¿Qué pasa con Julio Iglesias? Gobierno español pide investigar las denuncias abuso
Tras una investigación periodística que recoge testimonios de extrabajadoras que denuncia hechos impropios en el Caribe
El nombre de Julio Iglesias quedó en el centro del debate público tras la publicación de una investigación periodística que recoge testimonios de extrabajadoras que lo acusan de presunto acoso y agresiones sexuales cuando trabajaban como internas en sus propiedades en el Caribe. Las revelaciones motivaron una reacción inmediata del Gobierno de España, que pidió que no existan “espacios de impunidad” y que las acusaciones se investiguen “hasta el final”.
La investigación fue publicada por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias y se basa en relatos de mujeres que aseguran haber vivido situaciones de control, intimidación y violencia sexual mientras trabajaban en residencias del cantante en Punta Cana, en República Dominicana, y en Lyford Cay, en Bahamas.
Tras la difusión del reportaje, la portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, reiteró el “compromiso firme, contundente y rotundo ante cualquier violencia, acoso o agresión contra las mujeres”. En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sostuvo: “Vamos a trabajar y seguimos trabajando para que no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad y desde luego no vamos a mirar hacia otro lado jamás ante cualquier situación como este caso”.
Saiz subrayó además que el Ejecutivo se sitúa “siempre al lado de las víctimas” y expresó “muchísimo respeto” por el trabajo periodístico que dio origen a la investigación. El Gobierno evitó pronunciarse sobre la posibilidad de retirarle a Iglesias la Medalla al Mérito en las Bellas Artes que recibió en 2010, una medida que ha sido planteada por sectores políticos como Más Madrid.
Las denunciantes, identificadas con nombres ficticios para proteger su identidad, describen un entorno marcado por el control y el miedo. Los hechos relatados habrían ocurrido en 2021, cuando el cantante tenía 77 años. “A esa casa hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible”, afirmó Rebeca, una de las mujeres entrevistadas.
Según los testimonios recogidos por los medios, las trabajadoras relatan presiones para mantener encuentros sexuales, además de vejaciones físicas y verbales. Los periodistas intentaron contactar en reiteradas ocasiones a Julio Iglesias y a su abogado para obtener su versión, sin recibir respuesta.
La política española reacciona ante el caso de Julio Iglesias
Las denuncias generaron una cascada de reacciones en el ámbito político. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, calificó los testimonios de “escalofriantes” y agradeció “a las mujeres valientes y a las periodistas” que trabajaron en la investigación. En redes sociales, señaló que se trata de “abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.
Desde el Ministerio de Igualdad se pidió que “se investigue, se aclare lo sucedido y se llegue hasta el final”. El Ministerio de Cultura consideró las informaciones “perturbadoras” y sostuvo que no cabe “tolerancia” ni “equidistancia” ante hechos de esta naturaleza, al tiempo que recalcó que las denunciantes “no están solas” y cuentan con el respaldo institucional.
Formaciones políticas como Sumar, Compromís y Podemos expresaron su apoyo a las víctimas y reclamaron que la Justicia actúe sin considerar la posición o el reconocimiento público del acusado. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, afirmó que los hechos descritos constituyen “violencia sexual”, “explotación laboral” y “esclavitud del siglo XXI”.
Julio Iglesias pedía pruebas de VIH a sus empleadas
La investigación también documenta que varias empleadas fueron enviadas a realizarse análisis médicos que incluían pruebas de VIH, hepatitis, clamidia y ecografías ginecológicas durante su relación laboral en una villa de Punta Cana. Según los testimonios, los resultados habrían sido solicitados y revisados por la administración de la casa.
“Él nos mandó a las chicas al ginecólogo y hacernos examen general. Había 10 o 12 chicas. Allí nos hicieron todo, el ginecólogo nos chequeó todo. Solo a las chicas”, relató Rebeca. Carolina, otra exempleada, añadió: “Ellos nos mandaron al médico, a todas. Me hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Nos hicieron ecografías y pruebas de sangre para ver si teníamos algún tipo de enfermedad. No me pareció normal”.
Mensajes de un grupo de WhatsApp, a los que accedieron los periodistas, muestran a la gobernanta solicitando los resultados médicos: “Girls. Mándame porfavor todos los análisis, vamos a ver qué exactamente pasa” [sic]. Carolina aseguró: “Tuvieron acceso a todos los resultados, recuerdo que los revisaron todos”.
Los pedidos de investigación a Julio Iglesias
Un abogado laboralista consultado explicó que la legislación dominicana solo permite exámenes médicos vinculados a la actividad laboral y sanciona pruebas de VIH y embarazo, y que solicitar exámenes ginecológicos a empleadas domésticas vulnera el Código de Trabajo por afectar “la integridad, la intimidad y la dignidad personal”.
Mientras las autoridades españolas insisten en que las acusaciones deben investigarse “hasta el final”, el caso mantiene abierta una discusión pública sobre poder, impunidad y protección de las víctimas, en torno a una de las figuras más reconocidas de la música en español.
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