Pabel Muñoz rendirá su versión en la Fiscalía por compra de trolebuses eléctricos
La Contraloría determinó responsabilidades directas del alcalde en la gestión de la contratación
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció que acudirá este 24 de marzo de 2026 a la Fiscalía para rendir su versión dentro de la investigación por la compra de 60 trolebuses eléctricos realizada por la Empresa de Pasajeros con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
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Durante su intervención en el programa Frecuencia Quiteña, el burgomaestre señaló que su comparecencia responde a un “acto de transparencia y responsabilidad”. Aseguró que presentará documentación y argumentos técnicos y legales que, afirmó, respaldan el proceso de renovación del sistema Trolebús.
Muñoz defendió la adquisición al sostener que Quito necesitaba modernizar su sistema de transporte público. “Un año después, el balance es absolutamente positivo”, enfatizó.
Además, recalcó que el proceso contó con acompañamiento internacional, lo que, a su criterio, garantiza estándares de transparencia y control. En ese contexto, calificó como desproporcionadas las acusaciones sobre el procedimiento.
Glosas y responsabilidad penal
Sin embargo, el caso ha escalado al ámbito legal y político tras un examen de la Contraloría General del Estado, publicado en diciembre de 2025, que determinó responsabilidades directas del alcalde en la gestión de la contratación.
El organismo concluyó que el proceso no cumplió con las normas de contratación pública y generó perjuicios económicos.
La Contraloría estableció glosas por $ 2’552.307,83, además de responsabilidades administrativas por $ 79.970,00. Asimismo, identificó indicios de responsabilidad penal que serán remitidos a la Fiscalía para su análisis.
Fiscalización en la Asamblea
El tema también ha sido objeto de fiscalización en la Asamblea. En enero de 2026, el asambleísta oficialista Xavier Ordóñez propuso iniciar un proceso formal tras conocerse las observaciones del ente de control.
Así, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana continúa recabando testimonios. La semana pasada compareció el concejal Michael Aulestia, quien expuso presuntas inconsistencias en la importación de las unidades. Entre los hallazgos mencionó costos elevados en fletes, que superarían los 2,3 millones de dólares para 59 trolebuses.
Aulestia también cuestionó la legalidad del procedimiento, al señalar que no se ajustaría al régimen especial de contratación pública, según criterios del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).
También advirtió sobre una posible triangulación mediante el convenio con UNOPS, lo que habría derivado en un sobreprecio estimado de $ 55.000 dólares por unidad y un perjuicio total superior a los $ 2,5 millones.
Pese a las críticas, Muñoz ha insistido en que el proceso fue legítimo y ha defendido que su comparecencia ante la Fiscalía permitirá esclarecer los hechos.
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