Radares de Cuenca: Contraloría establece indicios penales en contrato de la EMOV EP
El examen especial se lo ejecutó sobre el contrato de radares entre la EMOV EP y el Consorcio Móvil Technology Ecuador
La Contraloría General del Estado emitió un informe sobre el examen especial al contrato de alianza estratégica entre la Empresa de Movilidad de Cuenca (EMOV EP) y el Consorcio Móvil Technology Ecuador para la implementación de radares en diferentes vías de la capital azuaya.
La acción de control comprendió el periodo entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2025 teniendo como resultado indicios de responsabilidad penal y, además, se sugieren sanciones administrativas por 73.050 dólares y civiles por 5’486.799,02 de dólares.
Este contrato fue firmado durante la administración del exalcalde Pedro Palacios y su terminación fue la principal oferta de campaña de la actual burgomaestre Cristian Zamora.
Fallas técnicas sin notificar
En el informe se detalla la evidencia de un retraso de 143 día por falta de control de los administradores del contrato al no haber ejecutado las “inspecciones de manera oportuna” ni haber gestionado el inicio de las pruebas preoperativas de los equipos tecnológicos (radares).
Además, la EMOV EP habría detectado irregularidades técnicas que no fueron comunicadas formalmente al Consorcio Móvil Technology Ecuador lo que impidió “activar los mecanistmos contractuales de sanción”.
Esto se refiere al resultado de una inspección a 32 radares que estaban instalados en 16 puntos de la ciudad y que no fueron notificadas al consorcio por parte de la EMOV EP.
Para la Contraloría esta omisión tuvo como efecto directo la imposibilidad de aplicar las multas para las cuales estuvieron programados los radares. “La falta de comunicación formal ocasionó que la entidad no pueda aplicar el proceso sancionatorio correspondiente, incluida la multa establecida contractualmente”, detalla el informe.
Así mismo, se establecieron incumplimientos en la homologación de funcionalidades de los dispositivos, por lo que, no se pudo comprobar que los mismos cumplan con los parámetros previstos en el objeto del contrato. Además, no se comunicó al consorcio el incumplimiento del monto de inversión del año 2.
Terminación del contrato
Sobre la terminación del contrato entre la EMOV EP y el Consorcio Móvil Technology Ecuador, la auditoría establece que se dio sin demostrarse la conveniencia para los intereses de la institución, conforme los informes técnico, financiero y jurídico presentados.
Esto dejó una cartera pendiente de cobro ocasionando un perjuicio a la entidad, por los montos no recuperados, que ascendió a 4’887.856,81 dólares.
Además, la EMOV EP adquirió una deuda por 3’000.000 de dólares para financiar las obligaciones de pago con el consorcio sin haber realizado estudios que establezcan la conveniencia, sostenibilidad y el impacto en su economía.
Esta deuda ha generado intereses por 444.772,90 dólares entre septiembre de 2023 y junio de 2025, totalizando un valor de 3’444.772,90 de dólares.
Uso de los radares
Tras la terminación del contrato, la EMOV EP no contó con políticas, procedimientos ni reglamentación interna que regulen el uso, administración y aprovechamiento del equipamiento tecnológico recibido.
El informe es explícito al señalar que la EMOV EP no estableció lineamientos internos para definir quién debía operar los equipos, con qué fines, bajo qué condiciones técnicas ni cómo integrarlos a los procesos institucionales. “La entidad no dispuso de políticas, reglamentos o procedimientos internos que regulen el uso y funcionamiento del equipamiento tecnológico asumido”, detalla la Contraloría en su informe. Esto derivó en el “uso ineficiente de recursos públicos”.
El informe advierte que los equipos permanecieron sin uso efectivo, expuestos a obsolescencia tecnológica, deterioro físico o daños, especialmente considerando que se trata de sistemas que requieren actualización y operación constante para mantener su funcionalidad.
Esto afectó negativamente la seguridad vial de los peatones, ciclistas y otros conductores, e incrementó la probabilidad de que ocurran siniestros de tránsito en la autopista Cuenca - Azogues y en la avenida Enrique Arizaga Toral; y, un perjuicio económico por 154.169,31 dólares, correspondiente al consumo de energía y conectividad de equipos instalados.
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