Cerrar la calle Panamá no soluciona el problema de fondo y castigaría la reactivación

La reactivación nocturna de la calle Panamá, en el centro de Guayaquil, enfrenta un punto de quiebre tras denuncias de desorden, suciedad y fallos eléctricos, lo que obligó al Municipio a reconocer una gestión de "prueba y error". Mientras el alcalde Aquiles Álvarez advierte con suspender los eventos si persisten las incivilidades, expertos en gestión cultural y urbanismo señalan que el problema no es la fiesta, sino la falta de infraestructura técnica y sanitaria para soportar la masiva afluencia de personas en una zona patrimonial.

La Panamá no aguantó el voltaje

La calle Panamá no aguantó el ‘voltaje’, pero apagarla no debería ser la solución. En noviembre de 2025, una iniciativa ciudadana logró reactivar este sector turístico en horario nocturno, una franja históricamente desolada en el centro de la urbe y que el Cabildo no lograba dinamizar.

El Municipio de Guayaquil capitalizó la oportunidad y socializó la extensión de la programación bajo el nombre de ‘Cae a Panamá Nocturna’, con la premisa de tener música en vivo y recuperar el espacio público.

Riesgo operativo vs. riesgo cultural

Sin embargo, la acogida masiva trajo consigo la saturación de los servicios básicos y roces con la convivencia vecinal. En redes sociales se viralizaron imágenes del denominado “Rincón Mágico” con acumulación de desechos, reportes de fallos en el sistema eléctrico y libadores en la vía pública. Aunque el alcalde Aquiles Álvarez advirtió que “si no se comportan, se tendrá que suspender”, el análisis técnico de los gestores sugiere que el problema requiere ajustes de infraestructura dura, no una clausura definitiva.

Ana Rivas, gestora de Conciencia Positiva y artífice de la edición original de ‘Baila la calle’, establece una distinción técnica necesaria: el riesgo cultural frente al riesgo operativo. El primero apela al comportamiento ciudadano, pero el segundo es responsabilidad exclusiva de la organización.

Rivas identifica una falla crítica en el diseño del entorno: la falta de infraestructura para contener a la masa. Lo que inició con una proyección de 50 personas escaló a 2.000 asistentes en enero de 2026, convirtiendo el adoquín patrimonial en una alfombra de vidrio y residuos.

“No es solo que la gente se porte bien, sino que el entorno esté diseñado para ello. Se necesitan baterías sanitarias de cemento, acordes a una zona patrimonial y turística, no baños de plástico”, explica Rivas. La gestora cuestiona la ausencia de filtros de ingreso rigurosos, como el uso de códigos QR para controlar el aforo real o la revisión de mochilas por parte de la fuerza pública, lo que derivó en el ingreso descontrolado de alcohol externo. “Se desvirtuó el concepto. La gente cree que es un evento para libar, cuando el objetivo es el bienestar a través de la danza”, sentencia.

Gestión de 'prueba y error'

Desde el Municipio de Guayaquil, Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, defiende la iniciativa, pues se alínea con el plan municipal de política anticriminal como una acción para recuperar el espacio público, pero admite que la operatividad ha funcionado bajo una lógica de “prueba y error”.

Atribuyen a la “falta de empleo” el que comerciantes autónomos no regularizados se hayan tomado los márgenes del evento, lo que obligó al Cabildo a implementar un vallado perimetral tardío y aumentar el número de agentes de control y efectivos de la ATM.

Este despliegue reactivo implica un costo operativo adicional para la ciudad en pago de horas extras y logística de fin de semana. Sobre los cortes de luz denunciados por residentes y locales formales, Cornejo deslinda responsabilidad municipal.

Sociología:  un ‘escenario de consumo’

El conflicto trasciende lo logístico; es una disputa territorial y económica. Lorena Quintana, socióloga de la Universidad Espíritu Santo (UEES), analiza la tensión entre la economía formal (locales que pagan tasas de habilitación y permisos) y la economía de subsistencia que llega con la masa. La calle deja de ser un barrio para convertirse en un “escenario de consumo”, donde el vendedor ambulante de cerveza rompe la estética de orden que busca el turismo tradicional.

Para el sociólogo Héctor Chiriboga, este fenómeno expone un abandono deliberado de la construcción del orden normativo por parte del Municipio, quizás para marcar una distancia ideológica con administraciones pasadas.

“El desorden ya es obsceno. Se muestra sin vergüenza porque no hay una reglamentación clara que se comunique y se haga cumplir”, critica Chiriboga, señalando que la permisividad con ciertas incivilidades (como el uso de aceras por motos o el consumo desmedido) termina beneficiando a una política que busca parecer popular a costa de la convivencia.

Sostenibilidad y descentralización

Luis Illescas, gestor cultural, pone el foco en la sostenibilidad del bien inmueble. Para él, la prioridad debe ser la protección del patrimonio frente a la masividad desmedida. Advierte que, sin estudios de carga y protocolos de seguridad definidos, el uso intensivo del espacio acelera el deterioro de fachadas y mobiliario urbano.

Su propuesta apunta a la descentralización: la calle Panamá no puede soportar toda la carga turística. Es necesario activar otros nodos de la ciudad para distribuir el flujo de asistentes.

Pese a los desajustes, el consenso técnico es que Guayaquil no puede permitirse retroceder. La suspensión definitiva sería admitir la incapacidad de gestión frente al caos. “Suspender es el camino más fácil”, concluye Ana Rivas.

El verdadero desafío para la administración de Aquiles Álvarez radica en implementar los correctivos técnicos (baños permanentes, control digital del aforo y seguridad privada) que permitan que la ciudadanía siga bailando, pero dentro de un marco de orden que respete tanto la cultura como al vecino.

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