Prefectura: "El Municipio habla desde las emociones, pero actuamos según la ley"

El caso Los Ceibos desató un enfrentamiento entre el Municipio de Guayaquil, que denunció una “jugada política” y un “acatamiento ciego”, y la Prefectura del Guayas, que justificó su accionar con un informe técnico del Ministerio de Ambiente. La polémica subió de tono el lunes 28 de julio, cuando el alcalde acusó a la prefecta Aguiñaga de “violar” la Constitución.

Para contrastar estos señalamientos, la directora de Gestión Ambiental de la Prefectura, María Auxiliadora Jácome, habló con EXPRESO. Ella es una profesional con 20 años de experiencia en el sector ambiental. Es ingeniera ambiental y magíster en Ingeniería Sanitaria. Ha liderado procesos claves, incluyendo la Dirección Nacional de Control Ambiental.

- El Municipio defiende que la resolución es “inmotivada”. ¿Por qué suspendieron el paso elevado?

- El Ministerio del Ambiente (Maate) nos pidió la suspensión temporal de la obra, para ellos poder evaluar el permiso ambiental que se había otorgado. El 23 de julio, el Ministerio nos comunica que, tras su evaluación, encontraron inconsistencias en la información. Yo no estoy diciendo que las tenga. Con el proceso lo que se busca es, por la vía legal, conocer si en verdad existen pruebas o no para determinar estas inconsistencias.

- ¿Cuáles son esas inconsistencias?

- Por ejemplo, hay diferencias en las coordenadas del proyecto entre el estudio de prefactibilidad y el permiso ambiental. Además, de los componentes o actividades del proyecto que el Municipio señaló, el Ministerio dice que se equivocan en uno. El Municipio lo cataloga como “construcción de obra civil”, pero el Ministerio, tras una simulación, lo clasifica como “construcción de carreteras, calles, autopistas”. Este cambio implica la necesidad de una licencia ambiental y no solo un registro.

- ¿Pero por qué no detectaron esas irregularidades en 2023, cuando se emitió el registro ambiental?

- Nosotros evaluamos la información que el Municipio subió en ese momento, pero el Ministerio usó datos más recientes, de 2024. Es como si compraras un terreno con una idea en 2023 y luego el arquitecto, con nueva información, te pidiera cambiar los planos.

- ¿O sea que falsificaron información?

- La información del Ministerio del Ambiente no coincide con la que presentó el Municipio. No puedo afirmar si hubo falsedad; eso lo determinará el proceso. Como Prefectura, no revocamos permisos, pero sí iniciamos un proceso administrativo porque la infracción señalada es “muy grave”. 

- La coordinación legal municipal advierte de “inconstitucionalidad” en el accionar de ustedes

- Comprendo que cuando uno se siente afectado, como es el caso del Municipio, se tiende a hablar desde la emoción. Sin embargo, nuestra responsabilidad es actuar apegados a la ley. El proceso también le garantiza al Cabildo la oportunidad de presentar sus descargos.

- ¿Hay otras obras en el radar de las “inconsistencias”?

No, pero hacemos seguimiento a todas. Recordemos que tenemos la competencia ambiental en el cantón, ya que la del Municipio está suspendida por el Maate.

- Y desde que tienen esa competencia, ¿sí se abastecen? Porque es Guayaquil más los otros cantones de la provincia.

- Estamos haciendo el control y seguimiento, despachando con la mayor brevedad posible. Es cierto que el Municipio no nos ha facilitado toda la información, aunque no podría precisar qué porcentaje falta.

- El Municipio se quejó de que les notifican “inconsistencias”, pero no las detallan. ¿Es cierto?

- Por supuesto que no. En el acto de inicio del proceso administrativo se les hizo llegar toda la información, incluyendo todos los anexos y el informe técnico del Ministerio. Ellos tienen toda la documentación. Si no la han revisado, ya es otro tema.

-. ¿Qué sigue ahora en este proceso? ¿Cuánto tiempo tomará?

El proceso administrativo como tal tiene un tiempo que demora entre 30 y 45 días hábiles. Ahorita, los primeros 10 días, el proceso administrativo inicia. Yo le pongo en conocimiento al Municipio y le pido que presente la documentación solicitada aquí, que es información básica como RUC y cédula del representante legal. Después de esos 10 días va lo que son las pruebas, entra la etapa de defensa y sustento legal.

- ¿Y la decisión final será una paralización completa o la reanudación? ¿O hay una tercera opción de prorrogar?

- No, aquí lo que corresponde es determinar si existen o no inconsistencias. Esas son las dos posibles conclusiones del proceso: que no haya inconsistencias y la obra continúe, o que sí las haya y se proceda a suspender y revocar el permiso. No puedo anticipar un resultado porque hacerlo sería prevaricar. Lo que sí puedo asegurar es que actuaremos conforme a la normativa, de manera imparcial e independiente.

- ¿No considera incómodo ser la entidad en medio de la disputa?

- Es una posición bastante incómoda, ciertamente. Estamos buscando dar una respuesta a la ciudadanía. Es importante recordar que actuamos a partir de las disposiciones del Ministerio, que a su vez respondió a denuncias ciudadanas en redes sociales, algo que la normativa sí nos obliga a atender.

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