Moradores de la cooperativa 8 de Mayo del sector Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil, se han organizado desde hace mucho para diferentes actividades y acciones, pero esta vez para mostrar una postura firme ante el delito de extorsión.

El pasado 28 de mayo, los moradores de este lugar recibieron en sus cuentas de WhatsApp fotografías de las rejas que ellos pusieron hace casi un mes en la entrada de su peatonal de acceso debido a los constantes peligros que se originaban por el ‘libre acceso que había’.

Entre estos, el escondite de ‘campaneros’ (personas que alertan a los ladrones de la policía o de a quién robar) persecuciones policiales a motociclistas que venían a gran velocidad, balaceras y caravanas de motos de grupos que se dedicaban a amedrentar a los ciudadanos.

“El mensaje que nos dieron es que cada uno debe pagar una cuota según el tamaño de la casa y los carros que tengan porque no se pueden tener esas rejas aquí y que la orden viene desde la misma cárcel”, expuso Andrea Pin, quien prefirió contar lo ocurrido en anonimato por miedo a represalias.

Cada par de rejas, las mismas que son colocadas al ingreso y a la salida del callejón, costó aproximadamente $ 1.800, lo que significó que cada solar tuvo que aportar con $ 60, independientemente si en el espacio había una vivienda,  una casa rentera donde viven más de una familia u otra infraestructura.

“Nos salió a ese costo porque aquí hay gente que sabe soldar y con ello nos ahorramos gran parte en la mano de obra”, expuso otra vecina del sector.

Luego de los mensajes a los celulares de los moradores, un exconvicto que vive en la zona empezó a vociferar que tienen que cumplir con el “pedido” porque es una orden que no se puede postergar.

Esta situación los molestó mucho y generó una acuerdo entre los moradores y decidieron “pararse firme” y no entregar ni un solo centavo  para que  después no se vuelva “algo eterno y que más adelante quieran cobrar por cualquier otra cosa”, agregó un comerciante de alimentos en el lugar.

“¡No vamos a entregar el barrio, no tenemos por qué pagar! y para sentirnos seguros, buscamos apoyo de los vecinos de las otras peatonales y también estuvieron de acuerdo en mostrar una sola postura, porque si uno paga, ya nos perjudica al resto”, comentó Julio Piedra, un padre de familia quien fue el promotor de comunicar la postura a los demás moradores.

Ellos señalaron que aún no han puesto una denuncia en la Fiscalía porque luego de la postura unificada en cuatro peatonales más, no volvieron a amedrentarlos. Sin embargo, el experto en seguridad ciudadana John Garaycoa resalta que aún falta organizar otro protocolo.

“Además del protocolo preventivo, debe existir uno de emergencia por si ocurre algo y que todos en conjunto puedan intervenir, no solo es de actitud o postura, es estar preparados mental y físicamente”.

Luego de esto, Garaycoa sugiere comunicar las acciones a la Policía Nacional con el fin de tener un lineamiento a seguir de acuerdo a la situación que se presente en el sector. Agregó que como complemento se puede reforzar las acciones con elementos de seguridad como dispositivos tecnológicos.

De acuerdo a la Policía Nacional, el distrito Florida es uno de los puntos más calientes en la ciudad de Guayaquil, en donde se han registrado muertes violentas por el tráfico de drogas.

En la zona 8, que agrupa a los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, se acumularon desde el 1 de    enero hasta la semana anterior 1.090 asesinatos. La mayoría de ellos cometidos en el Puerto Principal.

En todo el Ecuador se han registrado 2.893 asesinatos desde el inicio de 2023 hasta el pasado 2 de junio, una cifra que se ha duplicado en comparación al mismo período del 2022, cuando hubo 1.705 muertes violentas, es decir, un incremento 1.188 decesos.

El delito de extorsión está sancionado en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con una pena privativa de libertad de tres a cinco años, pero puede incrementar si hay agravante.