Experiencia de firma a cargo de integración de recaudo en Quito, objetada en Bogotá

Desde Bogotá llegó una alerta ciudadana sobre la empresa Busmatick, parte del consorcio que está a cargo de dos contratos clave en la implementación del Sistema Inteligente de Transporte para Quito. En ese documento, firmado por la Red de Veedurías Transparencia, se pedía a los responsables de la evaluación y la adjudicación de esos contratos revisar, confrontar y verificar “con el rigor suficiente” la propuesta presentada por la empresa para “evitar un daño irreparable al sistema de transporte de pasajeros en Quito”. 

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Allí se menciona que Busmatick, “como miembro de uniones temporales”, participó en 2023 en licitaciones públicas en Pasto y en Popayán y se detectaron “serias alteraciones y falsedades (...) que tenían como finalidad inducir al error a los comités evaluadores”.

Estas habrían estado en las certificaciones presentadas sobre su experiencia. Según la Red, tras su análisis “se presume una conducta sistemática de esta compañía en procesos en que participan, que bien podrían estar multiplicándose y en este caso estar siendo aplicada en Quito para obtener fraudulentamente su adjudicación”.

Aunque el documento tiene fecha de agosto de 2024, fue conocido hace pocas semanas, según Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio de la Movilidad. Se trata, dijo, de un ejercicio ciudadano de contraloría social y una alerta que las autoridades locales deberían tomar en cuenta como un elemento de análisis y revisión. 

“No estamos hablando, obviamente, de una sentencia judicial, ni de ningún tipo de documento oficial, pero sí un tema que revelaría alguna suerte de preocupación, principalmente sobre el tema de la capacidad técnica”, dice Buendía, y agrega que los documentos que objeta la veeduría colombiana apuntan a una posible suplantación o tergiversación de información que pudiera esconder una posible incapacidad técnica del oferente. 

En el caso de Quito, la empresa española Busmatick es parte de un consorcio junto a la chilena Citymovil y tiene dos contratos. Buendía considera que lo que corresponde es cerciorarse de que existan las garantías de que este consorcio pueda cumplir con lo suscrito, porque están en juego recursos públicos y un servicio público: el transporte. “No necesariamente lo que sucedió en Colombia tiene que suceder aquí, pero si se tiene una alerta allá, es lógico que se tomen los recaudos”, dice. 

Una de las preocupaciones es que, actualmente, hay un retraso en la implementación del Sistema Integrado de Recaudo, pues debía empatarse la tecnología del Metro de Quito para que el mismo mecanismo de la Cuenta Ciudad funcione con los sistemas BRT (bus rapid transit) de la Empresa de Transporte de Pasajeros y con el transporte privado convencional, a partir de mediados de este año. Nada de eso ha ocurrido. 

¿Qué dice la Secretaría de Movilidad? 

Según el secretario de Movilidad, Álex Pérez, los dos contratos con este consorcio se hicieron tras la firma de un convenio de la ciudad con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este último lanzó el proceso a través de su portal y lo adjudicó. “Nosotros, como Secretaría de Movilidad, no tenemos ahí ningún rol más que haber firmado el convenio con PNUD”. 

Sin embargo, señala que sí existieron denuncias cuando estaba en marcha el proceso, no solo sobre esta empresa sino sobre otros oferentes, y las trasladaron al PNUD, que tenía “la obligación de verificar todas las quejas previo a la adjudicación. (...) Sin solventar eso, es lo que nos ha dicho el PNUD, no podían adjudicar. Revisaron y consideraron que no había ningún elemento de preocupación y que los oferentes cumplían con todos los requerimientos técnicos legales como para poder adjudicar el proceso”. 

La fiscalización desde el Concejo Metropolitano de Quito

El concejal Fidel Chamba está trabajando en la fiscalización del proceso y considera que no ha habido transparencia suficiente ni se ha garantizado lo que necesita Quito. Como parte de esta tarea, el 23 de octubre pasado envió un requerimiento de información al secretario de Movilidad relacionado con el Contrato de Implementación de Sistemas Inteligentes de Transporte, para conocer el cronograma inicial y actualizado, así como el detalle de ejecución y avance real, con hitos cumplidos e incumplidos. 

Chamba también solicitó datos sobre la experiencia técnica previa de Citymovil y Busmatick en proyectos similares y la copia del certificado PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) de la empresa. Según el edil, este último punto es de gran importancia porque es un sistema que permitiría la interoperabilidad entre los niveles tres y cuatro de la implementación de los Sistemas Inteligentes de Transporte.

El PCI DSS, explica Chamba, permite que todo el dinero que se recoja a través del Sistema Integrado de Recaudo luego se destine de manera proporcional y objetiva a las distintas operadoras municipales y privadas de transporte. Al realizar su investigación, el edil ha encontrado indicios de que el consorcio no contaría con dicha certificación. 

Y, si bien la Secretaría de Movilidad no estuvo a cargo del proceso de contratación, Chamba afirma que tanto esta entidad como la Empresa de Transporte de Pasajeros son responsables del tiempo que se está perdiendo en implementar los sistemas para los que fue contratado el consorcio, porque el Municipio de Quito entregó dinero de la ciudad y debe responder por ello. 

El plazo estipulado era de 210 días, contados a partir del 27 de noviembre de 2024, pero 350 días después, aún no tiene fecha de cumplirse. Según el secretario de Movilidad, están trabajando en la conformación del fideicomiso y están haciendo pruebas, pilotos, marcha en blanco y definiendo cronogramas. 

Pérez asegura que todo está “casi listo”, pero que el alcalde Pabel Muñoz ya ha dicho públicamente que el objetivo es asegurar que, previo al inicio de cualquier operación, el sistema esté 100 % confiable y no haya dudas sobre su funcionamiento. Además, mencionó el aumento en el precio del diésel, pues “cualquier incremento en costos fijos o variables va a impactar dentro de cualquier modelo de gestión”. Con todos esos elementos sobre la mesa, el Sistema Integrado de Recaudo y el resto de componentes están todavía lejos de funcionar.

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