¿Fiscalía investigará a Segura-EP por filtración de imágenes de cámaras de seguridad?

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa para determinar si la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad (Segura EP) difundió información reservada del sistema de videovigilancia de Guayaquil, en medio de la intervención estatal a la entidad encargada de las cámaras de seguridad de la ciudad.

La indagación se inició días después del allanamiento ejecutado la noche del domingo 15 de febrero en las instalaciones de Segura EP, ubicadas en la ciudadela Martha de Roldós, como parte de un acto urgente solicitado por la Policía Nacional tras alertas sobre el posible envío de imágenes a un servidor externo aún no identificado.

Allanamiento por presunta difusión de información reservada

De acuerdo con la Fiscalía, la diligencia respondió a reportes —basados en información reservada— que advertían sobre la posible transferencia de imágenes captadas por las cámaras municipales hacia un tercero privado, lo que constituiría una vulneración en el manejo de datos confidenciales vinculados a la seguridad ciudadana.

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Durante el operativo no se registraron personas detenidas. No obstante, los agentes levantaron indicios que ahora forman parte del expediente y que serán analizados para determinar si existió una difusión indebida de contenido restringido y si hubo responsabilidades penales en el manejo de esa información.

• La normativa vigente establece que los registros del sistema de videovigilancia deben permanecer almacenados únicamente en las instalaciones de la entidad municipal, bajo estrictos protocolos de custodia, por tratarse de material sensible para investigaciones y operaciones de seguridad.

¿Qué imágenes se habrían filtrado?

Aunque la causa está en fase preliminar, la principal incógnita gira en torno al tipo de material que habría sido compartido y el destino final de los datos. La Fiscalía no ha precisado qué imágenes habrían salido del sistema ni el alcance de la presunta filtración, pero confirmó que el proceso busca establecer si la difusión fue deliberada o resultado de fallas en los procedimientos internos de almacenamiento.

El análisis también se enfocará en determinar si el uso de servidores externos vulneró los acuerdos institucionales y la normativa que regula la administración de información estratégica generada por el sistema de cámaras.

Intervención del Gobierno y cuestionamientos al manejo de datos

El allanamiento se produjo en paralelo a la intervención operativa asumida por el Gobierno central en Segura EP. La medida fue anunciada por el ministro del Interior, John Reimberg, quien ingresó a las instalaciones acompañado de un contingente policial.

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El funcionario señaló que la empresa municipal habría incumplido un acuerdo ministerial relacionado con el resguardo de la información, al no mantenerla exclusivamente en sus propios servidores. Según su versión, los registros de las cámaras habrían estado en manos de un tercero privado, lo que representaría un riesgo para la seguridad de la ciudad.

Reimberg afirmó que la intervención se mantendrá hasta garantizar que el sistema opere bajo estándares de control que permitan enfrentar al crimen organizado y asegurar el uso adecuado de la información generada por la videovigilancia.

Emergencias recientes y dudas sobre la capacidad de respuesta

La apertura de la investigación se da en un contexto de cuestionamientos sobre la capacidad de reacción del sistema municipal de cámaras frente a emergencias recientes, como incendios ocurridos en el centro de Guayaquil. Estos episodios reactivaron el debate sobre la eficacia del monitoreo urbano y la gestión de la información en situaciones críticas.

Para las autoridades nacionales, las presuntas irregularidades en el almacenamiento de datos justificarían la intervención temporal de la entidad municipal. Desde el ámbito local, el caso abre un nuevo frente de tensión sobre quién debe administrar y custodiar la información estratégica que producen los sistemas de videovigilancia en la ciudad.

• El proceso se mantiene en etapa de investigación previa, por lo que no existen aún cargos ni procesados. En esta fase, la Fiscalía analizará los indicios levantados durante el allanamiento y evaluará si se configuró una infracción penal relacionada con la difusión de datos reservados o si se trató de fallas administrativas en los protocolos de custodia.

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