Durán se juega la paz, pero expertos temen que la intervención sea solo un parche
Aunque la Policía asumió el control del tránsito, especialistas alertan que sin cambios estructurales, la corrupción seguirá
Durán vive días de tensión, vigilancia e incertidumbre. La reciente intervención de la Policía Nacional en la Agencia de Tránsito (ATD) y el Cuerpo de Bomberos, por vínculos con el crimen organizado y tramas de corrupción, ha encendido la alarma entre sus habitantes. Lejos de tranquilizarlos, la medida ha generado una ola de inquietudes ciudadanas: ¿qué ocurrirá con las multas ilegales?, ¿cómo se garantizará que no regresen las mafias?, ¿habrá cambios duraderos o será solamente una solución temporal?
Impacto de la intervención en la seguridad y confianza ciudadana
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El ciudadano Santiago Jaramillo, especialista en desarrollo agrícola, considera que la medida adoptada desde el pasado 7 de julio (y que se mantendrá por dos años, según dijo ayer a EXPRESO la Policía) requiere de una hoja de ruta que debe ser pública, para que los habitantes tengan claro los cambios que habrá. “Ya la explicación del problema la sabemos: nos ‘vacunaron’. Ahora se necesita la solución. El Gobierno debe dar respuestas concretas. Las dudas están en el aire”, señala.
Javier Rendón, abogado y residente del cantón, en el que ayer predominó aún la presencia de los agentes de tránsito en las calles, cuestionó la efectividad de una intervención en un territorio que, según él, ha estado dominado por estructuras delictivas desde hace años.
“Durán es la cuna de la criminalidad. Las bandas mandan aquí, se codean con los funcionarios de toda índole. Hasta el alcalde Luis Chonillo está siendo investigado por supuestos nexos con ellas. ¿Qué evitará que nuevos nombres empiecen a engordar la lista de líderes corruptos? No tengo claro hasta dónde será de ayuda”, se pregunta.
La gobernadora del Guayas, el Ministerio del Interior y el Estado deben garantizar seguridad, o la ciudadanía seguirá reprochando su inacción frente a un sistema corrupto.
Las declaraciones de Rendón resumen el escepticismo generalizado en Durán, donde, como lo ha publicado EXPRESO, además de las estructuras estatales captadas por el crimen organizado, existe una percepción extendida de abandono institucional.
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El pasado 7 de julio, la Policía Nacional asumió el control operativo y administrativo del tránsito en el cantón, tras detectar una red de corrupción que involucraba a agentes y funcionarios. El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el dinero recaudado por las ‘vacunas’ terminaba financiando la economía del crimen organizado. “Dentro de la ATD, los cabecillas del crimen decidían qué se hacía y qué no. Todos lo sabían”, declaró.
El operativo, como detalló este Diario, incluyó allanamientos, entre ellos al Municipio, la ATD y el Cuerpo de Bomberos, donde se hallaron indicios de extorsión a comerciantes y el presunto uso de vehículos oficiales para transportar armas y estupefacientes.
Amenazas y abandono institucional mantienen en jaque a Durán
Reimberg responsabilizó al Municipio por su inacción.. “Sus autoridades están entregadas por completo. Cuando han sentido algo de temor, nos han llamado para confesar los problemas. Esto no podía seguir así”, dijo al hacer hincapié en que serán 215 los policías que permanecerán en el cantón y que los operativos, más allá del tránsito, se realizarán en las oficinas, patios de revisión y el manejo de bienes de la ATD.
Pero pese a la contundencia del discurso oficial, las dudas sobre el alcance real de esta intervención no cesan. Fernando Alburquerque, activista social, considera que la medida, aunque necesaria, solo ataca el síntoma y no la raíz del problema.
“La intervención refleja una respuesta frente a una crisis institucional sostenida por años de corrupción y permisividad. Pero el verdadero problema es más profundo: abandono estructural del Estado, ausencia de controles y una cultura de impunidad. La Policía puede imponer orden temporal, pero sin transformación institucional, volveremos a lo mismo”, advierte.
No es una lucha contra una sola entidad. Para erradicar la corrupción hay que depurar toda la estructura pública. Si no limpian todas las delegaciones, el efecto será temporal.
Además, recuerda que la corrupción también se sostiene con miedo. “En Durán, concejales, servidores municipales e incluso el alcalde han recibido amenazas y atentados, lo que revela que la corrupción también es sostenida por el miedo y el control territorial de grupos armados. No puede haber lucha real contra la corrupción si no se garantiza primero la seguridad de quienes intentan actuar con honestidad”.
César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, coincide en que una intervención puntual no basta. “Dudo que esto elimine del todo los actos de corrupción. No se trata solo del tránsito, sino de sanear toda la administración pública. Si no se revisa todo el aparato, será únicamente un parche”.
En Durán no solo se teme que la corrupción regrese; muchos sostienen que nunca se ha ido. Judith Arias, activista y habitante del cantón, no ve una solución clara en el horizonte. “Así dure dos años la intervención, esto no va a parar. Hay corrupción en todos los entes públicos, mafias en los barrios y en las calles. Atacan al ciudadano, al transporte, a los empresarios. No se trata solo de la ATD o el Cuerpo de Bomberos”, lamenta.
Arias también cuestiona la ausencia de liderazgo político en el Municipio. “No tenemos ni al alcalde aquí, y ya vamos por la cuarta vicealcaldesa. Los concejales no hablan. Poco se sabe de lo que están haciendo. Durán perdió su brújula, y para recuperarla hace falta mucho más que una intervención policial”, sentencia.
El rol del liderazgo político en la lucha contra la corrupción en Durán
Para abordar la corrupción, efectivamente es crucial implementar normas en la cultura organizacional de los entes implicados, así como en sus procesos y transparentar las operaciones.
Para John Garaycoa, licenciado en Criminología y máster en Psicofisiología Forense, la intervención policial en Durán puede generar un efecto inmediato en el control del tránsito, pero no garantiza una solución de fondo. A su criterio, los problemas de corrupción están arraigados en estructuras institucionales que no se transforman solo con presencia uniformada.
“El cambio real exige reformas estructurales profundas y participación activa de la ciudadanía. Sin eso, es difícil pensar en una depuración efectiva”, analiza.
Garaycoa considera que la medida puede mejorar temporalmente la percepción de seguridad, pero no resuelve el problema central: una administración pública debilitada por años de malas prácticas y falta de controles. Por ello, insiste en que se requieren transformaciones en la cultura organizacional, transparencia en los procesos, capacitación del personal, además de sistemas eficaces de rendición de cuentas.
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También cuestiona si el plazo de dos años será suficiente para lograr un cambio significativo. “La corrupción se sostiene en prácticas sistemáticas que no desaparecen de la noche a la mañana. Si no hay una estrategia sostenida, todo puede volver a lo mismo”, afirma.
Finalmente, subraya que la vigilancia ciudadana será decisiva para garantizar que las acciones de la Policía y las autoridades de Tránsito no repitan los errores del pasado. “La comunidad debe tener canales para denunciar y fiscalizar. Sin eso, la intervención corre el riesgo de quedarse a medias”.
Personal de la ATD y Bomberos desconoce qué pasará con ellos
A dos días del anuncio de la intervención policial, ni los ciudadanos ni los agentes de la ATD tienen claro quién controla las vías. Aunque se esperaba que la Policía asumiera el control, los agentes municipales siguen activos. “Pensé que el control ya era policial, pero siguen los vigilantes. ¿No se supone que ya no estarían?”, dijo la ciudadana Evelin Moya. Otros conductores, como Nashly Luca, solicitaron que se especifique si el control será distribuido entre los entes por calles.
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Según el Ministerio del Interior, el traspaso total de competencias tomará 70 días, tiempo durante el cual se revisarán procesos y se reorganizará el sistema. Ayer, agentes y policías socializaron el tema. Según lo previsto, desde este 9 de julio la Policía empezará a aplicar sanciones. Las vías internas estarán bajo su control, mientras que otras, como la Nicolás Lapentti, seguirán a cargo de la CTE.
Algunos agentes temen ser despedidos: “Nadie nos ha dicho si nos reubicarán o sacarán”, comentó uno bajo reserva.
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