Poveda responde a la Asamblea por auditorías al agua: “Es un show político”
El Municipio rechaza el pedido de fiscalización a Interagua y Emapag y lo califica como inconstitucional y político
La respuesta del Municipio de Guayaquil no tardó en llegar. Menos de 24 horas después de que la Asamblea Nacional aprobara una resolución para pedir auditorías especiales a Interagua y a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapag-EP), el coordinador legal de la Alcaldía, César Poveda, dio una rueda de prensa en la que criticó el papel de la Asamblea y defendió la calidad y servicio de agua potable que recibe la ciudad.
Desde el Salón de la Ciudad, este 23 de enero, Poveda no solo rechazó el pedido del Legislativo, sino que lo calificó como inconstitucional, parte de una estrategia de persecución política contra gobiernos locales no alineados con el poder central y un intento por instalar —según dijo— una crisis ambiental que “no existe”.
El detonante: la resolución de la Asamblea
El origen del choque, como publicó EXPRESO, está en una resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional con 77 votos a favor, mediante la cual se exhorta a la Contraloría General del Estado a realizar auditorías especiales a Interagua y Emapag-EP.
El objetivo, según el texto legislativo, es evaluar la gestión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Guayaquil, en medio de reclamos ciudadanos, alertas técnicas y denuncias sobre descargas industriales sin tratamiento adecuado en el río Daule, principal fuente de abastecimiento de la ciudad.
Además de las auditorías, la Asamblea solicitó que las entidades auditadas presenten informes trimestrales al Legislativo y que estos sean de carácter público. Ese punto fue uno de los que más incomodó al Municipio.
“La Asamblea no puede fiscalizar a un GAD”
Poveda abrió su intervención cuestionando la legalidad del pedido legislativo. Afirmó que la Asamblea no tiene facultades constitucionales ni legales para fiscalizar a un gobierno autónomo descentralizado. “El único órgano con capacidad jurídica para fiscalizar a este municipio es el Concejo Municipal. Si hacen otra cosa, están alterando directamente el orden constitucional”, sostuvo.
En su lectura, el exhorto a la Contraloría, aunque no sea una orden directa, constituye una intromisión indebida en competencias que —dijo— no le corresponden al Legislativo.
Calificó el informe aprobado como “antijurídico, antitécnico y burdo”, y lo vinculó con lo que llamó “la vieja confiable del agua”, un tema que —según Poveda— se reactiva cada vez que se busca atacar políticamente a Guayaquil.
Un patrón político: Quito y Guayaquil
El funcionario fue más allá del plano técnico y colocó el episodio en un escenario de disputa política nacional. A su criterio, no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón de presión contra gobiernos locales que no responden al Ejecutivo. “Primero fue Quito, hoy es Guayaquil. Da la casualidad de que son gobiernos que no están alineados con los intereses del poder”, afirmó.
En ese marco, defendió al alcalde Aquiles Álvarez, a quien describió como una figura incómoda para el poder central, y denunció el uso de instituciones del Estado para “perseguir y amedrentar”.
La defensa técnica: calidad del agua y estudios
Tras el bloque político, Poveda entró en la defensa técnica del servicio de agua potable. Mostró documentos y estudios que, aseguró, desmontan la narrativa de contaminación.
Entre ellos destacó un certificado de calidad del agua emitido por el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), con vigencia hasta 2028; cuatro estudios realizados en diciembre de 2025 por la Espol, que —según dijo— descartan la presencia de residuos fecales en el agua que consumen los guayaquileños; y un análisis adicional de Deltares, una firma técnica de origen holandés.
“El agua que consumen los guayaquileños es la de mayor tratamiento a nivel nacional”, aseguró.
Poveda reconoció problemas históricos en el manejo de aguas residuales, pero los atribuyó al crecimiento demográfico y a obras heredadas inconclusas.
La planta Los Merinos y la herencia municipal
Uno de los ejes de su defensa fue la planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos. Según Poveda, cuando la actual administración asumió el control del Municipio, la obra tenía apenas un 13 % de avance, pese a que debía estar terminada años atrás.
Actualmente —afirmó— el proyecto registra un 71 % de ejecución, y forma parte del plan de acción que, según la Asamblea, no se estaría cumpliendo. “Dicen que el plan no existe, pero es la obra que está en ejecución”, señaló.
Poveda también confirmó la notificación de un procedimiento sancionador administrativo contra Emapag-EP e Interagua, por un monto de 71.000 dólares para cada entidad.
Sostuvo que se trata de un intento de sancionar dos veces los mismos hechos, lo que —en términos jurídicos— constituiría una violación al principio de non bis in idem (no doble juzgamiento).
Poveda acusó a sectores del poder de utilizar el tema del agua para desviar la atención de otros escándalos nacionales y aseguró que el Municipio no se quedará callado. “Esta ciudad no se arrodilla ante nadie y no lo va a hacer jamás”, dijo.
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