Corrupción en agencias de tránsito: el negocio de las matrículas falsas

Carlos Alberto Merchán Bran tenía dos boletas de captura emitidas por la Unidad Judicial de Galápagos: una en 2023 por violencia contra la mujer y otra en 2024 por violación. Sin embargo, no fue por estos delitos que la Policía logró capturarlo.

Merchán Bran, de 49 años, fue aprehendido la tarde del pasado 10 de julio en una vivienda ubicada en la calle 35 y callejón Parra, en el suroeste de Guayaquil. En el inmueble se hallaron aproximadamente 500.000 matrículas y licencias de conducir falsificadas.

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Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, en el lugar también se encontraron documentos pertenecientes a más de 20 agencias de tránsito a nivel nacional, que habrían sido utilizados para procesos fraudulentos de matriculación y revisión vehicular.

“Ahora entiendo por qué en la intervención que realizamos en Manta se matricularon más de 35.000 vehículos, cuando la capacidad era de apenas 13.000. Eso significa que esos centros trabajaban con digitadores y personas vinculadas a agencias de tránsito”, sostuvo Reimberg.

Documentos de 20 municipios: el hallazgo de la Policía

El ministro agregó que, en el allanamiento, hallaron documentos de la Autoridad de Tránsito de Guayaquil, de Naranjal, de Daule, de Durán -intervenido también por la Policía- y de más de 20 cantones implicados en esta red de corrupción. “Quiero hacer un llamado a los municipios: su capacidad para manejar las agencias de tránsito está siendo utilizada para generar una economía criminal. Estos actos de corrupción favorecen a grupos delictivos. El detenido tenía dos boletas de captura anteriores”, recalcó.

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Una fuente policial detalló que, durante el operativo, se incautaron 25.814 soportes de papel con medidas de seguridad de los municipios, con leyendas de matriculación y revisión vehicular; 50 sellos plásticos de diferentes GAD cantonales; un CPU (dispositivo de almacenamiento interno); un dispositivo DVR de videovigilancia y varios celulares.

El fiscal del Guayas, César Peña, explicó que el delito de falsificación de documentos está tipificado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a quienes alteren, modifiquen o simulen documentos públicos o privados con el fin de causar perjuicio o engaño.

“La pena por este delito puede implicar prisión, dependiendo de la gravedad y del tipo de documento involucrado”, indicó.

Las agencias de tránsito, en la mira por facilitar procesos fraudulentos

Peña cuestionó la falta de colaboración por parte de algunos municipios. “Cuando estuve a cargo de la Dirección Nacional de Delitos contra la Administración Pública, a mi despacho llegaban numerosos expedientes sobre falsificación de cartas de venta, pagos de matrícula, traspasos de dominio y otros documentos municipales. Cada vez que solicitaba información, me respondían que no podían entregarla”, afirmó.

Recordó que, en una ocasión, exigió información a un cabildo y recibió distintas excusas: que el funcionario había renunciado, que hubo un incendio o que desconocían el caso. “Es hora de poner un alto a este tipo de acciones por parte de las autoridades municipales y acabar con esta industria de la falsificación”, enfatizó.

Para la ciudadanía, urge que la investigación en torno a este caso no se detenga. “Es realmente vergonzoso ver la calidad de funcionarios que están a cargo de entes públicos en el país. Siempre he creído que las agencias de tránsito de distintas ciudades están envueltas en actos de corrupción, pero lo que vemos ya es demasiado. Durán y Manta, cuya competencia de tránsito está a cargo hoy de la Policía, son solo la punta del iceberg de un problema mayor. Qué lamentable vivir así”, se quejó la residente Liliana Méndoza, guayaquileña.

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“¿Así ayudan a los criminales?”: la indignación crece en Guayaquil y otras ciudades

Romina Carpio, residente del norte del Puerto Principal, compartió la idea e hizo un llamado a que las alcaldías y agencias de tránsito de las ciudades citadas se pronuncien al respecto. “No escuché ni a la ATM de Guayaquil, ni al alcalde Aquiles Álvarez pronunciarse, tampoco a los funcionarios del resto de entidades aparentemente involucradas. No digo que los alcaldes o directores hayan sabido de esto, ni mucho menos, pero me hubiese gustado saber qué iban a hacer al respecto para evitar que los malos elementos contaminen sus entidades o qué están haciendo para detectarlos”, opinó.

Este es un problema más grande de lo que parece, agregó Alberto Cajamarca, del sur de la ciudad. “Esta es toda una industria de falsificación. ¿Es así como se facilita entonces la documentación a matones o ladrones? ¿Es así como se mueven por todo el país? ¿Con la ayuda de sedes ocultas que apoyan al criminal?”, cuestionó.

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