Quinto Puente avanza mientras persisten disputas legales por las expropiaciones

A pesar de que desde el Viceministerio de Servicios y Transporte, adscrito al ahora denominado Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT), se ha sostenido que los inconvenientes con los moradores sujetos a expropiación, de la avenida Cacique Tomalá, en el sur de Guayaquil, han sido atendidos, los afectados rechazan esa versión. Afirman que el trazado del Quinto Puente y sus accesos no debería atravesar el sector donde se encuentran sus viviendas, aunque continúan exigiendo una compensación acorde con el valor de sus propiedades.

LE SUGERIMOS LEER: Mónica Luzárraga: “Se beneficia al círculo del Gobierno, no a las familias”

Demandas bajo observación judicial

Hasta la fecha, el Ministerio ha presentado, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, 22 demandas de pago por consignación relacionadas con las expropiaciones requeridas para el proyecto. De acuerdo con declaraciones de David Stay, director distrital del MIT en Guayas, la ejecución del tramo 1A del Quinto Puente contempla la expropiación de 110 lotes.

No obstante, los procesos impulsados por el Ministerio han enfrentado reparos en la justicia. Del total de demandas, dos han sido retiradas por la cartera de Estado, cinco fueron declaradas inadmisibles por el Tribunal y las restantes continúan en trámite judicial o están pendientes de calificación.

En las causas revisadas por EXPRESO, el Tribunal declaró inadmisible la demanda presentada por el Ministerio. Los jueces concluyeron que la entidad utilizó una acción de pago por consignación, cuando lo procedente era tramitar una acción de expropiación conforme a la normativa vigente.

LEA TAMBIÉN: Del proselitismo al silencio: el destino de cientos de excandidatos

La obra sigue su curso

Pese a las controversias en torno a las expropiaciones, el proceso de contratación sigue adelante. El 18 de mayo, el MIT adjudicó la obra a la empresa China Civil Engineering Construction Corporation.

Según los documentos de la licitación, el tramo 1A del proyecto partirá desde la intersección de las avenidas Cacique Tomalá y José Sánchez Rubio, frente a los predios de la terminal logística de contenedores Blasti S. A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S. A., empresas vinculadas a la familia del presidente Daniel Noboa Azín, donde también se encuentra la escuela de educación básica fiscal Manuela de Santa Cruz y Espejo. El trazado se extenderá hasta la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil.

LE INVITAMOS A LEER: Pesimismo ciudadano pone presión al oficialismo rumbo a seccionales

Vecinos denuncian falta de acuerdos

Paola Fuentes, vicepresidenta del grupo de afectados de la avenida Cacique Tomalá, sostiene que las familias aún no han recibido ningún pago por sus predios, pese a que las autoridades han señalado que el proceso de expropiación avanza. Según afirma, tampoco se ha realizado una socialización formal del proyecto ni se han alcanzado acuerdos con ellos sobre las compensaciones que recibirían.

Además, Fuentes dice que a algunos vecinos se les ha mencionado la posibilidad de acceder a créditos del proyecto habitacional estatal Miti Miti, ubicado en Chongón, utilizando como parte de pago el valor reconocido por sus actuales inmuebles. No obstante, considera que las cifras planteadas (que en algunos casos serían de $4.000, $15.000 o $ 22.000) están muy por debajo del valor real de sus propiedades, por lo que consideran que esos montos no les permitirían cubrir el costo de una nueva vivienda, ni compensar la pérdida de sus negocios y fuentes de ingresos.

Nos quitan nuestras casas y también nuestros negocios, el modo de subsistir.Paola Fuentes, afectada

LE PODRÍA INTERESAR LEER: Perimetral: conductores alertan por daños constantes en la vía

Historias detrás de las expropiaciones

Mercedes Mendoza Cueva, de 65 años, es una de las moradoras denunciadas por el MIT. Asegura que no es justo que le ofrezcan $20.000 por la casa en la que ha vivido durante los últimos 40 años y expresa su preocupación por el futuro, pues teme quedarse sin un lugar donde residir debido a que, según dice, ese monto no le alcanzaría para adquirir otra vivienda.

María Zambrano Cruz asegura que la demanda presentada en su contra por el Ministerio de Infraestructura y Tecnología se debe a que no aceptó la propuesta de compensación por su inmueble. Según relata, las autoridades le ofrecieron $15.000 por una propiedad de tres pisos que incluye locales comerciales y departamentos destinados al alquiler, una cifra que considera insuficiente frente al valor real de su patrimonio.

“Quieren que aceptemos ese precio irrisorio”, denuncia Zambrano. Además, asevera que la oferta no toma en cuenta la inversión realizada durante años ni los ingresos que obtiene de las actividades comerciales y de arrendamiento que funcionan en el predio.

Maritza Salinas, otra de las moradoras de la avenida Cacique Tomalá afectadas por el proyecto, dice que el Estado pretende pagar $45.000 por la vivienda de sus padres. Sin embargo, sostiene que el avalúo actual de la propiedad supera los $80.000, por lo que la compensación propuesta está por debajo de su valor real.

Además, cuestiona la necesidad de construir el Quinto Puente en esa zona y sostiene que el proyecto vulnera los derechos de las familias que habitan el sector. Salinas indica que sus padres, ambos de 76 años, viven con incertidumbre ante la posibilidad de que las autoridades ejecuten las expropiaciones en cualquier momento, sin que exista una solución que garantice su estabilidad y patrimonio.