Impuestos prediales en Riobamba suben por 'error' y generan reclamos de comuneros

El incremento inesperado del impuesto predial para este año en Riobamba, sobre todo en el polígono rural, abrió un conflicto entre comunidades y el Municipio, luego de que cientos de familias recibieron planillas con valores muy superiores a los que venían cancelando en años anteriores. 

“Terrenos por los que antes se pagaban entre 30 y 50 dólares, ahora debemos cancelar entre 300 y 800 dólares”, dijo un comunero.

Dirigentes comunitarios aseguran que los avalúos no reflejan la realidad productiva del territorio y que fueron aplicados sin un proceso adecuado de socialización ni consulta previa.

“El problema no es solo cuánto se cobra, sino cómo se decidió. Las comunidades no fuimos convocadas y ahora nos enfrentamos a valores que no corresponden a nuestra realidad”, afirmó Germán Cacuango, presidente de la Corporación de Organizaciones Indígenas de Calpi (ICAL).

Desde el Municipio se reconoció que una parte importante del problema se originó por un error en el sistema catastral.

“Fue un error humano al ingresar un cero adicional en una de las variables de la fórmula, lo que alteró automáticamente el cálculo de varios predios rurales”, explicó la vicealcaldesa Maritza Díaz.

Miembros de la Comisión de Parroquias Rurales se reunieron el domingo pasado con representantes de la parroquia San Juan, donde las autoridades aseguran que se solucionó el error.

Como medida de compensación y para facilitar el acceso de la población rural, la Alcaldía habilitó una oficina temporal de recaudación en la parroquia.

Verónica Tene, abogada del pueblo Puruhá, recordó que la Constitución reconoce el derecho de los pueblos y nacionalidades a ser consultados cuando se adoptan medidas administrativas que los afectan.

“No basta con que sea un procedimiento técnico. La ruralidad no es homogénea: no es lo mismo San Juan que Cacha. Cada territorio tiene su propia realidad. Es bueno recordar que a los pueblos los ampara la Constitución y convenios y, al ser la ordenanza un acto administrativo, se debe socializar”, señaló.

"No se puede estar improvisando"

El comunero Juan Ilbay aseguró que en su sector nunca se realizó ningún proceso informativo previo. “Nunca nos consultaron y ahora nos cobran como si tuviéramos servicios completos. Eso no es justo”, dijo.

Más allá del aspecto técnico, el conflicto ha tenido un impacto directo en la economía de las familias rurales. 

De acuerdo con Micaela Lema, concejala a quien varios de los afectados acudieron con el problema, algunos contribuyentes que pagaron los valores elevados por temor a sanciones vendieron animales, mientras que otros perdieron días de trabajo y dinero en traslados para realizar los reclamos respectivos.

“Al inicio nos dijeron que la información no migró al nuevo sistema, que faltaba actualización, que había un error; ahora dicen que ya se solucionó. Pero es el tercer año de administración: no se puede estar improvisando”, exclamó.

Asimismo, advirtió que la situación afecta la confianza ciudadana en la institución municipal. “Cuando veo que al vecino le pusieron un cerito de más, como ciudadana me queda la duda de si el mío estará calculado de forma correcta. La gente deja de creer en el sistema”, expresó.

El alcalde John Vinueza dijo que los dueños de 166 predios cancelaron valores alterados. Aseguró que se podrán devolver tras un trámite en el Municipio.

“Quienes hayan pagado valores erróneos pueden dejar el dinero en el Municipio; podrán recibir una nota de crédito o la devolución del dinero luego de ocho días de iniciado el trámite correspondiente”, aseguró Vinueza.

Las comunidades mantienen su exigencia de una revisión integral del catastro rural, una recategorización adecuada del suelo y la aplicación efectiva del derecho a la consulta.

El concejal Galo Falconi aclaró que la ordenanza del plano del valor de la tierra urbana y rural, sus factores de aumento o reducción, criterios para la valoración de las edificaciones y determinación del impuesto predial, dispone este proceso que se hace cada dos años.

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