Quito aumenta su presupuesto 2026 sin resolver la baja ejecución municipal
El presupuesto de 2026 asciende a $ 1.041 millones. Hasta noviembre, la ejecución llegó al 62 %
El Concejo Metropolitano de Quito aprobó este 9 de diciembre de 2026 el presupuesto para 2026 con un monto total de $ 1.041’860.000, una cifra ligeramente superior a la proforma inicial presentada en primer debate, que ascendía a $ 1.023’333.076.
Te invitamos a leer: Además de Pabel Muñoz, otro nombre se perfila para disputar la Alcaldía de Quito
El incremento se produjo tras observaciones de varios ediles, quienes insistieron en ajustar rubros y elevar asignaciones en distintos sectores.
Sin embargo, el debate dejó en evidencia un problema que se repite año tras año: la capital cuenta con más recursos, pero no se soluciona la falta de ejecución presupuestaria. Según el alcalde, Pabel Muñoz, a finales de 2025 la cifra sobrepasará el 80 %, cuando hasta finales de noviembre fue del 62%.
Del total de la proforma 2026, el 40 % corresponde a ingresos municipales ($ 420 millones de impuestos, tasas, contribuciones y venta de bienes y servicios), mientras que el 36 % proviene de la asignación del Gobierno Central, equivalente a $ 375 millones. La proforma aumenta el gasto de inversión respecto a 2023 y 2024, algo que fue destacado por los concejales y 18 votaron a favor, uno en contra y una abstención.
El concejal Andrés Campaña celebró que el incremento en la inversión “significaría más obras para la ciudad”. Pero advirtió que la ejecución presupuestaria del Municipio a noviembre de 2025 apenas llegó al 62%, un indicador que cuestiona la capacidad real del Cabildo para transformar recursos en proyectos concretos.
Las administraciones zonales son el reflejo más visible del problema. Aunque seis de ellas tienen recortes para 2026, entre ellas La Delicia y Eloy Alfaro, sus niveles de ejecución continúan rezagados este 2025: Tumbaco (17%), Eloy Alfaro (26%), La Delicia (27%), Calderón (34%).
Las únicas que superan el 40 % son la Eugenio Espejo (44%) y Quitumbe (43%). Para los ediles, esta situación muestra falencias en la gestión territorial, falta de seguimiento técnico y problemas en los procesos internos.
La edil Analía Ledesma insistió en que el alcalde debe corregir los factores que frenan la ejecución como demoras en la contratación pública, falta de evaluación continua a secretarios y directores, y la tardanza en reaccionar cuando las cifras de ejecución ya están deprimidas a mitad de año. Para Ledesma, sin corregir esas bases, aumentar el presupuesto es insuficiente.
Baja ejecución en empresas municipales
Otro caso es de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), que concentra más del 50% del gasto de inversión municipal. Pese a ello, su ejecución al 30 de noviembre fue del 54%. Aun así, para 2026 recibirá $ 165 millones, un incremento considerable respecto a los $ 98 millones de 2025. La Empresa de Hábitat y Vivienda, cuya ejecución también es baja, 18% en 2025, 16% en 2024 y 19% en 2023, pasó de $ 6 millones a $ 19 millones en 2026.
Frente a las críticas, el alcalde Pabel Muñoz defendió el aumento. Señaló que recibió una Epmmop sin estudios técnicos suficientes, lo que impedía ejecutar obras, pero aseguró que esa situación ya se ha corregido. Sobre las administraciones zonales, atribuyó la baja ejecución a retrasos en el flujo de los presupuestos participativos, sin dejar de lado los problemas administrativos.
También responsabilizó al Sercop por procesos detenidos “sin explicación”, lo que, aseguró, frena la capacidad operativa del Municipio.
Para Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el problema es más profundo y no solo pasa por el Municipio de Quito, sino incluso en el propio Gobierno Central.
Menciona que si bien es positivo que se aumente el gasto de inversión, insistió en que “no se puede planificar de manera irresponsable si al final no se ejecuta”.
Explica que cuando una entidad no logra ejecutar su presupuesto, los recursos tienen que ser devueltos. Para evitarlo, muchas instituciones aceleran el gasto en noviembre y diciembre, realizando adquisiciones apresuradas, y en ocasiones cuestionables, únicamente para no perder el dinero asignado.
En su experiencia, nunca ha encontrado una entidad que reconozca que ha ejecutado menos del 50% y haya devuelto los fondos. Otra práctica es comprometer recursos de un año para obras que se ejecutarán en los siguientes, lo que termina inflando los presupuestos y creando una imagen poco realista de la planificación pública.
Alarcón propone que se adopte un sistema de presupuesto con base cero, que se construya desde las necesidades reales y no tomando como referencia el presupuesto del año anterior. También resaltó la importancia del monitoreo ciudadano: “Hay que vigilar qué se hace con el dinero público”, dice.
Un voto en contra de la propuesta
El único voto en contra fue del concejal Michael Aulestia, quien advirtió que, con una ejecución devengada del 60% hasta finales de noviembre, lo que queda son justificaciones. “A pocos días de terminar el año se usarán palabras como presupuesto comprometido, presupuesto de arrastre o proyectos plurianuales”, lo que, según su criterio, refleja una ciudad sin obras y en el abandono.
De su parte, el edil Adrián Ibarra, mencionó que se realizó un análisis pormenorizado de la ejecución presupuestaria, con el objetivo de cumplir la meta del 90%, y que esa revisión fue la base para la construcción de la proforma presentada.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
