Moradores del sur de Quito no quieren como vecino a un centro de detención
Se emitieron informes desfavorables para la renovación del comodato al SNAI
La presencia del centro de detención administrado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), en Chillogallo, sur de Quito, ha generado malestar entre los vecinos, quienes denuncian inseguridad, aumento de delitos y falta de respuesta ante sus pedidos de traslado.
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La Comisión de Propiedad y Espacio Público del Concejo Metropolitano recibió un informe técnico desfavorable de la Administración Zonal Quitumbe (AZQ) que podría marcar el inicio de un proceso para revertir el comodato del predio donde funciona la casa de confianza.
Yolanda Guaña, moradora del sector, compareció ante la Comisión y relató el deterioro que ha vivido la zona desde que el centro empezó a funcionar en 2014. “Esto se volvió un punto rojo. Hay asaltos, venta de sustancias ilícitas, la inseguridad es constante”, dijo.
Según Guaña, conocieron que en 2019 se produjo un traslado de personas privadas de libertad desde la cárcel de Cotopaxi hacia este espacio, lo que agudizó la situación.
La concejal Josselyn Mayorga intervino en la sesión y fue enfática al señalar que no se trata de un capricho del Municipio, sino de una demanda ciudadana.
Informe de la Administración Zonal Quitumbe
Durante la sesión, la Administradora Zonal de Quitumbe informó que la Dirección de Bienes Inmuebles solicitó, el 26 de agosto pasado, un informe integral sobre el comodato del predio donde opera el centro.
El documento, ya entregado, incluye criterios técnicos, sociales, ambientales y legales, todos con resultado desfavorable para la renovación del comodato solicitado por el SNAI por 25 años más.
Roberto Montaluisa, técnico de la AZQ, explicó que el predio, ubicado en la calle Matilde Álvarez y av. Mariscal Sucre, tiene uso de suelo residencial y se encuentra en una zona de influencia directa con ocho centros educativos, centros de salud, tres parques y comercio barrial. Por ello, es incompatible su uso actual como centro de privación de libertad.
Además del informe técnico, el informe social recogió los reclamos de la comunidad sobre el impacto que ha tenido el espacio en la vida cotidiana del barrio: percepción de inseguridad, presencia militar, calles cerradas como la Matilde Álvarez, y afectación a la movilidad.
Pedido del Concejo Metropolitano
En 2024, el Concejo Metropolitano ya solicitó al Gobierno Nacional revisar de forma urgente el funcionamiento de los tres centros de rehabilitación social ubicados en Quito (El Inca, El Condado y Chillogallo) ante la ola de violencia carcelaria que afectó al país a inicios de ese año. Sin embargo, hasta la fecha, no hay una respuesta.
Pese a la falta de pronunciamiento oficial, la Dirección de Bienes Inmuebles ya notificó la caducidad del comodato al SNAI. Este organismo, por su parte, solicitó en octubre de 2024 la renovación del acuerdo por 25 años más.
Ante los informes desfavorables, la Comisión de Propiedad y Espacio Público mocionó que la Corporación Municipal actúe conforme a lo establecido en el Código Municipal y normativa vigente, y se solicitó una actualización del estado del trámite para la siguiente sesión. La moción fue aprobada por los tres concejales de la Comisión.
Mayorga insistió que no se trata de un capricho del Municipio, sino de “defender la seguridad y la libre movilidad de los vecinos". "Al sur de Quito se lo respeta", enfatizó.
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