Los comerciantes formales e informales de la ciudad al fin se pusieron de acuerdo en algo. “Los agentes metropolitanos del Municipio de Guayaquil son corruptos y cobran coimas”. La aseveración se gritó en sendas protestas realizadas ayer por ambos grupos.

Los vendedores informales se autoconvocaron en las calles Coronel y Manabí a las 07:00, en el sector de la bahía, para defender el derecho al trabajo. Y los formales a las 09:00 emprendieron una caminata al Municipio y a la Gobernación, que terminó con la entrega de sendos manifiestos en los que pedían orden y control de la corrupción a la primera entidad, y seguridad a la segunda.

La convocatoria de los comerciantes autónomos e informales tuvo como fin recordar que su labor está respaldada en el artículo 329 de la Constitución, que reafirma el derecho a actividades de autosustento en el espacio público y promueve la lucha contra el discrimen a este tipo de actividades.

“Salimos a defender nuestro trabajo. Nadie puede meterse con la única forma que tenemos para sacar adelante a nuestras familias”, rezaba una parte de la convocatoria.

Guayaquil tiene una ordenanza que regula el comercio informal y prohíbe a expendedores en espacios públicos. Pero no es tarea fácil controlar la proliferación de emprendedores, sobre todo el tiempos de COVID-19 (el desempleo alcanzó un alza del 13,3 % en agosto del año pasado).

Y lo es menos si se tiene en cuenta que la ordenanza contradice a la Constitución. Y en ese escenario asoma la sombra de la corrupción, de la que a la Policía Metropolitana le ha sido imposible liberarse.

Danilo Mendoza es un testimonio de eso. El pasado 2 de julio denunció que le fue arrebatada la carreta en la que desde hace años distribuye almuerzos en el sector de la bahía. “No entiendo. Ni siquiera ocupo un solo lugar. Yo recorro. Como no les di coima, se llevaron todo mi producto”.

Cuenta que los uniformados corruptos delegan a un civil la labor de cobrar la coima (de tres a cuatro dólares, por puesto). En ocasiones, los pagos se hacen dos veces al día. Luego, la persona encargada entrega lo recolectado al agente. “Hay quienes ya tienen comprada su ubicación al que está de guardia. Casi un local entero ocupan a veces los informales en la vereda”, dijo a este medio.

No es la primera vez que el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano (Cuacme) se ve envuelto en señalamientos por corruptelas. En noviembre del año pasado, el Consejo de Participación Ciudadana puso una acción judicial contra esos uniformados por extorsión, luego de que ocho agentes municipales violentaron a dos vendedores de frutas.

EXPRESO contó que los comerciantes agredidos denunciaron supuestas exigencias de dinero por parte de algunos metropolitanos para dejarlos trabajar. Y la historia, en esta ocasión, tiene el mismo guion.

Del otro lado de la orilla, el de la formalidad, se miran con desdén estos antecedentes. En la marcha de los formales se reclamó a la autoridad orden y control a la corrupción, que pasó de ser un secreto a voces “a una vergüenza nacional”.

Así lo resume a este Diario Galilea Villasagua Ruiz, presidenta de la Federación de Comerciantes Minoristas. “La nuestra fue una protesta contra el desorden y la corrupción. Contra la competencia desleal, que se ha agravado con la proliferación de extranjeros los últimos años”, recalcó.

Insistió en que para todos es conocido que los metropolitanos llegan “solo a recoger el dinero y se van, pero no controlan a los informales que se toman las veredas e impiden que la gente pueda caminar”.

Aunque el Municipio no responde todavía a este medio, en una entrevista anterior Jaime Dávalos, director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, dijo que hasta diciembre del año pasado hubo 10 casos confirmados de coimas, y que los diez agentes habían sido retirados de la entidad.

Esa cifra oficial le parece irrisoria a Danilo Mendoza. “Ves a gente uniformada trabajar frente a informales. Con los antecedentes de violencia que tienen es difícil pensar que solo los dejan por buenos. Hay que hacer una limpieza profunda de corruptos”, pidió.

Ermo Chamba es un dirigente de la Asociación de Comerciantes de la Bahía. Estuvo en el Municipio cuando la secretaria recibió su pedido y espera, como todos, que se llegue a un acuerdo. “Tienen que pensar en el orden y en la imagen. Tienen que sacar a los corruptos de la Policía Municipal”, exhortó a la autoridad.

Galilea Villasagua, sobre este escenario, recuerda que la informalidad es un problema social grave. “Ambos lados tienen razón: el formal, que exige lo que le corresponde, y el informal, que tiene derecho a trabajar. Hay que escuchar a ambas partes y llegar a un acuerdo, pero bajo ningún concepto hacerse de oídos sordos a estas realidades de corrupción que pueden terminar en enfrentamientos lamentables”