Crimen organizado: ¿están protegidas las instituciones municipales de Quito?

En medio de investigaciones que han revelado la presunta infiltración de grupos delictivos en entidades municipales de cantones como Durán, Manta y Guayaquil, Quito aparece hasta el momento sin registros confirmados de situaciones similares. Sin embargo, autoridades locales y expertos coinciden en que se deben reforzar los mecanismos de control y prevención institucional para evitar posibles riesgos futuros.

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Este 2025, una de las alertas provino tras el hallazgo de miles de documentos de matriculación y revisión vehicular de 23 municipios, incluido Quito, en una vivienda del suburbio de Guayaquil, sin justificación legal. 

“Agencias de control municipal están entregadas a grupos delictivos”, advirtió el ministro del Interior, John Reimberg. En mayo pasado hizo un llamado público para que los alcaldes soliciten el apoyo del Gobierno en caso de detectar infiltraciones. Pero, el funcionario lamentó que, una vez terminado el plazo, la respuesta de los cabildos no fue la esperada.

En la capital, oficialmente no se ha identificado la presencia de grupos delictivos, por ejemplo, en la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Al ser consultado, su director, Washington Martínez, aclara que si hay o no una infiltración eso lo debe determinar la justicia con base en investigaciones de la Policía.

Lo que sí, y tampoco es un tema reciente, es que se han detectado casos de concusión, cohecho, asociación ilícita, usurpación de funciones y tráfico de influencias.

Agentes sentenciados

De acuerdo con datos de la institución, en 2024 se dictaron dos sentencias por el delito de concusión y cohecho y una sentencia condenatoria por asociación ilícita que está en etapa de ejecución. Martínez enfatiza que han tomado acciones internas concretas para cortar las redes informales que entorpecen el acceso a los servicios.

Un ejemplo fue la intervención en el centro de matriculación Bicentenario. “Detectamos que, de 100 turnos, 80 eran tomados desde una sola computadora. No puedo decir si es legal o no, no es mi facultad. Lo que pasaba es que la gente no tenía acceso a los turnos, los eliminamos un día y cortamos la cabeza de la culebra”, dice.

Simplificación de procesos para frenar actitudes indebidas

Martínez defiende que la digitalización y simplificación de procesos es una de las formas más efectivas para prevenir posibles actos de corrupción. Señala que han eliminado intermediarios, unificado trámites, mejorado la atención en ventanillas y adelantó que están desarrollando el sistema digital AMT Control, donde cada ciudadano puede consultar todo sobre su vehículo y realizar trámites en línea, sin intervención de un funcionario.

Otra acción es que se eliminó, previa aprobación del Concejo, la retención de vehículos por incumplir el pico y placa, que era aprovechada por “malos agentes” para presionar a los conductores. “Simplificar es luchar contra la corrupción. Mientras menos contacto hay entre ciudadano y funcionario, menor es la tentación”, afirma.

Bernardo Abad, concejal e integrante de la Comisión de Seguridad del Concejo Metropolitano, advierte que, aunque no se han detectado infiltrados de bandas delictivas en entidades municipales, entre ellas la AMT, hay factores de riesgo preocupantes. Por ejemplo, documentos falsificados de la institución fueron encontrados en operativos en Guayaquil, lo que sugiere que Quito está en la mira de estas organizaciones.

Con más de 600.000 vehículos registrados y cerca de 2.000 agentes en la AMT, la ciudad es un objetivo atractivo para mafias que buscan control territorial y fuentes ilegales de ingresos. No obstante, los controles actuales son limitados.

Mayores controles con el Coescop

Abad menciona un problema: los agentes de tránsito son civiles y no forman parte del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), como el Cuerpo de Agentes o los bomberos, por lo que no están obligados a someterse a pruebas de confianza como el polígrafo.

Ser parte del Coescop permitiría no solo pruebas de ingreso más rigurosas, sino un plan de carrera, jerarquías claras y un marco disciplinario efectivo. “Los agentes son vulnerables a las coimas, pero no se han detectado mafias organizadas dentro. La entrada al Coescop ayudaría a prevenir actos de corrupción”, recalca.

El coronel en servicio pasivo y criminólogo Max Campos alerta sobre un riesgo estructural: la falta de controles internos sólidos en las instituciones municipales. Menciona que los grupos delictivos, al ser desplazados de provincias costeras, buscan nuevos territorios, por lo que no solo se debe investigar actos delictivos, sino también prevenirlos con mecanismos como pruebas de confianza periódicas, auditorías externas y veedurías ciudadanas reales.

Campos destaca que la tecnología ofrece herramientas más avanzadas que el polígrafo, como analizadores de estrés de voz o escáneres de iris que pueden aplicarse incluso en procesos de selección. Pero más allá de la tecnología, enfatiza la necesidad una cultura institucional de prevención, rendición de cuentas y controles externos independientes.

En esa línea, Wilson Goyes, experto en seguridad, considera que los casos de Durán y Manta deben ser un llamado de atención urgente para la capital. “La cooptación de funciones públicas en esos municipios permitió a bandas lavar dinero y operar con impunidad. Si bien Quito no tiene una infiltración visible, la escalada de homicidios en el sur de la ciudad sugiere una expansión territorial preocupante, lo que incrementa el riesgo de corrupción de autoridades locales”, agrega.

Para Goyes, la estrategia debe incluir auditorías independientes, controles estrictos de contratación pública y cooperación eficiente entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la Fiscalía y la Policía. Indica que solo así se podrá prevenir la corrupción estructural y proteger la institucionalidad municipal frente al avance del crimen organizado.

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