética del Legislativo, Butiñá creó ilegal de un fondo para adquirir servicios de comunicación. Eso lo logró con fondos de Castro y de ella supuestamente. Además, Castro, según consta en el informe, por negarse a seguir financiando el fondo, fue obligado a realizar trabajos de comunicación y producción de materiales audiovisuales, funciones no relacionadas a su cargo.

A eso se suma el pedido de alterar con fecha retroactiva una declaración juramentada de residencia. También por solicitar pagos de pasajes de avión a Magaly Cornejo, excompañera del equipo legislativo. Esto último, porque a criterio de Butiñá, según mencionó Castro, debía ayudarla con la adquisición de los boletos porque tenía un salario menor a lo que él percibía. “Como yo era el que ganaba más, tenía que aportar más”.

Asimismo, Castro denunció que Butiñá le ordenó que transfiera $ 240 al abogado Miguel Santos. Eso para una asesoría, ya que, a su criterio, él no hacía un buen trabajo. La transferencia se hizo el 4 de agosto; Santos emitió la factura el 23 de agosto.

Pero la factura se emitió, indica Mancheno, luego de que ella presentara la denuncia en el Legislativo y el Comité de Ética tenía conocimiento de los hechos, dijo. Eso lo hizo para justificar el dinero que obligó a su asesor a transferir. “Eso no demuestra inocencia, sino culpabilidad”.

Otras acusaciones

A eso, la legisladora Mancheno agregó que Butiñá, en una conversación ella pedía que alguien de su equipo pague su estadía “o los boto a los dos”. Para la asambleísta oficialista por la provincia de Chimborazo, Butiñá no tiene pruebas de descargo para sostener que lo denunciado en contra de ella es falso.

Por otro lado, la asambleísta oficialista, en su intervención en el Pleno, indicó que hubo un mal trato a sus colaboradores y creó un mal ambiente en el despacho. Para el Comité, las exigencias económicas fueron planteadas en un marco de presión psicológica constante. Las pruebas se basaron en conversaciones y audios de una mensajería instantánea y documentos bancarios.

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¿Qué opinan los legisladores en el Pleno?

Durante el debate, que se lleva a cabo en el Pleno del Legislativo, Sergio Peña, asambleísta nacional y miembro del Comité de Ética, dijo que no aceptaron las declaraciones juramentadas de los colaboradores de Butiñá porque no aportan al caso investigado, ya que no dicen si sufrieron agravios o no o si les solicitaron dinero. “Las pruebas están hablando por sí solas”.

Por su parte Juan Andrés González, asambleísta por la RC, por la provincia de Loja, expresó que Peña es el menos indicado de hablar de ética. Además, que a su compañera Butiñá se le debe respeto.

En cambio, Alex Morán, asambleísta oficialista por Guayas, dijo que “hoy, ustedes tienen en sus manos y en sus votos, como la ciudadanía los tiene que ver”. Por lo que solicitó que voten a favor de la destitución de Butiñá.

En cambio, Edwin Jarrín, legislador independiente por Morona Santiago, manifestó que la Asamblea tiene un presente de corrupción. Es por eso por lo que “abrigo la esperanza que se transparente; si eso es verdad (la acusación hacia Butiñá), debe ser sancionado de acuerdo con la ley”.

Ante esto, Butiñá se declaró inocente. Para ella, la investigación del legislativo es una “persecución política disfrazada de procedimiento ético”.

Butiñá dijo que lo que buscan es perseguir a la Revolución Ciudadana con esto espectáculos, mientras el país se desangra. “Están jugando con la honra de los asambleístas”. Agregó que estaba con su conciencia tranquila de no haber participado en diezmos.

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