Polémica en Quito por aprobación de ordenanza que regula las vallas
Quito aprueba ordenanza que regulariza vallas publicitarias pese a críticas
El Concejo Metropolitano de Quito aprobó, la noche del jueves 30 de octubre de 2025, una nueva ordenanza que regulariza la instalación de vallas y pantallas publicitarias en la capital. La decisión se tomó tras casi cuatro horas de debate en una sesión extraordinaria, con 15 votos a favor, tres en contra y la ausencia de cinco ediles.
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Según datos oficiales, en el Distrito Metropolitano existen actualmente 1.040 vallas, de las cuales solo 151 cuentan con licencia municipal. Es decir, más del 85 % operan de forma ilegal. “Por esas vallas apenas se recaudan alrededor de USD 331.000, cuando el Municipio debería percibir más de USD 3,3 millones”, señaló el concejal Ibarra durante la sesión. Añadió que esta situación ha representado un perjuicio económico significativo para la ciudad y urgía una regulación actualizada.
¿Qué establece la nueva ordenanza?
La normativa fija un cupo máximo de 1.430 vallas publicitarias en todo el Distrito Metropolitano, que serán distribuidas entre las diferentes Administraciones Zonales para evitar la saturación y la contaminación visual. Además, introduce mejoras en el proceso de obtención de la licencia LMU-41, que ahora exigirá que los solicitantes estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Municipio.
Las licencias tendrán una vigencia de cuatro años, con pagos anuales y condiciones técnicas específicas según el uso del suelo. Entre las disposiciones más relevantes destacan:
Prohibición de instalar vallas en suelos de protección ecológica, patrimonial, arqueológica o de reserva natural.
Distancia mínima de 200 metros entre estructuras publicitarias en zonas residenciales o industriales, con una tolerancia del 15 %.
En zonas de alta densidad urbana, solo se permitirán vallas en lotes de al menos 300 m² que den frente a vías colectoras o arteriales.
Asimismo, se crearán Polígonos de Publicidad Masiva (PPM), áreas delimitadas donde se permitirá la concentración de soportes publicitarios bajo normas específicas. En el caso de las pantallas LED, se establecerán horarios de funcionamiento para evitar la contaminación lumínica.
Régimen sancionatorio y corresponsabilidad
La ordenanza también actualiza el régimen de sanciones. En los casos de instalación sin permisos, serán corresponsables el propietario de la valla, el dueño del predio y la empresa que se publicita. Además, se incorpora una tabla detallada de infracciones clasificadas por sujeto y gravedad.
“Debemos fortalecer la capacidad sancionatoria del Municipio. Quien instale una valla ilegal debe saber que enfrentará consecuencias”, enfatizó el alcalde Pabel Muñoz, quien defendió la aprobación de la norma como una medida de modernización y control del espacio público.
Críticas y advertencias del Cabildo Cívico
Pese a la aprobación, la medida no estuvo exenta de polémica. El Cabildo Cívico de Quito emitió una carta abierta en la misma jornada, en la que cuestionó el contenido y el proceso de aprobación de la ordenanza. Según el colectivo, la nueva regulación legaliza 889 vallas ilegales de las 1.040 existentes y eleva el número total permitido a 1.460, lo que —aseguran— podría provocar una “tremenda contaminación visual y auditiva”.
El Cabildo advirtió también que la normativa permite la instalación de vallas en casi todo tipo de suelo, incluso en áreas residenciales, industriales y de servicios, lo que calificó como una “invasión ilimitada sin estudios técnicos actualizados”.
En su comunicado, el colectivo criticó además la falta de transparencia en el debate del Concejo. Según detallaron, el presidente de la Comisión de Usos de Suelo reportó 45 reuniones sobre el tema, de las cuales 14 se realizaron con representantes de empresas publicitarias, pero solo dos contaron con participación ciudadana mediante el mecanismo de silla vacía. “No existen actas públicas que detallen los contenidos ni las decisiones adoptadas”, señalaron.
Posiciones divididas en el Concejo
Durante la votación, el concejal Andrés Campaña manifestó su desacuerdo con la normativa. “El texto aprobado plantea que Quito tenga un máximo de 1.430 cupos, cuando ya existen 1.040 vallas instaladas, muchas de ellas ilegales, que ahora terminarán siendo legalizadas”, dijo.
En la misma línea, Bernardo Abad advirtió que la ordenanza “abre la posibilidad de que el Municipio no cobre las multas a las empresas responsables de colocar publicidad ilegal”, lo que —a su juicio— representa un mal precedente en la gestión del espacio público.
La nueva ordenanza de vallas publicitarias en Quito busca equilibrar el desarrollo económico con la protección del entorno urbano. Sin embargo, su aprobación ha reavivado el debate sobre la transparencia en la gestión municipal, la defensa del paisaje urbano y la responsabilidad frente a la contaminación visual.
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Mientras el Municipio sostiene que la norma permitirá un mayor control y recaudación, los colectivos ciudadanos temen que se convierta en un mecanismo de legalización masiva de estructuras ilegales.
