De terror. Las extorsiones al estilo ‘vacuna’ son más graves de lo que se cree. En los últimos cinco meses, los casos se han disparado en medio de la falta de identificación de la mayoría de autores, cómplices y encubridores de los hechos, que apuntan a todos los niveles y del que pueden aprovecharse diferentes agrupaciones delictivas.

De un promedio de 800 denuncias semanales que recibe una de las unidades de la Fiscalía Provincial del Guayas, en Guayaquil, el 50 % corresponde a ‘vacunas’, según lo confirmó el fiscal César Peña, de la DASE 2, que se dedica a investigar autores, cómplices y encubridores no identificados.

“Si hablamos de mayo, teníamos un porcentaje de un 5% al 10 % del global general que se recibe de denuncias; a la fecha, octubre de 2023, estamos recibiendo casi a la par: 50-50 entre denuncias de extorsión con denuncias comunes como robo, robo agravado, hurto, abuso de confianza y violación a la propiedad privada, que son los casos comunes que más se investigan en la Unidad”, revela el agente fiscal al sostener que las cifras están muy elevadas, considerando que eso es solo en su oficina.

Lo más alarmante, según el historial de las denuncias presentadas en los últimos meses, es que las amenazas son cada vez más violentas y en todos los niveles: educativo, profesional, empresarial, comercial y sectores de la ciudad que incluye desde un barrio popular a ciudadelas y urbanizaciones.

Según los registros, los delincuentes ya no solo atentan contra las personas, sino que proceden a lanzar artefactos explosivos y con advertencias de descuartizar a las víctimas o a sus familiares. Incluso se atreven a enviar fotos de sus posibles víctimas.

La situación que se vive en la ciudad no es desconocida por el general Víctor Herrera, quien fue posesionado el pasado miércoles como comandante de la Zona 8 (incluye a Durán y Samborondón). “Aquí como DMG (Distrito Metropolitano de Guayaquil) tenemos como problemas principales las muertes violentas, las vacunas y las extorsiones”, reconoció tras su posesión. De allí que expuso que se requiere un trabajo articulado en el sistema punitivo no solo en la institución policial, sino con el policía, la Judicatura y el sistema de rehabilitación. 

Las acciones inmediatas que analizan tomar están fortalecer los ejes investigativos y de reacción; además de trabajar de la mano con el área operativa. “Se han solicitado varias reformas, la policía no solo quiere ser reactiva, quiere ser proactiva”, por lo que hizo un llamado a empresarios, a la ciudadanía y al sistema de justicia para trabajar en conjunto, pues sugiere cambios en la ley penal acorde a los delitos que van apareciendo.

Y es que, en ocasiones, la policía logra detener a sospechosos de estos delitos, pero son liberados nuevamente, como ocurrió el pasado 17 de octubre con dos hombres que fueron apresados en Socio Vivienda con panfletos en los que amenazaban a comerciantes para obligarlos a entregar dinero. “Dan un número telefónico o que les van a dejar un ‘regalito’, esto es artefactos explosivos”. Sin embargo, eso no fue suficiente para la Fiscalía que, “por no existir una víctima, en este caso que no se materializó el hecho a pesar de que se le encontró en el pantalón, no constituye delito y aparte no hay denuncia en contra de estos ciudadanos”, por lo que fueron liberados, expuso a la prensa el teniente coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina.

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Por ello, señala que en vista de que las víctimas no presentan denuncias, en ocasiones son los policías que las presentan por las ‘vacunas’ que buscan ‘inyectar’ a los comerciantes.

Pero el profesor Juan Jiménez Guartán, experto en Derecho Penal y Criminología, examina que la consecuencia más probable de un aumento en la severidad de las penas es una mayor población carcelaria. “Ello, además, difícilmente encuentran los resultados previstos en materia de reducción de la delincuencia. Se necesitaría de una correcta política criminal desde un enfoque integral que exija el equilibrio de varias dimensiones”.

Concuerda con el general Herrera en que buena parte de los desafíos para reducir la violencia y el delito competen a la dimensión preventiva. Estaríamos refiriéndonos, puntualiza, a políticas orientadas a revertir la expansión de la red de control penal y procurar la adecuada inclusión social, la reconstrucción del tejido social, la reintegración social del condenado, un eficiente sistema de administración de justicia, óptimo servicio de educación y salud pública. Para ello, el sistema penal debería ser repensado de modo tal que actúe como la última ratio para la solución de los conflictos que afectan la convivencia.

Mientras eso se materializa, el fiscal Peña destaca como muy importante que casi un 95 % de la información o del vínculo que existe para obtener información de las víctimas es de la misma relación social o laboral y allegados. “Eso implica que existe un familiar que está pasando información a estas organizaciones delictivas, o un empleado de la compañía, local o almacén o alguien cercano del entorno a la víctima”, lo que se evidencia tras los allanamientos, del rastreo de llamadas o enlaces que se ejecutan en las investigaciones.

Otro dato importante en este tipo de delitos y que la policía también lo ha advertido es que hasta cierto porcentaje los hechos violentos son autoría de organizaciones criminales; otros, se toman los nombres de esas organizaciones delictivas para cometer extorsiones, amenazas, secuestros.

También se ha podido visualizar que las víctimas pueden caer en manos de otros grupos delictivos al mismo tiempo, como el caso del robo de vehículos, cuyos propietarios suben en redes sociales la foto del carro sustraído, lo que es aprovechado por otras organizaciones que, bajo amenazas, llaman para exigir dinero. “No son parte del núcleo social, ni familiar ni del entorno laboral de la víctima, pero están a la caza de la información que aparece en las redes sociales, es otra modalidad que se ha visualizado”, cuenta el fiscal.

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