Contraloría rechaza declaraciones del alcalde de Cuenca y anuncia acciones legales

La Contraloría General del Estado (CGE) rechazó este 6 de diciembre, mediante un comunicado oficial, las expresiones públicas de “descalificación e intimidación” que, según el organismo, fueron emitidas por el alcalde de Cuenca en contra de la institución y de sus funcionarios.

(Te invitamos a leer: Contraloría detecta irregularidades en proceso de contratación de Municipio de Cuenca)

En el documento, la entidad de control anunció que iniciará las acciones legales que considere pertinentes con el fin de “salvaguardar la integridad” de su personal y garantizar el respeto al ordenamiento jurídico vigente.

La Contraloría enfatizó que su labor se desarrolla con criterios “técnicos e imparciales” y que se rige exclusivamente por las facultades establecidas en la Constitución y la ley. Además, señaló que ninguna presión externa alterará el cumplimiento de sus funciones ni influirá en los resultados de los exámenes que realiza para vigilar el uso adecuado de los recursos públicos.

El organismo insistió en que continuará con sus procesos de control dentro del marco legal y reiteró que defenderá la independencia institucional ante cualquier intento de interferencia.

Contratación de vehículo blindado

El documento indica que el Analista de Soporte Técnico, el jefe encargado del Mantenimiento del Parque Automotor y el director o directora General Administrativo elaboraron, revisaron y aprobaron el Informe de Necesidad y las Especificaciones Técnicas sin contar con sustento documental ni estudios que justificaran la adquisición.

(Te puede interesar: Contraloría detecta más de $ 5,7 millones en glosas en auditoría al Metro de Quito)

Asimismo, se detalla que las características técnicas solicitadas no fueron sustentadas, lo que restringió la participación de otros posibles proveedores. La elección del automotor, además, provocó gastos adicionales debido a mantenimientos prematuros y recurrentes en los sistemas de frenos y suspensión.

La auditoría también advierte que, durante la calificación de la oferta, la comisión encargada no requirió al proveedor completar la información referente a su estructura societaria hasta el nivel de personas naturales, un requisito obligatorio cuya omisión constituía causal de descalificación.

El informe añade que el vehículo circuló sin matrícula —documento indispensable para su habilitación legal— y fue conducido por un funcionario con licencia tipo B, que no es profesional, incumpliendo los parámetros normativos para manejar vehículos municipales.

Finalmente, la Contraloría observó que el cálculo de la depreciación del automotor no consideró el valor adicional del blindaje, lo que derivó en una valoración depreciable incorrecta.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ