Once tortugas fueron evacuadas a un lugar seguro para que no sean afectadas por el estruendoso ruido que provocaron los fuegos artificiales que se lanzaron la noche del 1 de julio, en una fiesta privada realizada en una zona protegida a orillas del mar, en el kilómetro 10.5 de la vía a Data de Villamil, en Playas. De las 11 especies, una bebé y otra adulta resultaron afectadas por el ruido que llegó a 100 decibeles, según los análisis ejecutados, cuando las tortugas soportan un ruido de no más de 8, según los miembros de la Fundación Ecodata, cuyo centro de rehabilitación de tortugas está ubicado a 500 metros de donde se llevó a cabo el festejo.

A 4 días del hecho que generó una serie de críticas, como publicó EXPRESO; la directora municipal de gestión ambiental, Karen Lindao informó que previo al evento, inspeccionaron el área y emitieron un informe técnico sobre los daños que podría causar la celebración. “Cumplimos con informar porque el gobierno autónomo municipal no tiene injerencia de dar permiso para realizar estos festejos; además porque es un área protegida y el control está en manos de Ambiente”, sostuvo.

La funcionaria reconoció que en este evento se vulneraron los derechos de la flora y fauna, y que hubo un gran impacto ambiental, puesto que “se metió maquinaria pesada que rompió las dunas, se instaló una tarima gigante y hubo ruido toda la noche”.

Añadió que cuando estuvieron en el sitio, no hubo persona responsable de la fiesta, sino que trabajadores que levantaron la tarima. “Desconocemos, por lo tanto, a los organizadores”, declaró Lindao; generando con su contestación un rechazo total entre la ciudadanía que criticó que la Alcaldía actúe “solo como testigo del daño y no mueva un dedo por evitarlo”.

“Así sea un área privada, en un evento y vulneración de este tipo, el alcalde sí puede y debe frenarlo. ¿Dónde está el reclamo? ¿Dónde está la sanción?. El alcalde Gabriel Balladares se está lavando las manos, aquí la culpa es de todos, incluido el Cabildo”, aseguró el guayaquileño Omán Santiesteban, quien vive en el balneario.

A juicio del procurador síndico municipal, Juan José Guerrero, el Ministerio de Ambiente debe ser el organismo que tome las medidas legales para cuantificar y cualificar los daños causados. Las investigaciones ya se están realizando, precisó, al adelantar que existe ya un convenio con Ambiente para proteger la flora y fauna.

“Quiero dejar claro que el Cabildo solo es veedor de que se cumplan las normas correspondientes. Somos una entidad que ayuda al Ministerio”, defendió el síndico; sin lograr que la población cambie de parecer.

“Si saben que es un área protegida, un área viva, deberían actuar al instante. Emitir un papel, un informe y dejar que hasta estén en riesgo de morir las especies los convierte en cómplices”, se quejó Analía Carvajal, residente.