Colapso de casa patrimonial en Quito fue alertado hace casi dos años

El desplome de una casa patrimonial ubicada en las calles Chile y Pedro Calixto, en el barrio La Tola, en el centro de Quito, ya se veía venir. Desde hace casi dos años, el deterioro fue advertido y, entre 2024 y 2025, ya se registraron colapsos parciales. Pero la tarde del 14 de enero de 2026 la situación alcanzó su punto más crítico: cerca del 70% de la estructura cedió, mientras el resto quedó en inminente riesgo de desplome.

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Pese a la gravedad del escenario, el inmueble no puede ser derrocado. Al tratarse de un bien patrimonial inventariado, la normativa vigente impide su demolición, incluso cuando representa un riesgo.

El director del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP), Milton Chávez, explicó que se realizarán inspecciones con técnicos de esa entidad y de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas para definir el procedimiento más adecuado. “El objetivo final es recuperar la vivienda, porque estamos en un Centro Histórico consolidado y el patrimonio debe preservarse”, señaló.

Añadió que se revisará el historial del predio, las notificaciones previas y las posibles responsabilidades de antiguos y nuevos propietarios, así como la existencia de autorizaciones para intervenciones. Recordó, además, que el IMP cuenta con programas de asesoría técnica y financiamiento para apoyar el mantenimiento y la restauración de bienes patrimoniales.

Limitada intervención del Municipio

Desde la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, Patricia Carrillo detalló que la vivienda está construida en adobe, un material que requiere técnicas especializadas de intervención. Indicó que los colapsos menores entre 2024 y 2025 ya motivaron informes y acciones de control por parte de la Agencia Metropolitana de Control (AMC). Según explicó, el actual propietario adquirió el bien en diciembre de 2025, mientras que los trabajos y trámites con el Municipio los venía realizando el dueño anterior.

“Lo que corresponde ahora es asegurar la infraestructura”, afirmó Carrillo. Como medida urgente, el Municipio entregó 55 metros de plástico para cubrir las partes más vulnerables de la estructura ante la alerta por posibles lluvias, y se prevé que la próxima semana se inicie el apuntalamiento. El IMP, por su parte, aportará con los diseños técnicos que deberá ejecutar el propietario, considerando la particularidad de intervenir un bien patrimonial de adobe.

Carrillo sostuvo que cada entidad ha cumplido con su rol y recordó que, incluso, el actual propietario recibió una citación de la AMC el mismo día que firmó la escritura, para retirar material acumulado en la vereda. No obstante, reconoció que cuando se trata de bienes privados, el Municipio no puede intervenir sin llegar a acuerdos con los propietarios.

Corresponsabilidad de los propietarios

La Tola es un barrio con numerosos inmuebles patrimoniales inventariados por el IMP. Según la funcionaria, existe una corresponsabilidad: los propietarios solicitaron la calificación patrimonial, lo que implica obligaciones de conservación. Aun así, moradores del sector aseguran que la situación es más crítica. Afirman que al menos 15 viviendas, entre municipales y privadas, presentan riesgo de colapso similar al de la Chile y Pedro Calixto.

Juan Carlos Rojas, director del Observatorio de Seguridad y Participación Ciudadana, recordó que hace más de un año ya se emitió una alerta cuando una parte de la casa se cayó. Según Rojas, en sectores como San Blas, La Tola y el Centro Histórico se han identificado 128 casas patrimoniales con alto riesgo de colapso. Algunas pertenecen a entidades públicas o incluso al propio Municipio, sin que se ejecuten acciones concretas.

Rojas planteó la necesidad de impulsar una ordenanza que obligue a los propietarios a intervenir los inmuebles, o, en última instancia, permita la expropiación. “Se prohíbe cambiar la fachada, pero muchos hacen intervenciones clandestinas, pagan multas porque les resulta más barato y siguen. Es tan engorroso el proceso que la gente opta por abandonar las casas o realizar intervenciones sin criterios técnicos ”, señaló.

Por su parte, el concejal Michael Aulestia, presidente de la Comisión de Áreas Históricas, sostiene que la normativa patrimonial de la ciudad ha sido excesivamente proteccionista, lo que, en la práctica, ha limitado el uso de numerosos predios inventariados. “Muchos de estos inmuebles han terminado convertidos en bodegas o, en el mejor de los casos, en pequeños negocios; el resto permanece abandonado”, menciona.

Aulestia explica que las restricciones normativas y la cantidad de trámites y autorizaciones requeridas para intervenir en bienes patrimoniales desincentivan la inversión privada y, paradójicamente, afectan su conservación.

Y si bien la entidad competente realiza inspecciones, reconoce que no se puede ejercer un control permanente sobre cada predio ni sobre todos sus propietarios. En ese contexto, advierte que la gestión termina siendo reactiva y no preventiva. “Lo ocurrido en La Tola debe ser un llamado de atención. Se necesita una evaluación integral de las estructuras patrimoniales, con un análisis pormenorizado de aquellos bienes inventariados que podrían estar en riesgo”, enfatiza.

El concejal recalca que el Municipio no puede intervenir directamente en predios privados, pero considera necesario ajustar la normativa para generar incentivos reales a los propietarios. Entre las alternativas, plantea compensar la inversión destinada a la conservación, revisar las cargas tributarias y analizar posibles exoneraciones de tasas para los inmuebles que se mantengan en buen estado.

Finalmente, Aulestia plantea la necesidad de un debate más amplio y sincero sobre la política patrimonial de la ciudad. “Hay que definir qué bienes realmente deben seguir protegidos y cuáles podrían liberarse, para que sus propietarios desarrollen proyectos viables”.

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