Se investiga supuesto caso de concusión en informe de los radares de Cuenca

Un supuesto caso de concusión, relacionado a un informe de la Contraloría General del Estado (CGE) sobre el contrato de radares entre la Empresa de a Movilidad de Cuenca (EMOV EP) y un consorcio privado, se investiga.

El examen especial comprendió el periodo entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2025 teniendo como resultado indicios de responsabilidad penal y, además, se sugieren sanciones administrativas por 73.050 dólares y civiles por 5’486.799,02 de dólares.

Este contrato fue firmado durante la administración del exalcalde Pedro Palacios y su terminación fue la principal oferta de campaña del actual burgomaestre Cristian Zamora.

Denuncian concusión

Darío Ordóñez, exgerente de la EMOV EP, dio a conocer de una supuesta presión económica hecha a un exfuncionario de la institución -administrador del contrato de radares- a cambio de dejar sin efecto las sanciones emitidas en el examen especial de la CGE.

"Uno de los administradores (del contrato) recibe varias llamadas de una persona que dice trabajar en la contraloría general del estado y le pide, para dar de baja la glosas y responsabilidades, se le pague 20 mil dólares", dijo.

Este hecho habría ocurrido el 18 de diciembre de 2025 mediante una llamada telefónica y posterior encuentro en el Parque Calderón, Centro Histórico de Cuenca, entre el exfuncionario municipal y un supuesto trabajador de la CGE donde le habría exigido un pago de 20.000 dólares para desaparecer las responsabilidades penales y las glosas que se emitieron en el examen especial del contrato antes mencionado.

Ordóñez también detalló que el supuesto trabajador de la CGE, además, habría señalado que se le entregue un adelanto de 3.000 dólares para asegurar lo ofrecido. 

Así, el exgerente informó que la denuncia formal por este hecho se habría presentado el 30 de diciembre de 2025 en la Fiscalía Provincial del Azuay.

Qué dice la Contraloría General del Estado

Sobre esta investigación, la CGE emitió un comunicado en el que se detalla que el examen especial al contrato de radares fue aprobado el 17 de diciembre de 2025 y que los hechos denunciados se habrían cometido en fechas posteriores.

Sin embargo, la institución habría dispuesto que la Dirección Nacional de Patrocinio y la Dirección Provincial del Azuay de la CGE "efectúen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos de manera objetiva, técnica e imparcial".

Además, en el comunicado se puntualiza que la CGE "prestará todas las facilidades necesarias a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones que correspondan".

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