ANT, sitiada por un sistema frágil y la corrupción interna
La intervención a la ANT destapó miles de trámites irregulares Se indaga una red de cobros ilegales y a su exdirector
El caso Jaque dejó al descubierto la fragilidad del Sistema Único de Tránsito y Vehicular, la plataforma tecnológica que centraliza todos los trámites que se realizan en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
La intervención estatal, el cierre temporal de oficinas, la investigación penal por una presunta red de corrupción interna y la detención de Pedro Abril, exdirector ejecutivo de la ANT, giran alrededor de la manipulación del sistema informático. Estos hechos abren nuevas dudas sobre una posible conexión con el asesinato del jefe de seguridad informática de la ANT, ocurrido el 6 de noviembre de 2025 en el norte de Quito.
Reportes técnicos informáticos de la propia ANT revelan inconsistencias masivas en la base de datos institucional. Registros creados o modificados fuera de los plazos, trámites ingresados sin respaldo documental y perfiles institucionales presuntamente vulnerados forman parte del diagnóstico.
Un ejemplo ilustra la magnitud del problema. La ANT revisó 926 trámites realizados entre enero y diciembre de 2025 para la emisión de licencias de conducir. Estos trámites correspondían a 21.090 licencias. Sin embargo, en la base de datos institucional constan 49.134 registros, es decir, 28.044 licencias adicionales incorporadas después del cierre original de los procesos.
Estos datos constan en el informe entregado el 20 de enero por el propio Pedro Abril a la Fiscalía. El exdirector sostiene que la investigación del caso Jaque se originó a partir de su denuncia. No obstante, cuando Abril remitió esa información, la Fiscalía ya lo investigaba desde hacía seis meses, incluso con interceptaciones telefónicas y vigilancias policiales.
En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía mencionó la existencia de 10 conversaciones interceptadas a Pedro Abril entre el 28 de noviembre y el 31 de diciembre de 2025. En al menos tres de ellas, según el Ministerio Público, se evidencia una presunta participación en la red de corrupción.
La vinculación de Pedro Abril, exdirector de la ANT
Uno de los diálogos, fechado el 19 de diciembre, hace referencia a “salir con esa vuelta”, en alusión a una consulta de placas. En esa conversación, el interlocutor menciona la entrega de un “cariñito”, a lo que Abril responde que el dinero sea depositado en la cuenta de Rubén, de acuerdo con la Fiscalía.
Durante el allanamiento a su domicilio, la Policía encontró 19.780 dólares en efectivo, un arma de fuego calibre 9 milímetros, municiones y documentos.
En la misma audiencia consta otro mensaje atribuido a Oswaldo Huertas Paredes, funcionario técnico del área de Emisión de Licencias de la ANT, quien labora en la institución desde 2018 y era identificado en la red con el alias de Rojo. En una comunicación del 29 de octubre de 2025, escribió: “Tengo la licencia por imprimir, ya puse documentos a digitadores, nadie va a saber eso”.
La ANT también analizó procesos de certificados únicos vehiculares, matrículas, revisiones técnicas vehiculares y transferencias de dominio; y las actividades de las escuelas de conducción y los cursos de recuperación de puntos de licencia.
Matriculaciones vehiculares sospechosas
En varios GAD, como Playas y Bucay (Guayas), la Mancomunidad Sucumbíos, San Vicente (Manabí), Machachi (Pichincha), Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas) y Pallatanga (Chimborazo), el número de trámites superó ampliamente el parque automotor domiciliado, incluso por encima del 100 % de la capacidad operativa.
El análisis identificó brechas desproporcionadas entre el parque automotor, la capacidad administrativa, el número de digitadores y el volumen real de trámites ejecutados.
Para el ministro del Interior, John Reimberg, estos hechos no constituyen simples fallas administrativas, sino la operación de una organización delictiva estructurada que habría manejado más de tres millones de dólares, que incluso habría mantenido vínculos con Los Choneros, una hipótesis que ahora se investiga en la Fiscalía.
Causa. El caso Jaque es una investigación fiscal por presunta delincuencia organizada. Lo lleva el fiscal Richard Alvarado.
