Casas en riesgo por el río Monjas reavivan demanda contra el Municipio
“Cuando llueve, la tierra tiembla”: el drama del río Monjas que llega otra vez a acciones legales
Sin ventanas, sin puertas y con los muros fracturados, una vivienda del sector El Común Bajo parece suspendida sobre el vacío. El terreno que la sostenía ha sido devorado poco a poco por la erosión del río Monjas, un proceso silencioso pero constante que hoy amenaza con llevarse no solo casas, sino también la credibilidad de las respuestas institucionales. Lo que para el Municipio es una intervención planificada y en marcha, para los vecinos y organizaciones sociales es la evidencia de un incumplimiento que ya se traduce en nuevas acciones legales.
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El Común Bajo, zona en emergencia por el deterioro del río Monjas
El río Monjas, que recorre aproximadamente 24 kilómetros desde El Condado hasta Guayllabamba, atraviesa barrios como El Común, Señor del Árbol y Carretas. A lo largo de su cauce se han identificado oficialmente 16 puntos críticos afectados por erosión hídrica y eólica, movimientos de masa e inundaciones. Uno de ellos es El Común Bajo, zona declarada en emergencia, donde viviendas construidas hace más de 40 años hoy están al borde del colapso.
“Las familias están en riesgo y no solo aquí. Otra avenida paralela a la avenida Simón Bolívar también está comprometida”, advierte Estefanía Pabón, directora de la Fundación Quebradas Vivas. Para ella, la situación pudo prevenirse, pero nunca fue atendida con la urgencia necesaria. Según explica, la erosión del río ha avanzado sin control desde la quebrada Carretas hasta la Mitad del Mundo, generando nuevos focos de peligro que no constan en los informes oficiales iniciales.
Los testimonios de los vecinos refuerzan esa percepción. Una moradora del sector Carretas recuerda con pesar cómo la casa que estaba detrás de la suya quedó completamente destruida tras el desprendimiento del patio central. “La gente tuvo que irse. No hubo opción”, relata. Ana Lucía Gómez, otra vecina, asegura que el peligro es permanente. Afirma que el Municipio debía ejecutar un enrocado para frenar la erosión, pero los trabajos quedaron inconclusos. “Vinieron, pusieron unas piedras y se fueron. Cuando llueve, la tierra tiembla”, dice.
Inversión municipal en el río Monjas contrasta con denuncias ciudadanas
Desde el Municipio, la lectura es distinta. Patricia Carrillo, directora metropolitana de Gestión de Riesgos, sostiene que Quito viene cumpliendo con lo estipulado en la sentencia de la Corte Constitucional emitida en 2022. Explica que se han ejecutado acciones preventivas, como la evacuación oportuna de 14 familias en 2025, tras el colapso de una vivienda en El Común Bajo, sin que se registraran víctimas. También se activó asistencia humanitaria por más de 9.000 dólares y se identificaron siete predios como riesgos no mitigables, actualmente en proceso de expropiación.
Carrillo asegura que estas viviendas ya no están habitadas y que no existe riesgo inminente para la vida de las personas. Además, destaca una inversión aproximada de 6.89 millones de dólares entre 2022 y 2025 en obras como enrocados para proteger el pie del talud y reducir la erosión. A esto se sumarían nuevos proyectos por más de 13 millones de dólares previstos para 2026. “Estamos cumpliendo la sentencia dentro de los plazos y conforme a la normativa”, afirma.
Plan Urbanístico del río Monjas sigue sin aprobación municipal
Sin embargo, Pabón cuestiona de forma frontal esa versión. Sostiene que la sentencia del río Monjas - establece un principio de no repetición que claramente se ha vulnerado. “Los casos no solo persisten, han aumentado”, dice. Para la activista, la falta de maquinaria permanente en el río, el déficit crítico de personal -apenas cinco o seis personas para toda la ciudad- y la descoordinación institucional evidencian una ausencia de política real de prevención.
Estefanía Pabón
Otro punto de conflicto es el Plan Complementario Urbanístico del río Monjas, ordenado por la sentencia y elaborado hace más de dos años. Aunque el documento existe y fue trabajado con participación de la Fundación Quebradas Vivas, no ha sido aprobado por el Alcalde. “Es un plan clave para proteger las quebradas y ampliar los bordes de seguridad, pero sigue archivado”, denuncia Pabón.
La situación de las familias tampoco está resuelta. La dirigente desmiente que existan acuerdos justos de expropiación. Asegura que los valores ofrecidos -entre 3.500 y 7.000 dólares- son insuficientes para rehacer una vida, incluso cuando existen peritajes que valoran las viviendas muy por encima de esas cifras. Por ello, muchas personas continúan habitando zonas de riesgo.
Ante este escenario, los afectados, liderados por Pabón, preparan una nueva acción legal: una demanda por incumplimiento de la sentencia constitucional. Respaldada por estudios técnicos y el acompañamiento de la academia, la acción buscará demostrar que el daño persiste y que las medidas adoptadas no garantizan el principio de no repetición. Mientras los informes municipales hablan de avances y cifras, en las riberas del río Monjas la erosión sigue su curso. Y con cada lluvia, la distancia entre el papel y la realidad parece ensancharse un poco más.
Con respecto a un tramo comprometido en la av. Simón Bolívar, el gerente de Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, Jorge Campoverde, informó que la vía no está en riesgo. “Se ha hecho un estudio completo definitivo, actualizado, en donde hemos realizado el análisis de la parte geotécnica, geológica e hidráulica. Esto sumado a un análisis técnico pormenorizado, se evidencia que en el sector no existen grandes hundimientos, tampoco fisuras tipo medio luna de gran dimensión, que pueda afectar directamente a la Simón Bolívar”, explicó. Aunque Pabón menciona que en otro punto de la avenida si estaría comprometida.
Compoverde detalló que en el tramo cercano a la avenida Simón Bolívar se han adoptado medidas inmediatas, como el cierre total de la vía de servicio, con el fin de eliminar la carga vehicular sobre el talud afectado y precautelar la seguridad de las personas.
Además, se ejecutan trabajos de encauzamiento de aguas lluvias, limpieza controlada del talud, perfilado del terreno y colocación de geomanto, una solución provisional que reduce la erosión eólica e hídrica mientras se desarrollan las obras definitivas.
