
Norma cuestionada avalaría negocio de vallas en Quito
La ordenanza que regula los soportes publicitarios enfrenta su segundo debate entre denuncias de blanqueo
El Concejo Metropolitano de Quito está a punto de votar por segunda vez la nueva Ordenanza de Publicidad Exterior LMU-41A. Gremios profesionales y colectivos ciudadanos sostienen que, tal como está, la norma legalizaría cientos de vallas instaladas sin permiso y dejaría de cobrar millones de dólares en sanciones acumuladas.
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La Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial (SHOT) defiende lo contrario. Dice que no habrá condonación, que el proyecto ordena el procedimiento, fija un cupo máximo y refuerza el control con el que sancionará también al dueño del predio y al anunciante. Entre ambos relatos hay coincidencias, contradicciones y brechas por aclarar antes de la votación.
El arquitecto Esteban Najas Raad, analista de los temas de la ciudad, habla de cifras que muestran el descontrol. En Quito existirían entre 1.000 y 1.050 vallas, y unas 890 operarían fuera de la norma. Para 2024, apenas 151 tenían licencia vigente.
La deuda que generaron esas estructuras por multas bordea los 76 millones de dólares, pero la recaudación efectiva no supera los 1,2 millones; es decir, se habría cobrado solo el 1,6 % del monto total acumulado por las sanciones. En paralelo, la ciudad sufre contaminación visual, riesgos en la vía y uso desordenado del espacio público.
El Cabildo Cívico de Quito, en un comunicado, advierte que el proyecto de ordenanza permitiría una regularización masiva que beneficiaría hasta más de 1.400 vallas. Y no solo eso, pues los permisos para instalarlas conllevan contaminación visual de avenidas y áreas verdes, así como la liberación de nuevas zonas para colocarlas en sitios residenciales, fachadas y terrazas. También se facilitarán los “formatos agresivos” de exhibición en pantallas LED, móviles, 3D y prominencias sin límites.
Otro aspecto que el colectivo ha cuestionado es la falta de participación de la ciudadanía para la construcción de la normativa, pues asegura que hubo más reuniones con empresas que con la sociedad civil y que las actas no han sido publicadas de forma proactiva.
No basta “regularizar lo existente”
Diego Ordóñez, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, se concentra en los reparos técnicos y de calidad a los que debería aspirar la capital. “La discusión no puede reducirse a trámites; debe definirse qué ciudad y qué calidad de espacio público se quiere”.
Recalca que no basta “regularizar lo existente”, pues considera que muchas vallas no cumplen y su pertinencia debe evaluarse. Además, menciona que hay asimetrías normativas: mientras edificar exige reglas estrictas (retiros, alturas, vegetación menor a 60 cm en ciertos frentes), a las vallas se les permitiría transgredir estas regulaciones con un tratamiento simplificado.

El Municipio, por su lado, sostiene que el proceso siguió la ruta legal, con mesas interinstitucionales, tratamiento en la Comisión de Uso de Suelo del Concejo y silla vacía abierta. Se acreditaron cerca de 10 personas, varias del gremio publicitario y algunas del cabildo.
Cobro de valores pendientes
Ante el cuestionamiento de por qué la mayoría de participantes corresponde al gremio, Pamela Sánchez, jefa de la Unidad de Espacio Público, responde que no hay límite para los acreditados a la silla vacía y que nadie más solicitó ese espacio.
La funcionaria descarta la idea de que se haya perdonado a los infractores. “Quien ingrese al proceso deberá estar al día en tributos, tasas y multas”, y asegura que ya existiría una resolución para la determinación y cobro de valores pendientes.
Los colectivos ciudadanos, sin embargo, exigen un cronograma público de recaudación previo a la licencia y un desglose por empresa que señale el rubro pagado versus el pendiente. Sin esos datos, dicen, persiste la sospecha de que el procedimiento termine por blanquear deudas millonarias acumuladas.
La Alcaldía, asimismo, niega que se incremente el número de soportes publicitarios. Con base en censos, fija un tope de 1.430 vallas en todo el Distrito Metropolitano y una transitoria que obliga a revisarlo en cuatro años, con tendencia a la baja y hacia formatos más pequeños.
El problema, según críticos, es que no se ha publicado la metodología que respalda esa cifra. Los gremios piden acceso al estudio y a la georreferenciación que justifique la capacidad de carga de la ciudad en función de paisaje, patrimonio, seguridad vial y visibilidad.
Sánchez menciona que sí habrá control real y que la ordenanza separa competencias: la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se encargará de la publicidad móvil y la Agencia Metropolitana de Control (AMC), de los soportes fijos. Además, amplía las responsabilidades para que el dueño de la estructura, el propietario del predio y el anunciante que contrate una valla sin licencia puedan ser sancionados.
Uno de los puntos más polémicos es que las solicitudes nuevas de licencias solo podrán presentarse en julio y agosto. Además, las renovaciones serían casi automáticas hasta por cuatro años si se pagan tasas hasta el 30 de abril.
Para el Municipio, se trata de un procedimiento ordenado, pero los críticos miran una traba que cierra el mercado durante 10 meses y favorece a quienes ya están instalados. La propuesta plantea abrir el licenciamiento de forma continua o al menos trimestral, para asegurar competencia en igualdad de condiciones y evitar el monopolio.
El corazón del debate está en las reglas técnicas: tamaños, distancias, retiros, zonas permitidas y prohibidas. Sánchez asegura que se publicarán dentro de los 10 días posteriores a la ordenanza, como un anexo gráfico “similar al de Arquitectura y Urbanismo”.
Pero gremios y colectivos advierten que el Concejo podría votar sin conocer ese documento clave. Reclaman que se publique un borrador antes del segundo debate para contrastarlo con el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) y evitar contradicciones con las normas de edificabilidad.
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