Roberto Luque: “Se amplían concesiones hasta 2054 y se patea la deuda hacia adelante”

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, cuestionó este 16 de marzo el manejo de las concesiones viales en el país y se refirió a decisiones adoptadas por la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, en medio del debate por la ampliación de contratos y el control estatal sobre estas vías. Durante una entrevista en Radio Centro, el funcionario señaló que se están tomando decisiones de alto impacto sin el conocimiento ni la validación del ministerio, pese a que —remarcó— “el Ministerio de Infraestructura y Transporte es el ente rector de la red vial estatal” y que “el ente rector tiene que estar al tanto del tema”.

Un modelo heredado y cuestionado

Luque explicó que las concesiones actuales tienen su origen en delegaciones realizadas desde finales de los años noventa, cuando el Estado transfirió la administración de ciertas vías a los gobiernos provinciales. Ese esquema, dijo, es el que “le permite ir hacia un privado y concesionar la vía”, pero advirtió que no exime del control estatal. “Nosotros, como ente rector, necesitamos igual estar al tanto de los temas técnicos que ahí sucedan”. En ese contexto, añadió que ya están viendo el problema que tienen con la delegación a las prefecturas, "tanto en los ámbitos técnicos, económicos, financieros y jurídicos” y que “esas delegaciones por territorio lamentablemente no han funcionado en el país”, alegó.

La ampliación hasta 2054 en el centro del debate

Al referirse a la ampliación de las concesiones viales por 30 años, que extiende contratos vigentes hasta cerca de 2054 para cubrir una deuda cercana a los 516 millones de dólares mediante el mecanismo de restablecimiento del equilibrio económico-financiero, cuestionó que no se haya informado formalmente al ministerio sobre esa decisión, pese a que el sustento legal de esos contratos es un convenio con el Estado. “El Ministerio tiene que tener al menos conocimiento de que eso se pretende hacer” y sostuvo que “el contrato más importante de vialidad… le da 30 años más a un mismo contratista, no lo publica, no lo menciona, no lo comunica. Eso es raro”. Añadió que incluso la participación informal de funcionarios “solo lo hace más dudoso del tema”.

• Roberto Luque indicó que el problema no es el subsidio en los modelos de concesión, sino la falta de información y control del ente rector.

Uno de los puntos que marcó fue el sustento económico de estas decisiones. Luque indicó que el ministerio ha solicitado, durante al menos dos años, acceso a los modelos financieros que justifican las renegociaciones, sin obtener respuesta. “Nosotros venimos por lo menos dos años pidiendo información sobre eso y no se nos ha sido entregado” y “nosotros lo que hemos pedido es que nos envíen el modelo económico para revisarlo”. Cuestionó además la forma en que se ha remitido la información: “Lo mandan en papel… dame el editable para poder ver los supuestos, ver las hipótesis. No lo quieren mandar” y remarcó que “envíame el modelo financiero. No, no lo mandan”.

Las cifras bajo cuestionamiento

También puso en duda las cifras que se han mencionado públicamente, como los más de 500 millones de dólares asociados a estos procesos. “Muy suelto de hueso se dice que el concesionario quería 900 millones y ahora estamos en 516 millones, como si eso fuera un triunfo”. ¿Usted sabe la cantidad de plata que son 516 millones de dólares?”, cuestionó. “Nos está vendiendo el cuento de que se está ahorrando plata cuando está sacrificando 516 millones de dólares a futuro”, agregó.

 "Como ente rector, evidentemente nos preocupa sobremanera que un contrato… se prolongue 30 años adicionales” y que “está delegando por 30 años más, concesionando por 30 años más, pateando la deuda hacia adelante”, señaló al referirse al impacto de estas decisiones. Afirmó además que “con esa decisión está dejando el presupuesto de siete prefecturas hacia adelante tocado” y que “está sacrificando el presupuesto de siete prefecturas subsiguientes”.

Finalmente, indicó que, aunque “todos los modelos de concesión del país son subsidiados… ese no es el problema aquí”, el punto central es otro: “el problema aquí se está desviando… ella está firmando un contrato sin que el ente rector esté enterado”.

Marcela Aguiñaga responde al Gobierno por concesión: “El ministro está mal informado”

En entrevista con EXPRESO este 16 de marzo, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, defendió la ampliación de las concesiones viales por 30 años y sostuvo que no se trata de un nuevo contrato, sino de un ajuste a un esquema vigente desde 1998. Explicó que el mecanismo de restablecimiento del equilibrio económico-financiero (REEF) debía aplicarse de forma periódica, pero no se ejecutó durante varios años, lo que derivó en la acumulación de la deuda.

Indicó que la decisión busca evitar un mayor impacto económico para la provincia. Señaló que, de no haberse aplicado este mecanismo, para 2026 la deuda habría crecido en al menos 172 millones de dólares adicionales. Añadió que la prórroga del contrato fue una alternativa frente a opciones como el incremento de peajes o el uso de recursos del presupuesto provincial.

Frente a los cuestionamientos del Ministerio de Transporte, afirmó que “el ministro está mal informado por funcionarios que tienen otros intereses” y cuestionó la posición del Gobierno central. También señaló que el Ejecutivo no ha destinado recursos para el mantenimiento de las vías provinciales y defendió el modelo de descentralización en la gestión vial.

Aguiñaga indicó que el proceso fue notificado a la Contraloría en sus distintas etapas y que se han dado facilidades para su revisión. Señaló que la renegociación no implicó desembolsos directos a las concesionarias, aunque se reconoce una deuda de 516 millones de dólares.

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