Diez años del terremoto en Manabí: control en construcciones aún ponen en riesgo a la provincia

El terremoto de Manabí de 2016 fue un sismo de magnitud 7,8 que ocurrió el 16 de abril y tuvo su epicentro entre Pedernales y Cojimíes, en la costa norte del Ecuador. El evento dejó más de 670 fallecidos, miles de heridos y graves daños en las provincias de Manabí y Esmeraldas, especialmente en cantones como Manta, Portoviejo, Chone y Jama. Considerado uno de los desastres naturales más devastadores de la historia reciente del país, el terremoto evidenció falencias estructurales, institucionales y sociales, cuyas secuelas en infraestructura, vivienda y servicios de emergencia aún persisten una década después.

A una década del terremoto del 16 de abril de 2016, el balance sobre la reconstrucción en Manabí no puede limitarse a obras ejecutadas ni a cifras oficiales. 

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Para Leandro Josué Briones Rivera, ingeniero civil, ex presidente de la Cámara de la Construcción de Portoviejo y ex titular de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción, el análisis real exige una mirada crítica sobre lo que se corrigió y, sobre todo, sobre lo que sigue fallando en el control de las edificaciones.

Desde su experiencia técnica y gremial, Briones advierte que el desastre no fue solo consecuencia de la magnitud del sismo, sino también del incumplimiento sistemático de normas de construcción durante décadas, una deuda estructural que dejó expuesta a la provincia.

Más normas después del terremoto, pero controles todavía frágiles

El terremoto de 2016 evidenció una realidad incómoda: gran parte de las viviendas y edificaciones en Manabí se levantaron sin apego a la normativa técnica vigente. 

El colapso de estructuras públicas y privadas —incluidas edificaciones destinadas a la atención ciudadana— demostró la ausencia de criterios adecuados de seguridad estructural.

"El terremoto destruyó aproximadamente 40 años de esfuerzo de las familias manabitas", afirma Briones, al recordar el impacto no solo material, sino también social de la tragedia.

Tras el sismo, varios municipios, con Portoviejo a la cabeza, implementaron normativas más estrictas para la aprobación de nuevas construcciones. Actualmente, explica, existe un primer filtro más riguroso que exige planos estructurales, memorias de cálculo y diseños sismorresistentes.

Briones identifica un vacío crítico en el control del proceso constructivo: edificaciones que cumplen con la normativa en el papel, pero que se levantan sin una supervisión técnica constante en obra.

"El papel aguanta todo, pero al momento de construir se pueden omitir aspectos clave, como el acero o la calidad del hormigón", advierte.

Ese desfase entre el diseño aprobado y la ejecución real mantiene un nivel de vulnerabilidad que podría volver a evidenciarse ante un nuevo evento sísmico.

Prevención y control: la diferencia entre el daño y la tragedia

Briones es enfático: un nuevo evento sísmico generará pérdidas. La diferencia estará en el rigor con el que se cumplan las normas, en la eficacia del control durante la construcción y en la capacidad de mantener la prevención como una prioridad permanente.

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Porque —advierte— los procedimientos que a menudo se consideran excesivos o innecesarios son, en realidad, los que marcan la diferencia entre el daño estructural y una tragedia humana cuando la tierra vuelve a temblar.