A las arcas del Municipio de Guayaquil se espera que hasta el próximo lunes 23 de octubre ingresen $ 4,1 millones por concepto de más de 400 vallas que no están regularizadas correspondientes al año 2023. Ese fue el ultimátum que ya ha dado la institución, liderada por Aquiles Álvarez, a personas naturales o jurídicas dedicadas a esta actividad en la ciudad.

En medio de este escenario surge la incógnita sobre el estado en el que se encuentran los casos de los años 2020, 2021 y 2022, cuando comenzaron a surgir las quejas en torno a la forma en cómo se levantaron decenas de vallas en Guayaquil, acompañadas de denuncias ciudadanas sobre la contaminación visual que estas les generaba.

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Al respecto, Luis Alfonso Saltos, director de Proyectos y Urbanismo de la Alcaldía, explica a EXPRESO que, en torno a estos casos “ya existen procesos para el cobro de los años anteriores y que, agrega, también serán “beneficiados de este proceso”.

“Lo que buscamos es una transparencia y una regularización en el caso de los cobros, y también es una contraparte de la empresa privada o propietarios”, cuenta Saltos, quien al contestar sobre si ya se ha logrado identificar a aquellos dueños de rótulos que están plantados entre parterres o aceras, revela que en algunos casos sí, pero que son procesos que manejan otras direcciones. Él se limita al control y a notificar cuando haya algún proceso que tal vez no encuentre.

Es preciso recordar que, acerca de las vallas publicitarias en Guayaquil, la Contraloría General del Estado aprobó un informe en torno al examen especial que ejecutó por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2022 (administraciones de Jaime Nebot y Cynthia Viteri). Y, teniendo en cuenta que según los hallazgos de la gestión actual, de 476 vallas y rótulos publicitarios identificados solo 33 estaban regularizados; se le cuestionó por qué es que siguen levantadas las monumentales estructuras en los espacios públicos de la ciudad.

Sobre este cuestionamiento el también planificador urbano argumenta que se tiene que manejar el “debido proceso”. Lo desarrolla: “Hay procesos administrativos que requieren tomar su tiempo para poder generar hasta un retiro en su momento...”, señala al hacer énfasis que no se espera cometer los mismos errores.

En el marco de esta situación se sabe que se está ‘cocinando’ una nueva ordenanza que regirá a partir del 2024 y que ya recibió el visto bueno del Concejo Cantonal hace unas semanas. En esta se prevé solucionar no solo los problemas relativos a la parte administrativa, sino también a poner reglas claras a todos los que se dedican a esta actividad económica, ya sea desde el empresario hasta el soldador.

Cuáles serían esas novedades establecidas en esta nueva normativa y qué se la diferencia de la que ya existe, son otras dudas que rondan por las ‘alturas’ de las vallas, incluidas las pantallas led.

Saltos adelanta que (la norma) se la está aterrizando a una mejor forma de las características y lineamientos para su colocación. Promete, por ejemplo, el manejo de conceptos como el de la contaminación visual (una problemática lanzada no solo por ciudadelas sino por conductores que alguna vez señalaron que habían más vallas que árboles en Guayaquil), así como cuando sea el caso de colocarse en áreas verdes. “Ya hemos tenido la experiencia de todo lo ocurrido en estos años”, admite.

Ahora bien, en relación con lo que determinó la Contraloría en su momento -emitiendo recomendaciones incluso a direcciones municipales- cuenta que la entidad sí les ha pedido “cierta información” a la nueva administración y que “se están cumpliendo dichas observaciones”. Que esa apertura, dice, se da a cualquier otro organismo de control que lo solicite, como es el caso de la Fiscalía.

Saltos está consciente de que las expectativas de la ciudadanía estaban direccionadas a un giro de 180 grados, sobre todo en la forma de manejar la ciudad, pero como todo proceso de planificación pide tiempo.

Esa misma ciudadanía es la que hoy pide acciones efectivas, que haya una hoja de ruta a favor del orden y que exista la regularización para todos.

Por ejemplo, en el tema de la contaminación visual, Carlos Mora, que se moviliza de una ciudadela de Daule a Guayaquil para trabajar, considera que es uno de los temas apremiantes. “La Pedro Menéndez, la vía a Daule y la del Bombero, son algunas en las que he visto muchas de las vallas y claro está que se señaló que no tenían su regularización, si no cumplen ahora se debe ya poner un punto final. La ciudad debe poner un orden en este y todos los casos señalados”, sentencia.

Nathalia Mejía, quien habita en vía a la costa, coincide y exige que aceleren los tiempos para ponerle orden a la ciudad.

“Entiendo que fue en la administración anterior que se feriaron estos rótulos y que se manejó el dinero como les dio la gana. No obstante, el orden debe ya darse. No entiendo por qué aún no está identificado los nombres de quienes se burlaron del sistema y de la ciudadanía, en conjunto con el Municipio en las administraciones pasadas. Esa lista debería ser ya pública. Las sanciones deberían ya estar puestas, no lo entiendo. Guayaquil está más gris que nunca: sin árboles, sin sombra, con las estructuras ‘desnudas’ de los rótulos; o con estos multiplicados a tal punto que uno no ve ni el cielo porque lo que hay son vallas y más vallas... ¿Dónde está la sanción? No entro en razón cuando las autoridades nos piden a los votantes que le demos más tiempo... Lo han tenido, la lista de infractores debería ser pública ya. Ahora”, señaló.

La ciudadanía está a la expectativa de la fecha del ultimátum para conocer la cifra de cuántas estructuras finalmente ya obtendrán el ‘sello’ de la regularización. Y, claro, están a la espera igual de saber cuánto se ha podido recaudar y cuál será el destino de “tan esperado” dinero. A esperar.