Violencia política de género y Concejo de Quito: el caso que involucra a Pabel Muñoz
En los últimos días de diciembre 2025, el Tribunal Contencioso Electoral admitió denuncia en contra del alcalde y Garrido
El martes 27 de enero de 2026, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, criticó la política basada en el ataque, el odio y la “denunciología”. En ese contexto, recordó la infracción electoral que le acarreó una multa de $ 10.000 dólares por participar de la campaña de Luisa González e hizo público que enfrenta una nueva denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunta violencia política de género, por "la no principalización de una concejala suplente". ¿Minimizó los hechos?
Sin mencionarla, Pabel Muñoz se refirió a la concejala suplente de Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, una de las más importantes en el Concejo Metropolitano. Pese a que Garrido seguido vota junto a la Revolución Ciudadana, no ganó su curul por ese movimiento sino por Democracia Sí y el Partido Sociedad Patriótica. Los líderes de ambas tiendas suelen afirmar que se oponen al correísmo.
En la denuncia de Janeth Albuja, concejala suplente de Garrido, admitida a trámite en el TCE el 23 de diciembre de 2025, se acusa a Pabel Muñoz y a Diego Garrido por supuesta violencia política de género.
En el documento, al que accedió EXPRESO, se lee que la denuncia es por el presunto cometimiento de las infracciones electorales tipificadas en el numeral 14 del artículo 279 y numerales 1, 3, 10 del artículo 280 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.
¿Qué artículos del Código de la Democracia se mencionan en la denuncia?
El artículo 279 del Código de la Democracia señala que las Infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
El numeral 14 de ese artículo dice que aplicará a quienes incurran en actos de violencia política de género.
Asimismo, la denunciante menciona los numerales 1, 3, 10 del artículo 280, que se refieren a que violencia política de género, es aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, contra de las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia. Son actos de violencia política de género:
- El literal 1 dice: Amenacen o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres o a sus familias, y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan.
- El literal 3: Realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres durante el proceso electoral y en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos.
- El literal 10: Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad.
Este medio de comunicación envió un pedido de información a la Alcaldía para conocer si Pabel Muñoz minimizó los argumentos presentados por la denunciante, al señalar que el problema se produjo porque la demandante no fue principalizada. Además se le consultó si él, a través de Talento Humano, conoció de presuntas inhabilidades por las que Garrido no debió posesionarse. Hasta el cierre de esta nota no ha respondido al respecto.
También se buscó hablar con la accionante de la denuncia ante el TCE, pero no quiso pronunciarse públicamente por el momento. Las denuncias por violencia política de género no se publican en la web del TCE desde julio del 2025, por una reforma al Código de la Democracia. Por eso habría llamado la atención que el alcalde Muñoz hablara del tema en público.
Diego Garrido y la deuda que pagó en mayo 2024
El 14 de mayo del 2023, el alcalde Pabel Muñoz y los concejales de Quito se posesionaron en sus cargos. Un año después, Diego Garrido enfrentó un impedimento para ejercer cargos públicos por una deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Superaba los 80.000 dólares. Y se dijo que ya había sido cancelada.
En mayo del 2024, en su cuenta de X, Garrido señaló: "Cancelé mi obligación total con el SRI al acogerme a la remisión de intereses establecida en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, aprobada el 20 de diciembre de 2023". Es decir que de su deuda de más de 80.000, solo canceló los 24.668,93. Garrido reiteró que no estaba imposibilitado porque no tenía una deuda sino un convenio de pago con el SRI para asumir el cargo.
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