Un promedio de 34 mujeres muere mensualmente, en el país, víctimas de femicidios y muertes violentas. En los últimos cuatro años, los asesinatos, robos con muertes y sicariatos en contra de ellas ha experimentado una tendencia alarmante al alza. Situación que se vio con mucho peligro el año pasado.

Estadísticas de FemicidiosEC, una herramienta digital elaborada por el Consejo de la Judicatura (CJ), revelan que en 2022 se registraron 331 casos de muertes violentas de mujeres, 111 % más que en 2021, que fueron 157.

De las 331, 61 corresponden a Guayaquil, donde se incrementaron 8 casos más que en 2021. Y la tendencia en este año no parece bajar.

En menos de 72 horas, tres mujeres fueron asesinadas en diferentes sectores de la ciudad. Una de ellas por el aparente robo que habría sufrido mientras hacía un flete, aunque fuentes policiales tienen otra teoría; la segunda murió como víctima colateral en el ataque a un hombre, mientras que la tercera también por supuesto robo y de lo que sus familiares no quisieron pronunciare. Dos de las víctimas fueron baleadas en cooperativas del Guasmo, donde organizaciones de microtraficantes se enfrentan casi a diario por extender su territorio en la venta de drogas.

El teniente coronel Mario Escobar, jefe de la Dirección Nacional de Muertes Violentas, Dinased Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), reconoce el impactante aumento de mujeres víctimas de la violencia criminal, en muchos casos ligados al tráfico y microtráfico de drogas.

Las cifras que tiene de enero al 10 de febrero de este año son más escalofriantes y alarmantes. De los 15 casos que registra, 9 de las víctimas tenían relación con el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Otras tres estuvieron inmiscuidas en amenazas, ya sea por deudas o extorsión (vacunas) y 1 por femicidio.

Las nueve eran “expendedoras de drogas. Esto es ahora dinámico. La criminalidad ha dado un giro total. Hoy, las mujeres (en ese círculo) son parte de las organizaciones, ocupan un rol directivo dentro de organizaciones...”, revela el oficial.

Y, según las investigaciones que han arrojado dentro de las nuevas estrategias que están aplicando, Escobar señala que, “mientras los esposos de muchas de ellas están en la Penitenciaría, son las que están dentro de las organizaciones. Las conocen con el seudónimo de las mujeres de acero”.

Pero no solo las cifras del aumento de muertes violentas de mujeres y su vinculación con el mundo de las drogas alarman. Las huellas del ensañamiento que muestran sus cuerpos cuando caen en manos de sicarios, ya sean enviados por la organización criminal a la que pertenecen o de bandas rivales, también preocupa.

“Sus cuerpos son mutilados, ultrajados sexualmente, son golpeados, abandonados en el monte”, describe la exasambleísta Gina Godoy, quien se desempeñó como coordinadora zonal 8 del desaparecido Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Una situación que lo observa con mucho terror. Algunas escenas le recrea lo que hace décadas atrás se reportaban como noticias con el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, en México.

La noche del martes 7 de febrero, el cuerpo de Deysi Moreno, de 48 años, fue hallado en la cooperativa Julio Coll del cantón Durán, con claras muestras de haber sido torturada. La familia atribuyó su crimen a un robo, sin embargo, la Policía lo descarta. Tenía huellas de haber sido maniatada, también fue degollada y baleada. La mujer, según fuentes policiales, tuvo amistad con un narcotraficante de esa jurisdicción que fue abatido antes; y, aunque ella no habría estado inmersa en actividades ilícitas, su cercanía con el sujeto le pusieron fecha de caducidad a su vida.

“El terror nos invade y el miedo nos limita a nuestro diario andar y así ocurrió en Ciudad Juárez, donde los cuerpos de las mujeres que aparecían en las vías, en sitios abandonados, completamente con huellas de erosión, de tortura, de ácido, desfigurados, cosas similares están pasando con nosotros”, examina Godoy, al considerar que se debe tratar con urgencia el tema de seguridad.

De no hacerlo, las cifras para este 2023 podrían ser peores. “La vida de las mujeres está totalmente expuesta y desgraciadamente de las jóvenes. Si bien afecta a todas, a las que más perjudica es a las de hasta 29 años”, puntualiza. Entre las víctimas de muertes violentas registradas por FemicidiosEC, el mayor grupo (27) oscilaba entre los 15 y 24 años, seguidas de 23 que estaban entre los 35 y 44 (ver gráfico).

Un diagnóstico elaborado por el Comité de Derechos Humanos (CDH) para un trabajo de incidencia desarrollado por el Grupo Faro, en el contexto electoral que celebró el país el 5 de febrero, dentro del cual se analizó la violencia de género, señala que Guayaquil concentra el mayor número de femicidios del país, con un aproximado del 40%. Dentro de los casos registrados a nivel nacional resaltan 189 femicidios por delincuencia organizada. “De ello se infiere que las políticas públicas locales no han sido suficientes y requieren una reforma acorde a las necesidades actuales”, se cuestiona en el documento al añadir que se requieren programas específicos de sensibilización y líneas de atención a las diversidades sexogenéricas. Estos deben dirigirse principalmente a los sectores más vulnerables y que sufren mayores índices de violencia, como Nueva Prosperina, catalogado como el más violento del país y donde se ha detectado también a ‘mujeres de acero’, vinculadas al microtráfico de drogas, delito por el que muchas caen presas. Este Diario solicitó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores las cifras actuales de cuántas mujeres están detenidas por el delito de sustancias sujetas a fiscalización, pero hasta el cierre de esta edición no llegaron las respuestas. Pero, según sus registros, en 2022 un total de 2.072 mujeres ingresaron a las cárceles del país, por diferentes delitos y contravenciones. 31.016 fueron hombres.

Las que cayeron “son víctimas indirectas de la actividad ilícita que tienen quien, en su momento, ha sido su pareja o su conviviente”, sostiene Godoy, quien recuerda que durante los 18 meses que estuvo al frente de la Zonal 8, más del 50 % de las mueres privadas de libertad era por tráfico de sustancias. Y, en ellas recuerda a una adulta mayor de 87 años, quien asumió la responsabilidad de la droga que encontró la policía en la casa donde vivía con una nieta, cuyo conviviente era expendedor. “Ella asumió la responsabilidad porque decía: ‘yo estoy vieja, mi nieta con bebés pequeños y si no está él quien los alimenta, quién ve por esas criaturas... ya falleció”, cuenta la exfuncionaria, quien asegura que la mayoría de los casos que conoce han sido mujeres inducidas a ese tipo de actividades por sus parejas, “muy pocas por sobrevencida... porque la mayoría de las mujeres (prefieren) poner un fogón en la vereda... pero no optan porque esa sea una primera actividad como negocio”.