Municipio de Guayaquil opera con sistemas de videovigilancia obsoletos

El año recién comienza y, como es habitual, cientos de ciudadanos acuden al Palacio Municipal para cancelar el impuesto predial y la polémica Contribución Especial de Mejoras (CEM). Sin embargo, si en medio de la marea humana se produjera un delito o algún hecho que altere el orden, existe la posibilidad de que no quede registrado como se espera, debido a las fallas en las cámaras de seguridad del lugar.

Un escenario similar podría repetirse en otros espacios municipales. Por ejemplo, si en los parqueaderos de la Terminal Terrestre se registrara un altercado o un robo, este también correría el riesgo de no ser documentado de manera adecuada por los sistemas de videovigilancia.

Ese es el panorama que se expone en varias instituciones de la Municipalidad. Así lo revela el informe de necesidad del proceso cuyo objeto es la “adquisición de equipos y sistemas para la implementación de plataformas de seguridad en instituciones municipales”, a cargo de Segura EP.

El documento advierte la urgencia de implementar o renovar los sistemas de videovigilancia, que actualmente presentan obsolescencia, fallas técnicas o, en algunos casos, ausencia total de cobertura tecnológica.

Esta situación impacta de forma directa en la seguridad física y operativa de las instituciones municipales y trasciende el ámbito interno, pues también afecta a los ciudadanos que acuden a estas dependencias para realizar trámites, presentar denuncias o solicitar información.

Un memorando interno determinó que el 73 % del total de las cámaras auditadas no se encuentra operativo, ya sea por fallas de hardware, obsolescencia tecnológica o falta de mantenimiento. A ello se suma la incompatibilidad entre las plataformas de gestión y los dispositivos existentes, lo que impide la consolidación centralizada del monitoreo en la sala de control de Segura EP.

Hallazgos en el informe de necesidad

El informe también advierte que varias ubicaciones consideradas críticas, como los centros de atención ciudadana, carecen por completo de cobertura de videovigilancia, lo que genera vacíos de control y mayor vulnerabilidad en los perímetros institucionales. Asimismo, se señala que la mayoría del equipamiento existente supera los cinco años de vida útil. Estos hallazgos ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades para la adopción de acciones correctivas.

EXPRESO realizó un recorrido por algunas dependencias municipales y constató la presencia de cámaras con suciedad acumulada o cableado expuesto, como ocurre en ciertos puntos del Palacio Municipal.

Entre la ciudadanía existe preocupación. “En los tiempos que vivimos, con tantos casos de muertes y asaltos, es importante que se corrijan o se compren cámaras nuevas. Con el tema de los impuestos, es el momento; con esto el Municipio se queda ciego”, comentó Manuel Torres. Por su parte, Carmen Morales, residente de Urdesa, considera necesaria la renovación de los equipos.

“Más que por la seguridad de los que están adentro, es por todos. Es público hoy que no hay zona libre de violencia en la vía pública”, señaló.

Son más de 700 cámaras

Según el informe, la adquisición contempla más de 700 cámaras de videovigilancia, además de grabadores de video y otros equipos complementarios. El objetivo es fortalecer la infraestructura de videoseguridad y mejorar la capacidad de respuesta institucional frente a eventos de seguridad y emergencias ciudadanas.

No obstante, el proceso, que cuenta con un presupuesto referencial de $ 1,2 millones sin IVA, se encuentra actualmente suspendido por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

El Municipio responde a EXPRESO

Sobre este tema, Fernando Cornejo, director municipal y presidente del directorio de Segura EP, explicó a EXPRESO que la calificación de “obsoletas” responde a la evolución tecnológica. “Las tecnologías en cámaras de videovigilancia, por lo general, tienen un periodo de tres a cinco años. Que sean obsoletas no quiere decir que no funcionen”, afirmó.

Consultado sobre cuántas cámaras están operativas, indicó que sí funcionan, pero con limitaciones: que un 6 o 7 % del total que existen no están operativas, dijo.

“No se puede conseguir lo que hoy se busca. Son cámaras que ya tienen su tiempo, no como las actuales, que son más exactas: permiten un mejor zoom, una mejor identificación de rostros y mayor alcance del lente”, señaló.

Cornejo confirmó que el proceso continúa suspendido en el Sercop y manifestó que la expectativa municipal es que se reactive durante este 2026. Detalló su postura frente al contrato y otros aspectos relacionados (ver entrevista adjunta).

Cornejo: “Hay un porcentaje inoperativas, pero no es el 73 %”

¿Qué tan expuestos han quedado los ciudadanos al tener cámaras, en las entidades municipales, inoperativas?

Hay un porcentaje inoperativas, pero que no es el 73%, una cosa es inoperatividad otra cosa es obsolencia en la tecnología.

¿ Ycuántas están inoperativas?

Te lo puedo confirmar con el informe, pero me parece que tiene que ser un 6% o 7% del 100%.

El informe señala el 73%.

En obsolencia.

El tema es grave. Que existan cámaras en este estado, con cables expuestos y en desuso... Hay ciudadanos pagando impuestos en el Municipio, ¿cómo queda registrado? Por eso se planteó este contrato, pero está suspendido. ¿Qué ocurre en el Sercop?

Lo vemos como una inquietud y preocupación porque son procesos estratégicos para la seguridad de los ciudadanos que han permanecido durante algunos meses paralizados. Hemos hecho algunas insistencias y hasta el día de hoy no existe una irregularidad que pueda haber sido comprobada por el Sercop. Entendemos que tenga que hacer controles preventivos, aplaudimos esos controles, pero cuando realmente son controles preventivos y no con tintes políticos.

¿Y en este caso?

Para nosotros, están prolongando la resolución, no es que nos han dicho “esta irregularidad”, sino que está suspendido. Es una preocupación y nunca vamos a dejar a los ciudadanos expuestos y, como mencionaba, para el tema de prediales hemos tenido que movilizar cámaras de otros puntos porque sí habían algunas que tienen que estar con una tecnología de punta, sobre todo aquí en el Municipio donde se recibe el 70 % de los cobros.

En mayo serán tres años de esta gestión municipal. ¿Por qué no se le dio mantenimiento o era necesario cambiar?

Una cámara se puede volver obsoleta de 3 a 5 años, esos son los tiempos de la tecnología.

¿Y qué garantía hay que con esta nueva adquisición y, con el mismo tiempo o se amplia?

El mismo tiempo; la tecnología va avanzado.

¿Son más de 700 cámaras?

Correcto.

¿O sea que en cada 3 a 5 años se tendrá que comprar equipos?

Para las instituciones (municipales), recordemos que Guayaquil tiene mas de 34.000 cámaras; usted acaba de hablar de 700 cámaras.

Claro, ¿pero cada 3 o 5 años se tiene que obligadamente hacer ese gasto, de 1,2 millones de dólares para comprar?

Si es que ya tienes un software, o sea nuestro software lo demanda. ¿Qué demanda? Tener una cámara de mejor imagen, analítica, placas y demás.

Espera que se apruebe.

Sí, estamos esperando la respuesta del Sercop porque Guayaquil necesita avanzar; la seguridad es integral y no puede quedar entrampada en trámites que se han prolongado y que no afectan a la institución, quienes se ven afectados son los ciudadanos que asisten a las distintas instituciones del Municipio.

Un ciudadano me dijo que, ante esta problemática, el Municipio se “queda ciego” puertas adentro.

Imagínese usted: el ECU911 no tiene ni 4.000 cámaras en el país, Segura EP tiene 34.000 en Guayaquil; creo que son 900 las que tiene el ECU, entonces poner trabas a los procesos de videovigilancia no van a afectar ni al alcalde, ni al Municipio, ni a Segura; lo que está haciendo el Sercop claramente es afectar a la ciudadanía.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!