Policías Metropolitanos de Guayaquil custodian los exteriores de la Prefectura del Guayas ante una presunta amenaza de impedir el ingreso del pedido de remoción en contra del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, a la secretaría de la institución. Un audio que circuló en aplicaciones de mensajería en el que una persona convoca a seguidores, presuntamente a favor del ejecutivo provincial, para protestar en los exteriores de la institución ubicada en el centro de Guayaquil habría alertado a las autoridades locales. 

Este Diario solicitó una reacción al despacho del prefecto Morales, ya que en el audio se afirma que la convocatoria sale de su oficina, a lo que respondieron que no es cierto. "Tajantemente me dijo que él no hizo la convocatoria", comentó una funcionaria del Departamento de Relaciones Públicas de la Prefectura. "Él sigue trabajando con normalidad", recalcó.

Una fuente de la Prefectura confirmó a este Diario que hoy está previsto que el pedido ingrese a la institución, lo que daría inicio al proceso de remoción del prefecto. Quince alcaldes socialcristianos anunciaron que impulsarán la destitución, iniciativa a la que se sumaron tres primeros ediles de otras tiendas políticas y otros cinco consejeros provinciales electos por la lista 6. 

Las firmas de respaldo fueron recogidas y notarizadas en Daule por el alcalde de Pedro Carbo, Xavier Gómez. El proceso empieza con la presentación del pedido que pasa a la Comisión de Mesa que deberá elevar un informe sobre la aceptación o no del mismo. En el caso de aceptarse, inicia el proceso de pruebas que derivará en un informe que será conocido por el pleno del Consejo Provincial. El cuerpo colegiado deberá votar por la remoción o no. Para la destitución se necesitan las dos terceras partes del pleno, es decir 22 votos. El líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, en un reciente entrevista con CNN afirmó que tienen los votos necesarios para la destitución del prefecto Morales. 

Pero no termina ahí. En el caso de ser removido, Morales puede elevar a consulta la resolución del Consejo ante el Tribunal Contencioso Electoral, que puede acoger la resolución del pleno o rechazarla. El proceso, en caso de agotarse todas las instancias, podría culminar a inicios de agosto.

El prefecto Morales es investigado por el presunto delito de peculado en la compra con sobreprecio de insumos médicos y de pruebas rápidas para detectar el coronavirus durante la pandemia. El funcionario fue detenido y luego puesto en libertad con medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Debe presentarse periódicamente ante autoridad competente, usar un grillete electrónico y está impedido de salir del país.