Lo anticipado la semana anterior por el Concejo Cantonal se cumplió este 15 de junio. La propuesta de convertir a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) en la Empresa Pública Segura EP, que busca, entre otras cosas, corregir las falencias que por años denunciaron los ciudadanos, fue aprobada en segundo debate.

Segura EP,  según explicaron ya los concejales, articulará el trabajo con otras dependencias municipales del área social. “Hemos pedido trabajar de la mano con la DASE, Inclusión y Vinculación con la Comunidad, porque esto es un tema de prevención, pero reconstruyendo el tejido social, sino lo reconstruimos la criminalidad no va a tener límite”, advirtió el alcalde Aquiles Álvarez durante la sesión. 

La semana anterior, que en primer debate el proyecto fue aprobado de forma unánime, la concejal Emily Vera hizo énfasis en que se esta vez iban a trabajar en prevención y que esa precisamente sería una de las diferencias con lo que entonces era la Corporación. 

"Desde Segura EP, vamos a hacer un análisis integral a los sectores más críticos, y para ello es vital también el reordenamiento territorial, que fue el tema que pusimos sobre la mesa en nuestra primera sesión. Este análisis nos dirá por qué hay tantos delitos, de qué tipo son, qué urgencias son las que más se atienden, pero a la vez constataremos sus carencias urbanas. Solo así podremos dotar a esa zona de iluminación o parques, por ejemplo, o podremos armar una hoja de ruta técnica en materia de salud u obra pública. El fin de Segura EP, en pocas palabras, apunta a no duplicar esfuerzos”, dijo entonces Vera; que la tarde de este 15 de junio pidió que se ponga atención sobre todo al distrito 2, que es el de mayor violencia. 

En otro punto, Álvarez respaldó el reclamo por la intención del recorte presupuestario para los municipios que anunció el Ministerio de Finanzas. “Nos afecta, más aún después de lo que ha venido pasando en el Municipio de Guayaquil con un mal manejo de recursos, mala planificación financiera, tenemos problemas como el Fenómeno de El Niño y eso sí nos afecta”, detalló.

Frente a esta situación, el concejal Jorge Rodríguez pidió a los concejales levantar la voz ante la intención del Gobierno.  Dijo que son $ 5’700.000 menos los que dejarían de recibir por 4 meses; esto es, $ 1’400.000 por mes, que "directamente afectarían la ejecución de obras públicas y labores que mitiguen las secuelas que pueda generar El Niño"