Que sí hubo control y también trazabilidad a la hora de entregar las tablets a los estudiantes, aseguraron ayer los exgerente de la Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y Educación (DASE) Jorge Acaiturri y Amalia Gallardo de Del Cioppo; al referirse a lo dicho el día anterior por Camilo Samán, titular de la dirección municipal, quien pese a no señalar a ningún funcionario específico, dijo que esas ventas ilícitas de los dispositivos que se están dando en la Bahía y de forma online, responden a la falta de control y el desorden en los procesos de entrega que hubo en los dos últimos años en la administración anterior.

Periodo en el que precisamente ambos funcionarios estuvieron a la cabeza de la DASE. Acaiturri, hasta agosto de 2022; y Gallardo, desde entonces hasta el cambio de administración.

En la entrevista que publicó el pasado 2 de agosto EXPRESO, Samán aseguró que la comercialización de esas tablets con los sellos de la DASE y del Municipio de Guayaquil que hallaron incluso en las perchas de la Bahía, lo que dio paso a una denuncia en la Fiscalía, refleja la falta de trazabilidad en el proceso.

“Cuando uno entrega un bien con dinero público, es obligación saber a quién se lo entregó, cuál es el número de cédula de quien lo recibió, que fue lo que al principio hicieron. Después ya repartieron los equipos a los colegios, todo al apuro (...). La verdad es que no hay un registro exacto de cómo fueron entregadas”, argumentó Samán.

Frente a ello Acaiturri, quien renunció a su cargo como concejal de Guayaquil para postularse a asambleísta nacional en los comicios que se aproximan, lo refutó, al defender que tanto él como Gallardo hicieron las cosas bien, y que de hecho está de acuerdo con que las autoridades ejecuten una investigación para saber quién o quiénes comercializaron los equipos, algo que en su administración -señaló- se hizo ya “en casos esporádicos. Pocos, pero registrados”.

“Estoy de acuerdo con la denuncia. Nunca en la vida voy a estar en contra de que se investigue por qué hay locales o personas que están vendiendo un bien que es público. Lo que sí quiero explicar es que a nosotros nos tocó enfrentar la pandemia y que recibimos decenas de miles de pedidos de ciudadanos que nos decían que sus hijos no tenían cómo estudiar de forma online porque no tenían equipos. Por eso decidimos ampliar la cobertura, pero el convenio de entrega se lo hizo con el Gobierno Nacional”, detalló, al asegurar que fue el Ministerio de Educación el que le entregó a la DASE el listado de los alumnos que requerían la tablet.

En relación a la entrega “y a fin de no involucrar a funcionarios municipales”, dijo Acaiturri (coincidiendo con Gallardo, que detalló que se hizo lo mismo durante su periodo), se hizo una subasta inversa electrónica para la operatividad, lo que implicaba crear una página web para que los jóvenes se inscriban y, según un cronograma, reciban el equipo.

“La recepción de la solicitud, el envío del certificado de autorización para los alumnos con la fecha, hora y lugar donde tenían que recibir su herramienta, consta con la firma de recepción del beneficiario para la entrega del dispositivo. A este programa se lo trabajó de forma institucional, nada relacionado con las elecciones, y se lo ejecutó según el calendario programado”, sostuvo Gallardo.

A decir de ambos funcionarios, desde que el programa se llamó Bachiller Digital, y durante sus gestiones, hubo ya denuncias esporádicas por la venta ilícita.

“A través de las redes sociales de la institución anunciábamos comunicados indicando que la entrega de tablets del programa era 100 % gratuita. Esto, a fin de que no se las compre y que la gente sepa que la venta estaba prohibida. Intentamos contactar a quien vendía en las redes, pero nunca comprobamos nada. Eso nos hizo pensar que todo quizás surgía por difamar el proyecto”, sentenció Acaiturri, que estima que se entregaron más de 250.000 tablets. “Si no me equivoco, quedó un stock de 14.000”, añadió.

Frente a la decisión de que la DASE, tras lo ocurrido, detenga el proceso de compra de tablets y destine ese presupuesto a proyectos que tengan efecto en la comunidad, Acaiturri dijo que la decisión es de la administración actual. “El pueblo guayaquileño los escogió democráticamente para que administren la ciudad. Ellos están en todo su derecho de tomar las decisiones administrativas que crean pertinentes. Sobre eso no me voy a pronunciar”.

La ciudadanía, por su parte, solicita repensar la medida. “Una tablet sí ayuda a nuestros hijos, no todos deben pagar el daño de unos pocos. Hagan la investigación, sentencien a los que vendieron el bien público, pero no les quiten la oportunidad a todos. Hay quienes no tienen la opción de comprarse un dispositivo hasta cuando ya trabajan”, sugirió Noraima Cáceres, de Las Orquídeas.

• Concejales reelectos: la mayoría guarda silencio

EXPRESO consultó a los concejales reelectos Jorge Rodríguez, Egis Caicedo, Terry Álvarez, Úrsula Strenge y Mayra Montaño sobre el tipo de acción que tomaron cuando EXPRESO alertó de lo ocurrido respecto al tema, pero solo Álvarez se pronunció, alegando que la responsabilidad y competencia de lo que ocurría con el proyecto era solo de la DASE.

“Las irregularidades denunciadas demuestran una implementación deficiente y poco rigurosa en el desarrollo de ese proyecto. Le corresponde ahora al Ministerio Público la determinación de las respectivas responsabilidades, de existir las mismas, dentro de este lamentable suceso”, señaló.