¿Qué está pasando en la Penitenciaría? "Es el infierno", dicen familiares de presos

Aunque las matanzas producto de enfrentamientos entre bandas criminales han disminuido, la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa del país, arrastra otra tragedia menos visible. Solo en 2025, más de 500 personas fallecieron dentro del centro por causas no esclarecidas, presuntamente vinculadas a tuberculosis y desnutrición. La cifra ha encendido las alarmas entre los familiares de los reclusos, que describen el lugar como un verdadero “infierno”.

“Ellos están viviendo en el infierno. Ahí hay bodegas humanas con muertos vivientes, o cementerios de vivos, donde solo sobrevive quien tiene dinero”, relata a EFE Ana Morales, dirigente del comité de familiares de los presos desde 2021. Este viernes, Morales llegó junto a decenas de parientes hasta la delegación provincial del Gobierno, en Guayaquil, en busca de respuestas oficiales frente a una crisis que —aseguran— fue advertida con antelación.

Según Morales, ya en 2024 alertaron al Ejecutivo sobre la situación sanitaria en la cárcel: presos con tuberculosis eran mezclados con personas sanas, no había atención médica oportuna, la alimentación era insuficiente y el acceso a agua potable era limitado. Desde entonces, las muertes comenzaron a incrementarse.

Aumento de fallecimientos

Ante el repunte de decesos, los familiares interpusieron acciones judiciales y acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el pasado 5 de enero otorgó medidas cautelares a favor de los reclusos debido al “elevado número de muertes”. El organismo advirtió que los internos se encontraban en “una situación de gravedad y urgencia” y que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud enfrentaban un “riesgo de daño irreparable”.

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. Solo entre enero y septiembre se registraron 564 fallecimientos: 288 catalogados como de causa “natural”, 262 “por determinar” y 14 como violentos, de acuerdo con información entregada por el Estado, que sostiene que los presos sí reciben atención. En lo que va de este año, al menos doce personas más han muerto, según el comité de familiares.

“No le ponen tuberculosis para no meterse en problemas”, afirma a EFE Benigna Domínguez, quien perdió a su hijo en julio, pocos meses después de que ingresara a la prisión, donde permanecen alrededor de 7.200 reclusos. Durante seis meses no supo nada de él. Cuando finalmente lo vio, estaba extremadamente delgado, con aspecto cadavérico y cubierto de ronchas. “Me dijo que los estaban matando del hambre. También tenía sarna”, recuerda. Los pocos alimentos que recibía, añade, contenían “heces de rata y de murciélago”.

La Penitenciaría del Litoral es una de las cárceles militarizadas tras la declaratoria de “conflicto armado interno” realizada en 2024 por el presidente Daniel Noboa. Según Domínguez, esa presencia militar ha agravado la situación. “Son los soldados los que deciden quién muere y quién vive. Hay tortura y extorsión en complicidad con los militares”, denunció.

La búsqueda de sus muertos

El drama se repite en otras familias. Uno de los hijos de Reyna Guerrero murió en agosto por desnutrición crónica, según relata. Ahora teme por la vida de otro de sus hijos, recluido con la misma enfermedad. De la muerte del primero se enteró cinco días después, por versiones de otros internos. En la cárcel le decían que seguía con vida, hasta que lo encontró en la morgue. “Nunca dejaron que lo revise un médico”, lamenta, pese a contar con una orden judicial para que su segundo hijo reciba medicinas, que aún no se cumple.

Rosario Carrillo tampoco ha podido ver a su hijo desde hace más de un año. Sabe que padece tuberculosis y que su estado de salud es crítico. “No quiero sacarlo en una caja, quiero tenerlo vivo”, insiste.

Tras la reunión con los familiares, el Gobierno se comprometió a instalar una cocina para mejorar la alimentación y a desplegar brigadas médicas permanentes dentro del penal. El comité de familiares anunció que verificará estos compromisos el próximo jueves, durante una visita liderada por la Defensoría del Pueblo.

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