La propuesta de convertir a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) en la Empresa Pública Segura EP, que busca, entre otras cosas, corregir las falencias que por años denunciaron los ciudadanos, fue aprobada en primer debate por el Concejo Cantonal.

Este 7 de junio, el proyecto de ordenanza fue el protagonista de la sesión. Y aunque será un hecho solo si el próximo 22 de junio los ediles dan luz verde a su creación, todos apuntan a que lo será, por los beneficios que traerá el cambio a la ciudad. Entre ellos, abordar el tema de la seguridad desde una visión integral. Y frente a ello, los guayaquileños esperan que la meta se cumpla, siempre que la transformación no quede solo en papeles o en un nombre.

“Si todo va a ser igual, si las llamadas no van a ser atendidas; si tras un accidente, las víctimas continúan desangrándose en las calles, pues hago un llamado a que ni pierdan el tiempo analizando la idea. Si, tal como lo han proclamado ahora, habrá respuesta y no más corrupción ni malos tratos, pues enhorabuena. Estoy de acuerdo con que nuestras autoridades nos protejan, pero necesitamos vivir no de promesas, sino de acciones que velen por nuestra integridad”, señaló Delia Cáceres, quien desde las redes sociales escuchó los puntos a tratar en la sesión.

Según lo previsto, Segura EP absorberá al Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y a la Dirección de Gestión de Riesgos para dar respuesta, en tiempos oportunos, a las emergencias y las problemáticas ligadas al maltrato, carencias sociales, al control del espacio público y al fenómeno de El Niño.

“Esta vez vamos a trabajar en prevención y esa es una de las diferencias con lo que entonces era la Corporación. Desde Segura EP, vamos a hacer un análisis integral a los sectores más críticos, y para ello es vital también el reordenamiento territorial, que fue el tema que pusimos sobre la mesa en nuestra primera sesión. Este análisis nos dirá por qué hay tantos delitos, de qué tipo son, qué urgencias son las que más se atienden, pero a la vez constataremos sus carencias urbanas. Solo así podremos dotar a esa zona de iluminación o parques, por ejemplo, o podremos armar una hoja de ruta técnica en materia de salud u obra pública. El fin de Segura EP, en pocas palabras, apunta a no duplicar esfuerzos”, sentenció la concejal Emily Vera.

Para el edil Jorge Acaiturri, quien como el resto estuvo a favor de la creación de este proyecto que incluye 48 artículos, 7 disposiciones generales, 11 transitorias y una derogatoria; resulta vital que quede establecido que el servicio del ECU 911 siga en manos de la ciudad.

“Una de las luchas históricas de Guayaquil fue manejar la línea ECU 911 para que la Corporación sea la que derive las circunstancias que suceden en la ciudad a las distintas instituciones, y que sea el Cabildo quien tenga la información de lo que ocurra. Por lo tanto, ese convenio con la Policía y el Ministerio del Interior debe renovarse. Solo así se podrá ir creando estrategias que trabajen, bajo el cambio planteado, en todas las aristas”, señaló.

En el acto, el concejal Jorge Rodríguez se refirió al fondo de contingencia que incluye el planteamiento. Un fondo que, explicó, irá destinado a las emergencias crónicas que puedan dejar secuelas en el Puerto Principal y que se formará por un porcentaje de las tasas y tributos que pagan los votantes.

Sobre este punto, del que no se ha detallado mayor información aún, ciudadanos como Nelson Plaza exhortan a que las cuentas sean públicas y “desmenuzadas”. “Si de lo que pagamos, un porcentaje va destinado a los daños que pueda hacer la naturaleza, es más que idóneo. Eso sí, las cuentas deberán quedar claras. Lo único que queremos es que no nos metan la mano al bolsillo o que ese dinero captado, como el asfalto de la urbe, en cuestión de meses desaparezca. Repito, la idea es oportuna. Evidencia planificación. Pero la transparencia deberá ser otro punto que no se deberá descuidar”, indicó.

• Los convenios para devolverle la vida al Malecón del Salado, aprobados

Durante la sesión, también se aprobaron dos convenios que buscan devolverle la vida a ciertas áreas del Malecón del Salado que, como ha venido publicando EXPRESO, están desoladas y no incluyen a todos los miembros de una familia en sus acciones.

Uno de ellos, por un monto de $ 250.400, plantea que se desarrolle el proyecto ‘Malecón al aire libre’, previsto a llevarse a cabo en un plazo de 12 meses desde la suscripción; mientras que el segundo, también con Fundación Malecón 2000, consiste en la entrega de otros $ 222.000 para cubrir parte de los costos en el proyecto denominado ‘Martes dorados’, previsto a realizarse cada martes durante un año y dirigido a los adultos mayores.

Este 7 de junio, previo a la sesión de Concejo, vía Twitter, se hizo pública la entrega de este monto, lo que generó un cruce de tuits entre el alcalde Alquiles Álvarez y el exgerente de la Fundación Malecón 2000, Vicente Almeyda. Y es que mientras el primero aseguró que la inversión la ofrecía el Cabildo en vista de que el Malecón estaba quebrado, Almeyda detalló que dejaron todo en orden.

Al final, el primer edil indicó que en el informe que prepara sobre lo hallado en la administración anterior quedarán evidenciadas las cifras.