Vallas publicitarias en Quito: Cabildo Cívico rechaza la saturación

Están en todas partes: grandes, pequeñas, luminosas, tradicionales o en pantallas LED. Las vallas publicitarias forman parte del paisaje urbano del Distrito Metropolitano de Quito, aunque, según cálculos de ediles y organizaciones ciudadanas, el 85% de estas estructuras opera fuera de la normativa. 

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Pese a ello, el Concejo Metropolitano aprobó el pasado 30 de octubre una ordenanza que regula su funcionamiento y que -lejos de calmar las tensiones- ha encendido un fuerte debate sobre la legalidad, los beneficiarios y el impacto en la ciudad.

El Cabildo Cívico de Quito anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Rocío Bastidas, integrante de esta organización, sostiene que la medida aprobada “regulariza lo ilegal” y vulnera varios derechos ciudadanos. 

“Son tres argumentos fundamentales”, señala. “Primero, la presencia masiva de vallas ilegales afecta el derecho a un entorno visual adecuado. Segundo, muchas pantallas LED instaladas sin control generan afectaciones a la salud porque se ubican en avenidas, carreteras e incluso en calles de barrios residenciales. Y tercero, se permite consolidar un monopolio del espacio publicitario”.

Una ordenanza que genera cuestionamientos

El Cabildo Cívico ha identificado zonas con mayor concentración de soportes: avenida República del Salvador, Shyris, 6 de Diciembre, Naciones Unidas y 10 de Agosto, donde se proyecta la creación de polígonos de publicidad masiva. Para la organización, estos espacios formalizarían la saturación visual que ya afecta a la ciudad.

El concejal Andrés Campaña coincide con ese diagnóstico y afirma que la nueva normativa “no responde a los intereses de la ciudad sino de las grandes empresas que han operado con impunidad”.

A su criterio, el hecho de que el 85% de las vallas sea ilegal y que ahora se les otorgue prioridad para seguir funcionando “genera dudas”. Además, cuestiona que mientras existen alrededor de 1.100 vallas instaladas, la ordenanza fija un límite de 1.430: “Si una empresa responsable quiere colocar una valla, pero los cupos ya fueron tomados por quienes han estado fuera de la ley, no podrá participar”.

La ordenanza establece reglas de ubicación según el uso de suelo, prohíbe la instalación en zonas ecológicas o patrimoniales y fija distancias mínimas entre estructuras en áreas residenciales. 

También crea un régimen de sanciones que involucra a propietarios de predios, dueños de vallas y empresas que publiciten en soportes no autorizados. “Tenemos que mejorar la capacidad de sanción”, argumentó el alcalde Pabel Muñoz durante el debate.

Sin embargo, desde el Concejo persisten reparos. El edil Wilson Merino señala que la ciudad requiere “límites claros” y una visión urbanística de largo plazo. Considera acertado que organizaciones ciudadanas impulsen acciones constitucionales y critica lo que denomina una “tendencia a regularizar lo indebido”. 

Cuestiona, además, que no se hayan incorporado propuestas como la prohibición de propaganda electoral en mobiliario urbano, lo que, a su criterio, habría contribuido a reducir la contaminación visual. “Perdimos la oportunidad”, afirma.

Durante la exposición técnica, la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial informó que existen 960 vallas registradas en las administraciones zonales, aunque el número real podría ser mayor. La Eugenio Espejo concentra la mayor cantidad (464), seguida por Tumbaco (178) y La Mariscal (56). En contraste, zonas como el Chocó Andino apenas registran cinco.

Merino añade que incluso entidades públicas tendrían vallas fuera de norma: “El propio Municipio y la Prefectura tienen estructuras ilegales que ahora quedarían regularizadas sin pagar multas ni restitución de valores”. Para el edil, este hecho alimenta la percepción de que la ordenanza envía un mensaje equivocado: “Ocupen el espacio público y, con el tiempo, será legalizado”.

Las críticas de los ediles se suman a otros cuestionamientos recientes sobre decisiones municipales, lo que, según Merino, evidencia una “descomposición institucional” que se arrastra desde el inicio de la administración. 

Mientras tanto, el Cabildo Cívico ultima su demanda ante la Corte Constitucional, convencido de que la regulación aprobada no solo perpetúa la informalidad, sino que establece precedentes que podrían redefinir la gestión del espacio público durante los próximos años.

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