Investigación por lavado de activos salpica a Cooperativa Incoop: Lo que se sabe
El abogado de la cooperativa Incoop habla de una denuncia anónima y defiende la gestión financiera
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Incoop, con sede en Ambato, se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía, que mantiene abierta una investigación previa por presunto lavado de activos iniciada en octubre de 2025. Este proceso busca esclarecer si dentro de la entidad se realizaron o no operaciones irregulares que podrían configurar un delito. Sin embargo, el caso está en investigación previa.
Liquidación forzosa tras años de alertas
El 23 de febrero de 2026, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) dispuso la liquidación forzosa de Incoop, argumentando incumplimientos reiterados en su programa de supervisión intensiva. La entidad de control había identificado desde 2023 un perfil de riesgo crítico en la cooperativa, con alertas que no fueron corregidas en los años siguientes.
A pesar de los seguimientos y advertencias, la situación financiera de Incoop no mostró mejoras sustanciales, aseguró SEPS, lo que derivó en la decisión de cerrar la institución. La cooperativa contaba con alrededor de 5.400 socios, depósitos que superaban los 17 millones de dólares y activos cercanos a los 20 millones, cifras que reflejan la magnitud del impacto para sus clientes.
Según la entidad de control, la cooperativa arrastraba un perfil de riesgo crítico desde 2023, con alertas que no fueron subsanadas en los años siguientes. Entre los datos más relevantes del cierre:
- Aproximadamente 5.400 socios
- Depósitos cercanos a 17,1 millones de dólares
- Activos por unos 19,9 millones de dólares
Con el proceso de liquidación, Incoop perdió la facultad de captar recursos y otorgar créditos, iniciando un proceso para devolver el dinero a sus clientes.
Medida cautelar y efectos sobre los socios
El curso de la liquidación dio un giro el 4 de marzo de 2026, cuando un juez concedió una medida cautelar que suspendió temporalmente los efectos del proceso. Esta decisión no elimina la resolución de la SEPS, pero sí paraliza las acciones del liquidador, lo que en la práctica ha retrasado la devolución del dinero a los socios.
La medida introduce un elemento de incertidumbre adicional para miles de personas que esperan recuperar sus ahorros, ya que no existe un plazo claro para la resolución definitiva del conflicto. Mientras tanto, la cooperativa permanece en una especie de limbo legal, sin poder operar con normalidad y con el proceso de cierre detenido parcialmente.
En Quito, al menos, su oficina unbicada al norte se encuentra cerrada.
Abogado de la cooperativa habla de una "denuncia anónima"
El abogado de la cooperativa Incoop, Ricardo Luna, cuestionó la forma en que se ha difundido la investigación por lavado de activos y recalcó que, hasta el momento, no existe información oficial. Señaló que en Ecuador cualquier persona puede presentar una denuncia, incluso de forma anónima, pero eso no implica responsabilidad penal. En ese sentido, insistió en que debe respetarse el principio constitucional de presunción de inocencia y advirtió que no se ha hecho público ningún número de expediente ni detalles claros sobre el origen o el estado del proceso. A su criterio, el tema ha sido tratado más como un titular que como un hecho debidamente sustentado, lo que podría generar confusión y afectar la reputación de la institución.
Sobre la liquidación forzosa, Luna sostuvo que se trata de una medida desproporcionada que no se justifica con los indicadores financieros de la cooperativa. Afirmó que Incoop mantenía niveles saludables, con baja morosidad, adecuada suficiencia patrimonial y sin pérdidas, además de un alto cumplimiento, cercano al 93 %, del plan de supervisión intensiva. También cuestionó la actuación de la autoridad de control, señalando que la resolución carece de una motivación suficiente y que no se ha cumplido de manera integral la medida cautelar que suspendió los efectos de la liquidación. Según explicó, lo que está en juego no es solo el futuro de la cooperativa, sino la proporcionalidad en las decisiones dentro del sistema financiero y la protección de miles de socios.
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