En el sur de Quito desmantelan negocios que vendían celulares robados
Se decomisaron más de 150 dispositivos cuya procedencia no pudo ser justificada
En un operativo conjunto entre la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Policía Nacional, se clausuraron dos establecimientos ubicados en el sur de Quito, y se decomisaron más de 150 dispositivos cuya procedencia no pudo ser justificada.
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Uno de los negocios se dedicaba a la venta de artículos de segunda mano sin los permisos requeridos, y en su interior se encontraron cinco celulares reportados como robados, informó este 22 de mayo la AMC.
En el segundo, donde se ofrecían servicios de reparación y mantenimiento, el responsable tampoco pudo justificar el origen de la mercadería.
El decomiso incluyó un variado inventario de tecnología: 56 celulares, 26 tablets, 13 laptops, nueve radios de vehículos y varias herramientas de construcción, todas sin documentación de respaldo.
"Este tipo de negocios no solo operan al margen de la ley municipal, sino que alimentan el mercado negro de celulares robados, afectando la seguridad ciudadana", explicó Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC.
Según las autoridades, estos controles interinstitucionales permiten identificar y desmantelar redes ilegales que se camuflan bajo la apariencia de pequeños comercios.
¿Cuáles son las sanciones?
El Código Municipal establece sanciones económicas que pueden ir desde 470 hasta 1.880 dólares para quienes operen sin la Licencia Única para Actividades Económicas.
Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar si estos locales tienen conexión con redes de comercialización de dispositivos sustraídos.
Clausura de centro clandestino
Un centro de rehabilitación que operaba de forma clandestina en San José de Morán, parroquia Calderón, norte de Quito, fue clausurado el 20 de mayo de 2025, tras un operativo encabezado por la AMC.
En el lugar fueron rescatadas 54 personas (50 adultos y cuatro menores de edad) que vivían en condiciones inhumanas, según informaron las autoridades.
El establecimiento, que no contaba con ningún tipo de acreditación ni permisos para funcionar, ofrecía supuestos tratamientos de desintoxicación a cambio de más de 100 dólares mensuales que eran pagados por los familiares de los internos.
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