
Paso elevado Los Ceibos: Colegio de Abogados y de Arquitectos se pronunciaron
La obra, detenida por orden de Ambiente, desata una pugna técnica, legal y política entre autoridades y moradores
El debate por la suspensión del paso elevado en la avenida del Bombero, en Guayaquil, sumó nuevos protagonistas. Esta semana, el Colegio de Arquitectos del Guayas (CAE-G) y el Colegio de Abogados del Guayas se pronunciaron públicamente a favor de la obra, cuestionando la decisión del Ministerio del Ambiente (MAATE) que ordenó paralizarla. Ambas instituciones consideran que el proyecto cuenta con sustento técnico y legal, y advierten que su interrupción genera efectos negativos para la ciudad.
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Arquitectos defienden el diseño urbano
En un comunicado difundido el pasado 16 de julio, el Colegio de Arquitectos expresó su “respaldo firme” a la continuidad del proyecto, al considerar que responde a una necesidad vial impostergable y a una planificación arquitectónica y paisajística integral.
“El paso elevado en la avenida del Bombero no solo alivia la congestión, sino que dignifica la experiencia del peatón, respeta la vegetación preexistente y articula ejes clave como la vía Perimetral, vía a Daule y otras conexiones urbanas de alta demanda”, señaló el gremio.
El CAE-G también argumenta que la paralización de la obra, concebida bajo criterios técnicos y ambientales, pone en riesgo beneficios urbanos concretos:
- Descongestión del tráfico vehicular en una zona crítica.
- Ordenamiento del espacio público con señalización, equipamiento y paisajismo.
- Accesibilidad universal para personas con movilidad reducida.
- Armonía visual y funcional con el entorno residencial y comercial de Los Ceibos.
La institución concluye su pronunciamiento con un llamado a las autoridades a reactivar de forma inmediata la ejecución del proyecto, garantizando supervisión interinstitucional y participación ciudadana. “Guayaquil necesita decisiones coherentes, obras responsables y espacios dignos para todos sus habitantes”, indicó.
Abogados piden respeto al debido proceso
Por su parte, el Colegio de Abogados del Guayas también cuestionó la legalidad de la suspensión. En un documento firmado por su presidente, Jorge Yánez Barrera, el gremio de juristas recordó que ninguna autoridad ambiental está por encima de la Constitución ni de las leyes que rigen el marco ambiental ecuatoriano.

“No nos oponemos a la protección ambiental, pero exigimos que se cumpla con la ley y el debido proceso”, señalaron, enfatizando que el proyecto cuenta con todos los permisos ambientales requeridos, incluso con exigencias técnicas de organismos internacionales que financian la obra.
El gremio expresó su preocupación por lo que consideran una suspensión “sin fundamentos debidamente motivados” y advirtió que decisiones de este tipo afectan el desarrollo ordenado de la ciudad y la confianza en las instituciones públicas.
“Llamamos a las autoridades a sentarse en una mesa de diálogo, con participación de todos los actores, para analizar las graves implicaciones jurídicas, económicas y sociales de frenar un proyecto que ya ha pasado controles rigurosos”, concluyó el comunicado.
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Una disputa que se libra también en tribunales
La controversia escaló al plano judicial. El pasado 15 de julio, el colectivo ciudadano Acción Los Ceibos logró que el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil revocara parcialmente su propia decisión anterior y aceptara la práctica de nuevas pruebas ambientales solicitadas por los moradores del sector.
El tribunal ordenó al Ministerio del Ambiente certificar si el Municipio cuenta con la licencia ambiental correspondiente y, de ser así, bajo qué categoría de impacto se encuentra clasificada la obra. También dispuso la realización de un peritaje ambiental que determine el impacto real y potencial del paso elevado en el entorno.
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Aunque los costos del peritaje deberán ser asumidos por los accionantes, el colectivo anunció que organizará actividades para recaudar fondos. “Esto es una defensa de nuestros barrios, nuestros cerros y nuestras vidas”, expresaron en un comunicado.
Reacciones de las autoridades: Aguiñaga vs. Álvarez
La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, respondió públicamente al alcalde Aquiles Álvarez, quien ha insistido en que la paralización carece de sustento técnico. Aguiñaga aseguró que la Prefectura actúa conforme a la ley y en cumplimiento de la notificación emitida por el MAATE.
“Nos llama la atención que se critique a una autoridad por cumplir la ley. ¿En qué clase de país nos estamos convirtiendo?”, expresó Aguiñaga, durante un evento en el Centro de Convenciones de Guayaquil.
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Álvarez, en cambio, acusó a las autoridades ambientales de frenar una obra con permisos y estudios técnicos, por presiones políticas. “Entendemos que la Prefectura prefiere acatar para evitar problemas políticos. Nosotros enfrentamos”, dijo.
Rechazamos la suspensión de una obra para la que se cumplieron todos los procedimientos. No hay sustento legal ni técnico para impedir que Guayaquil avance.
— Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) July 11, 2025
Ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo planificado de la ciudad, en estricto cumplimiento del marco normativo… pic.twitter.com/YYwYBQUaOX

La construcción de dos pasos elevados en la avenida del Bombero —uno en la intersección con la avenida Leopoldo Carrera y otro más adelante— forma parte del “Programa CAF XVI” de fortalecimiento vial urbana. El proyecto fue presentado por el Municipio como una solución estructural al congestionamiento vehicular en Los Ceibos y zonas aledañas, pero ha generado rechazo entre vecinos que cuestionan su impacto ambiental y su planificación.
"No podemos mejorar a Guayaquil con más cemento, eso es imposible. Arquitectos y urbanistas han dicho decenas de veces que esa no es la solución. No entiendo como ahora el Colegio de Arquitectos del Guayas apoya esa idea. No me parece idóneo. Me sorprende su postura... Y es que en el mundo está comprobado que entre más concreto hay, más carros también hay. Aquí las medidas deben ser otras y lo saben: mejoras en el transporte público, ciclovías", señaló Romina Santiestevan, guayaquileña e ingeniera comercial
De forma similar opina la líder barrial Mandy Caicedo, quien advierte que con la obra que se pretende levantar no se descongestiona ni vía a la costa ni el tramo de la avenida del Bombero que se enlaza con la Carlos Julio Arosemena y es, históricamente, la más crítica. "¿Por qué no descongestionan esos puntos primero? Eso sería de gran ayuda, no poner semejante obra en un punto donde no corresponde", sentenció.
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Con la nueva etapa de diligencias judiciales, el futuro de la obra dependerá de los informes técnicos que emitan el Ministerio del Ambiente y el perito ambiental designado. La resolución final del tribunal marcará un precedente sobre cómo se manejan los conflictos entre desarrollo urbano, participación ciudadana y cumplimiento ambiental en Guayaquil.
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