Aguiñaga afirma transparencia en concesiones viales y dice que Luque está equivocado
La prefecta defendió la renegociación de las concesiones viales y cuestionó las declaraciones del ministro Luque
En una entrevista para En Primera Plana este martes 17 de marzo, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, explicó que la renegociación de las concesiones viales responde a una resolución de la Contraloría General del Estado emitida en 2021. Esta disposición obliga a realizar un reajuste de equilibrio económico y financiero en los contratos, debido a que por años no se aplicaron los mecanismos previstos para cubrir déficits entre el costo de operación y mantenimiento de las vías y lo que pagan los usuarios en peajes.
Aguiñaga señaló que, al asumir la prefectura, encontró una deuda acumulada que debía ser atendida. “Cuando un ciudadano paga el peaje ese valor no abastece para cubrir los costos de operación y esa diferencia la asumen las instituciones”, explicó. Según la prefecta, el ministro Roberto Luque ha reconocido públicamente que todas las concesiones del país presentan este déficit.
La prefecta recordó que el exprefecto Jimmy Jairala firmó dos reconocimientos de deuda por 160 millones de dólares, pero nunca los pagó ni ajustó las tarifas. En contraste, su administración revisó los modelos financieros y redujo la deuda reclamada por la concesionaria de 940 millones a 516 millones de dólares.
Modalidades de pago y ampliación de contratos
Aguiñaga detalló que el contrato establece varias modalidades para cubrir la deuda: aumentar la tarifa de peaje, destinar recursos frescos de la prefectura o prorrogar el plazo de concesión. Su administración optó por extender los contratos hasta 2054, lo que permitirá pagar la deuda de manera articulada en 30 años.
La prefecta defendió esta decisión como una medida técnica y legal “parte de la negociación es poder hacer que la concesionaria ponga recursos frescos para la ampliación de las vías, y eso nos ha permitido que ese capital se vea en obras que ya están en ejecución”, afirmó.
Aguiñaga insistió en que la prefectura del Guayas es la única en el país que administra más de 610 kilómetros de la red estatal a través de un privado, un modelo similar al de otras concesiones como Panavial.
"Que el ministro no esté debidamente informado no es mi culpa”
Luque cuestionó el 16 de marzo el manejo de las concesiones viales y denunció que se han tomado decisiones de alto impacto sin informar al ente rector. En una entrevista en Radio Centro, Luque advirtió que la ampliación de contratos por 30 años no fue comunicada formalmente al ministerio, pese a que se trata de convenios con el Estado.
“Nosotros venimos por lo menos dos años pidiendo información sobre eso y no se nos ha sido entregado”, señaló el ministro, quien pidió acceso a los modelos financieros en formato editable para revisar supuestos e hipótesis. Luque puso en duda las cifras mencionadas públicamente y cuestionó que se presente como un triunfo la reducción de la deuda a 516 millones de dólares.
Aguiñaga respondió que la Contraloría es la entidad que fiscaliza las decisiones de la prefectura, no el ministerio. Aseguró que toda la documentación ha sido remitida y que incluso un delegado del MIT participó en las primeras mesas de negociación. “Que el ministro no esté debidamente informado no es mi culpa”, dijo, y sugirió que las críticas de Luque tienen un trasfondo político.
Una estrategia electoral por parte de Luque
La prefecta acusó al ministro de utilizar el tema como estrategia electoral, insinuando que busca lanzar su candidatura a la prefectura del Guayas. “Me parece bien que quiera ser candidato, lo que tiene que pelear es en una cancha con los árbitros adecuados, aquí se gana por la fuerza de los votos”, expresó.
Aguiñaga también recordó que las vías del Guayas no han recibido recursos de los últimos gobiernos nacionales y que su administración negoció por las 11 estaciones de peaje, que representan 300 millones de dólares, frente a las dos que se habían considerado en gestiones anteriores.
Finalmente, la prefecta subrayó que notificó a la Contraloría sobre las negociaciones desde 2024 y que la auditoría determinará si se actuó conforme a la ley. “El ministro ha dicho que hemos condonado deudas o multas de la concesionaria, eso está prohibido por la ley”, aclaró.
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