Viven una vida ‘cómoda’ dentro de su pobreza, pero con fecha de caducidad... Llegan hasta los 21 años, algunos quizás topen el umbral de    los 30, pero no más. Son conocidos como los ‘descartables’, quienes al igual que los ‘satélites’ (menores de edad que sirven de campaneros), son parte de la cadena del tráfico y microtráfico de drogas que se expande en Guayaquil, especialmente en zonas populares como la Nueva Prosperina, señalada como la más violenta de la ciudad y del país.

Según investigaciones realizadas por la Dirección Nacional de Muertes Violentas (Dinased) Zona 8, de las 215 muertes violentas que se registraron en los primeros 40 días del presente año (entre el 1 de enero al 9 de febrero), 135 eran jóvenes cuyas edades fluctuaban entre los 18 y 23 años de edad.

En su mayoría no tenían antecedentes penales, pero al revisar su entorno social se observó que estaban dedicados a actividades ilícitas, reveló el teniente coronel Mario Escobar, jefe de la Dinased Zona 8 (incluye Guayaquil, Durán y Samborondón). “Hay muchos nombres que tienen fecha de vencimiento. Entre ellos tienen fecha para morir, cuando dicen este ya no me sirve. Tal vez cuando yo lo detengo y nos cuenta de la A hasta la Z...”, comenta el oficial.

Uno de los sitios donde la Policía dice tomarle el pulso de la criminalidad es justamente en Nueva Prosperina, donde en una cuadra tras otra matan a quien puede ser un ‘descartable’, aquellos jóvenes que se dejan seducir por la buena ‘cachina’, los zapatos de marca y el efímero ‘poder’ que adquieren con un arma de fuego. Un sector donde la mayoría calla por miedo a represalias o quizás porque saben que cerca tiene a uno con ‘fecha de vencimiento’.

Escobar señala que, junto con otras unidades, están implementando nuevas estrategias de contención, lo que les ha permitido duplicar el número de detenidos. De    47 personas que aprehendieron entre enero y mediados de febrero de 2022, en el mismo período de este año ya registran 85. Son los operativos de las organizaciones delictivas, los sicarios, los que dan resguardo, quienes están en la primera línea de intervención, los que más caen, dice el oficial.

En el sector, la policía registra 10 eventos criminales múltiples, de un total de 21 acontecimientos similares en la Zona 8. Seguidos de los distritos Sur (3), Portete (2) y Esteros (2).

En los primeros 18 días del presente año, en la Nueva Prosperina ya se contaban 32 personas asesinadas. En uno de los    hechos de sangre murieron dos adolescentes, ambos de 17 años, quienes circulaban en motocicleta. En el evento, otras dos personas resultaron heridas, al parecer, víctimas colaterales.

Los menores de edad fueron atacados por otros dos jóvenes, quienes también se movilizaban en una moto.

Pero durante las intervenciones, la policía se ha encontrado con otra dura realidad: la presencia de niños, calificados dentro de las organizaciones delictivas como los ‘satélites’ o campaneros. “Los ocupan a ellos para que estén a cinco, siete cuadras de donde existe el comercio ilegal”. Su pago o recompensa simplemente es un teléfono celular con megas, para entretenerse. Su función es simplemente timbrar a algún miembro de la banda. Es la señal para advertir la presencia de uniformados o algún operativo policial, lo que activa rutas de escape, de las que la policía dice ya conocerlas “porque ya sabemos cuál es la dinámica de ellos”.

Para el doctor Rómulo Bermeo Sañudo, director de la Comisión de proyectos comunitarios y prevención de consumo de drogas del Colegio de Médicos del Guayas, quien conoce de cerca la realidad que se vive en la ciudad como consecuencia de las drogas y la violencia, es preocupante el hecho de que en estos grupos delictivos tengan entre sus filas muchos jóvenes por falta de educación y falta de trabajo.

“No olvidemos que este grupo, de 18 a 23 años, tiene que ver con la Universidad. Antes ingresaban más fácil, pero desde hace algún tiempo se ha venido impidiendo el libre acceso a la universidad... están sin trabajo, sin una oferta laboral, lo más probable es que necesitan suplir necesidades básicas y engrosan las filas de estas actividades delictivas... al micro y narcotráfico callejero, a bandas de atracadores, sicarios y expendedores”, señala el profesional.

Lo corrobora un estudio realizado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en conjunto con Misión Alianza Noruega, en nueve comunidades de Guayaquil, donde residen al menos 200 mil habitantes. La investigación evidenció que la principal causa de la violencia que experimenta la ciudad es la ausencia de planes integrales de seguridad ciudadana para atender a las comunidades marginadas, sobre todo en zonas periféricas. En todos los territorios recorridos se pudo determinar que las familias que menos recursos tienen en Guayaquil se ven afectadas por una violencia estructural como causa de la falta de un sistema de educación eficiente e inclusivo; un sistema de salud público de calidad y calidez; y de vivienda y trabajo digno. Además, de un sistema de servicios y obras públicas que satisfagan sus necesidades, que se agudizan por la falta de planes de integración comunitaria.

Para el 82% de los consultados, el principal responsable es el Gobierno Nacional, que en décadas no ha atendido a la población de manera integral para garantizar derechos, dejándola vulnerable frente a grupos violentos, generadores de delitos como el tráfico de drogas.