La Universidad de Guayaquil busca recobrar su autonomía

La suspensión de las elecciones prolongaría la intervención de este centro de estudios. La comunidad universitaria quiere que vuelva el debate

La postergación de las elecciones en la Universidad de Guayaquil para la designación de rector y vicerrector, así como de los miembros del Consejo Superior Universitario, podría prolongar la intervención de este centro de estudio que debe terminar el 9 de enero de 2021, según lo dispuesto por el Consejo de Educación Superior (CES).

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El desarrollo de los comicios estaba previsto para el 15 y 18 de este mes, respectivamente, pero el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, recomendó a las autoridades del alma mater porteña la suspensión del proceso, debido a la pandemia por COVID-19.

Esta situación ha originado incertidumbre en la comunidad universitaria porque no saben quién estará al frente de la universidad una vez que la intervención termine, si el periodo de la Comisión Interventora para el Fortalecimiento Institucional (CIFI) se extenderá, por cuánto tiempo más sería, o si la institución se quedará en acefalía.

Se ha perdido la libertad de cátedra. El interventor es el que maneja todos los procesos; no hay una estructura académica, sino personas al servicio de un jefe superior.

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Pero, especialmente le preocupa la posibilidad de seguir con una intervención a la que cuestionan por haberle arrebatado la autonomía para discernir sobre los problemas que se presentan dentro de la institución, y porque no ha sabido escuchar las propuestas que van en beneficio de todos los que forman parte de ella.

Estos problemas están relacionados con la falta de mejora de la infraestructura de las unidades académicas, el reducido trabajo de investigación que se ha realizado en este tiempo, la poca posibilidad que tienen los docentes para capacitarse; pero sobre todo, la falta de apertura para el diálogo, mencionan.

TrámiteEl COE Cantonal había autorizado las elecciones y el Consejo Electoral del Guayas había dispuesto una veeduría para el buen manejo del proceso.

Jorge Ortega, dirigente universitario y profesor de la Facultad de Jurisprudencia, cree que ha existido poca diligencia en las autoridades de la universidad más grande del país (65.000 estudiantes), para la organización de las elecciones. “Han tenido 27 meses para planificarlas, pero esperaron dos meses antes de que se termine el proceso de intervención para convocar a unos comicios que no daban las garantías para su desarrollo”, manifiesta, al tiempo de insinuar que parecería que existe un interés de que se prolongue la intervención.

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“El pedido del COE de que se suspendan los comicios no es una excusa. Llevamos más de dos años con la intervención y nueve meses con la pandemia. Esto se lo debió haber planificado con tiempo, utilizando herramientas tecnológicas para el proceso u otro tipo de mecanismo”, agrega.

Interventor
La convocatoria a elecciones y el proceso como tal, son dos puntos que el interventor no pudo realizar.Miguel Canales Leon

Oswaldo Pacheco, exvicerrector general, expresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil (APUG) y actualmente maestro jubilado, explica que con la intervención fue cesado el Consejo Universitario, cuyos integrantes (representantes de los profesores, estudiantes, empleados administrativos y obreros) eran los encargados de analizar la realidad de la universidad y debatir aspectos relevantes para su desarrollo. “Durante el tiempo de intervención, la universidad ha vivido como en una dictadura donde solo el interventor ha tenido el poder de decisión y no ha sabido escuchar los planteamientos de los demás”, lamenta.

Señala que durante la intervención “poco se ha hecho para atender el pago de la compensación complementaria de los jubilados; no se ha recategorizado y revalorizado al docente y tampoco se le ha pagado los fondos de reserva.

Los créditos académicos en las carreras de varias facultades han sido mermados. No hemos avanzado en investigación, tampoco tenemos publicaciones en revistas indexadas.

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Proceso.  Más de 50.000 personas, entre estudiantes, docentes y trabajadores, estarían habilitados para participar en los comicios.

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Carlos Andrade, estudiante de la Facultad de Comunicación Social, resalta que la universidad necesita nuevas autoridades que establezcan mejoras para el alumnado. “Necesitamos más tecnología, nuevos laboratorios y que se mejore la infraestructura de algunas unidades académicas”, menciona.

Roberto Passailaigue, presidente de la CIFI y rector de la entidad, asegura haber cumplido su trabajo a cabalidad y que solo dos puntos del plan de intervención no han podido cumplirse durante esta etapa: la convocatoria a elecciones y el desarrollo de ese proceso. “Se ha mejorado la infraestructura de la universidad y en todas las unidades académicas se han hecho mejoras”, añade.

Se han hecho algunas cosas, pero no se han resuelto las necesidades de la universidad que están dadas principalmente en su infraestructura, ya que el talento humano lo tiene.

Oswaldo Pacheco, exvicerrector general de la universidad

Explica que la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establece que cuando no se cumplen todos los puntos del plan de intervención esta no puede terminar, ya que la entidad quedaría en acefalía. No obstante, aclara que el CES deberá tomar la decisión, ya que las elecciones de las nuevas autoridades no se podrán realizar hasta después de los comicios generales del país, previstos para febrero de 2021.

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Lo que originó la intervención

En octubre de 2018, el Consejo de Educación Superior (CES) intervino a la universidad por una disputa que surgió en torno a quién debía subrogar el rectorado una vez que la Contraloría dispuso la destitución de Galo Salcedo. Primero lo hizo por un periodo de tres meses que terminó en enero de 2019. No obstante, esta se prolongó por 24 meses más, debiendo terminar el 9 de enero de 2021. Debería hacerlo con la posesión de las nuevas autoridades electas, pero esto no se ha cumplido.

Catalina Vélez: “El CES tomará una decisión antes del 9 de enero”

La presidenta del Consejo de Educación Superior (CES), Catalina Vélez, informó a Diario EXPRESO que el pleno de este organismo será el encargado de tomar una decisión en torno a la situación de la Universidad de Guayaquil, tras el análisis de la situación y de la planificación académica de este centro de estudio.

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“El CES hará un pronunciamiento oficial, el mismo que deberá realizarse antes del 9 de enero de 2021 (fecha en que termina el proceso de intervención)”, manifestó, al desvirtuar una posible acefalía que podría presentarse en la Universidad de Guayaquil, debido a que no estarán designadas las nuevas autoridades.

“El Consejo de Educación Superior está en la obligación de garantizar la continuidad de estudios, académica y administrativa de las universidades”, aseguró la funcionaria.

Al ser consultada sobre ¿cuándo se desarrollarían las elecciones?, respondió que para ello será necesario considerar un conjunto de variables. “Se deberá analizar la planificación académica de la Universidad de Guayaquil y tomar en cuenta la situación sanitaria del país en su conjunto y de Guayaquil en particular. De momento, no es posible adelantar ningún criterio sobre eso, porque aún no se han tomado las decisiones correspondientes”, reiteró, al recordar que las elecciones fueron pospuestas porque movilizarían y concentrarían a más de 45 mil personas.

Vélez informó que el miércoles pasado, el pleno del CES conoció las recomendaciones del COE referentes a los procesos eleccionarios para el órgano de educación superior, rector y vicerrector de la Universidad de Guayaquil. También conoció el informe presentado por el presidente de la Comisión Interventora sobre la suspensión de dichos procesos eleccionarios.

“En este sentido, el Pleno del CES solicitó, a la comisión encargada, que presente un informe sobre el tema”, adelantó.