Pacientes renales bloquean vía Babahoyo–Jujan: exigen pagos urgentes al Gobierno
Pacientes cerraron la vía en protesta a la falta de pago del Gobierno a las clínicas privadas
Más de un centenar de pacientes renales y sus familiares bloquearon la vía Babahoyo–Jujan, en la provincia de Los Ríos este lunes 1 de septiembre, como medida de presión ante el incumplimiento del Gobierno en el pago de deudas a clínicas privadas de diálisis. La protesta, acompañada de consignas como “queremos vivir” y “no somos delincuentes, somos pacientes”, se extendió por varias horas y generó congestión vehicular en uno de los principales ejes viales de la región.
Los manifestantes exigieron al Ministerio de Salud Pública (MSP) y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que salden las obligaciones económicas con los centros de atención ubicados en Babahoyo, Vinces, Ventanas y Quevedo, que brindan tratamiento a más de 1.100 pacientes con insuficiencia renal crónica.
La falta de pagos ha puesto en riesgo la continuidad de las terapias, consideradas vitales para la supervivencia de quienes dependen de la diálisis tres veces por semana.
Según el Frente Nacional de Pacientes Renales, la deuda acumulada supera los 300 millones de dólares a nivel nacional. En algunos casos, las clínicas han reducido el tiempo de tratamiento o suspendido sesiones por falta de insumos, obligando a los pacientes a cubrir los costos por cuenta propia, que pueden superar los 1.400 dólares mensuales.
Clínicas al borde del colapso
La situación de las clínicas de diálisis en Ecuador no es nueva. Desde 2023, el sistema público ha enfrentado una crisis estructural que se ha agravado por la reducción del presupuesto sanitario, la falta de planificación y la ineficiencia en la ejecución de recursos. Aunque la diálisis está cubierta por el Estado desde que la insuficiencia renal fue declarada enfermedad catastrófica en 2008, el 88 % de los pacientes son derivados a centros privados.
La Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador estima que la deuda estatal rondaba los 200 millones de dólares hasta abril de 2025. A pesar de que el IESS ha pagado más de 65 millones este año y el MSP ha emitido bonos de deuda, las clínicas se ven obligadas a revenderlos para obtener liquidez, lo que ha generado una cadena de desabastecimiento de insumos, medicamentos y personal especializado.
En paralelo, el Gobierno ha propuesto reducir la tarifa mensual por paciente de 1.456 a 1.100 dólares, lo que ha sido rechazado por los prestadores de servicios, quienes advierten que ese monto no cubre los costos reales de atención, análisis, medicamentos y personal.
Falta de insumos, despidos y recortes presupuestarios
La protesta de los pacientes renales se enmarca en una crisis más amplia del sistema de salud ecuatoriano. En los últimos tres años, el presupuesto para salud pública ha sufrido recortes significativos: de 4.302 millones en 2023 a apenas 2.872 millones en 2025, lo que representa solo el 2,3 % del PIB, muy por debajo del 6 % recomendado por la OMS.
El desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos pasó del 20 % en 2023 al 28 % en 2025. Además, el Ministerio de Salud ha despedido a más de 160 trabajadores del sector como parte de un plan de eficiencia, mientras clínicas y hospitales enfrentan falta de personal, insumos básicos y equipos médicos.
En respuesta, el presidente Daniel Noboa creó el Comité Nacional de Salud Pública mediante Decreto Ejecutivo No. 108, con el objetivo de centralizar la compra de medicamentos y coordinar acciones interinstitucionales para enfrentar la crisis.
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