Un respiro frágil llega a Durán tras la intervención militar

La presencia de militares y policías recorriendo las calles de Durán, uno de los cantones más golpeados por la violencia en el país, ha generado una sensación de alivio entre sus habitantes. Pero ese alivio no es sinónimo de tranquilidad. Es un descanso breve, casi inestable, que muchos temen que se rompa cuando los operativos terminen.

Operativos militares y policiales buscan recuperar el control de la ciudad

Desde el pasado 26 de octubre, como lo ha venido publicando EXPRESO, más de 7.000 uniformados fueron desplegados en distintos puntos del Guayas como parte de la “Operación Guayaquil, Tregua Cero”, con la finalidad de recuperar territorios, desarticular estructuras delictivas y retomar el control de zonas que han permanecido sometidas por grupos criminales. En Durán, esa intervención ha dejado como resultado la captura de delincuentes, la incautación de armas y municiones, y el desmantelamiento de una red de falsificación de documentos de tránsito, una evidencia más de la infiltración de la corrupción en instituciones públicas, como ya se ha denunciado también en Manta y Guayaquil.

Sin embargo, la percepción entre quienes viven en esta ciudad no es de victoria, sino de incertidumbre. Claudia Romero, residente desde hace tres décadas, observa los operativos con una mezcla de agradecimiento y desconfianza. Dice que la presencia militar sí ha cambiado el ambiente de las calles; los vecinos, aunque de a poco, vuelven a moverse con un poco más de seguridad. Pero insiste en que esa sensación es temporal.

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¿Y después de los controles, qué pasará? 

Para ella, cuando los uniformados se retiren, Durán volverá a ser ese territorio donde el miedo gobierna. “La experiencia de los últimos años me ha enseñado que los momentos de calma suelen ser breves y que, después de cada intervención, el delito regresa con más fuerza. Por eso insisto en qué pasará. ¿Después de los controles, qué?”, cuestiona.

Mónica Murillo, dueña de un restaurante que, a causa de las extorsiones, se ha visto obligada a cerrar las puertas de su negocio, cree que un territorio fracturado, con barrios controlados por diferentes estructuras criminales, donde la gente vive condicionada por la extorsión, las amenazas y la muerte constante, no puede “librarse del mal así por así, por la presencia de los agentes”.

Para ella, incluso si los operativos se mantuvieran durante meses o años, el problema no desaparecería, solo quedaría cubierto por una capa superficial de vigilancia. Lo que está dañado -dice- no es solo la seguridad: es la estructura política, la administración local, la capacidad del Estado de sostener una presencia real. Reclama la sensación de abandono institucional.

Corrupción e inacción política profundizan la sensación de abandono

“Durán es una favela. Si hay operativos múltiples, todo se calma, pero solo por un tiempo. Los criminales se esconden, pero vuelven a atacar. Se adaptan a los cambios”, señala la también docente.

Durante estos primeros días, la violencia no ha desaparecido. Se han registrado robos, extorsiones y asesinatos, a pesar de los controles. Y aunque se han ejecutado capturas y se han realizado allanamientos que revelan redes criminales complejas, los habitantes señalan que estos resultados, si no vienen acompañados de transformaciones profundas, serán apenas parches.

Según lo anunciaron las autoridades, la presencia del Bloque de Seguridad es “indefinida” (hasta segunda orden). Pero en Durán, la palabra indefinida ya no genera confianza.

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“La ciudad ha visto pasar operativos, anuncios y despliegues; ha visto autoridades llegar y desaparecer, y ha escuchado promesas que se repiten como un eco y se diluyen en el tiempo. Al final, todo vuelve a ser igual. ¿Qué pasará cuando los camiones, los fusiles y los puntos de control se retiren? En Durán, nadie cree que esta tregua sea permanente. Y cómo creerlo, si la corrupción es profunda y ni siquiera tenemos una autoridad local presente. Nadie pide que el alcalde arriesgue su vida si enfrenta amenazas, pero si no puede ejercer el cargo, entonces debe dar paso a quien sí pueda. Durán está abandonada”, cuestiona.

La violencia no desaparece, solo se reorganiza y se traslada

Pero qué dicen las autoridades al respecto, ¿realmente sirve la presencia militar para combatir el crimen organizado?

La respuesta, para quienes observan de cerca la situación, es que sí puede generar efectos inmediatos, pero también que su alcance es limitado y frágil. La intervención militar puede contener, pero no transformar, advierten los especialistas consultados por este Diario.

Para el especialista en seguridad ciudadana y criminología John Garaycoa, el despliegue masivo de uniformados puede reducir temporalmente algunos delitos, aumentar la percepción de seguridad y facilitar operativos conjuntos más efectivos. Esa presencia visible en las calles, afirma, tiene un efecto disuasivo y devuelve a la población algo de capacidad para moverse, trabajar y habitar el territorio. Pero aclara que este equilibrio es delicado: las bandas criminales no desaparecen, se reorganizan, se ocultan, se desplazan a zonas donde el control estatal es más débil. La violencia, simplemente, se mueve, advierte.

Frente a ello, Garaycoa insiste en que una intervención sostenida solo sería posible si se acompaña de cinco condiciones mínimas: una conducción ejecutiva clara, coordinación legal entre las instituciones de justicia, financiamiento estable, control interno para evitar corrupción dentro de las propias fuerzas del orden y una administración eficiente de los recursos. Si alguno de esos elementos falla -y varios ya lo hacen, como han asegurado en repetidas ocasiones los ciudadanos y especialistas- la estrategia se erosiona. A ello se suman riesgos altos: violaciones a derechos humanos en escenarios de alta tensión, estigmatización de barrios enteros y desgaste extremo del personal operativo.

“Si no se atienden las causas profundas del crimen -la falta de oportunidades, la marginalidad, el control social ejercido por las bandas- lo que se logra es apenas postergar la violencia”, piensa.

Desgaste operativo y riesgos de derechos humanos ante la presión policial

Para el exsecretario de Seguridad del Estado, Wagner Bravo, quien coincide con él, el despliegue de 7.000 militares en la provincia del Guayas revela una crisis estructural. Con solo 42.000 efectivos para enfrentar simultáneamente crimen organizado, minería ilegal y amenazas armadas, las Fuerzas Armadas se ven obligadas a “estirar” su capacidad moviendo tropas de un territorio a otro, debilitando otros frentes, incluyendo la protección de fronteras. Lo ideal, sostiene, sería contar con al menos 80.000 efectivos. La brecha es amplia y sostenida en el tiempo: 25 años sin fortalecer la capacidad institucional dejan consecuencias.

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Bravo advierte que, si esta dinámica continúa, el sistema puede llegar a un punto de agotamiento físico, psicológico y logístico. Y hace énfasis en algo que la gente en territorio ya sabe: las bandas no se disuelven con operativos; se repliegan, observan y vuelven.

“Esta vez solo pedimos que hagan las cosas diferentes. El alivio que sentimos es temporal y no merecemos eso. Merecemos desarrollo, seguridad y paz. Al menos algo de paz”, alega la residente Daniela Piedra.

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