¿Quién es? Quiteño. Nació el 4 de abril de 1970. Es un periodista, investigador, catedrático universitario. Trabajó en la revista Vistazo, Teleamazonas, El Universo y EXPRESO. Fue uno de los ganadores de la mención de honor de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por el trabajo periodístico: ‘Angostura, seis meses después’. Recibió además un premio de la UNP y es coautor del libro El Gran Hermano. 

El contexto. Una de las sedes políticas desde la que se apoya la precandidatura de Christian Zurita, posible reemplazo de Fernando Villavicencio, es resguardada por decenas de policías. Nadie entra o sale sin antes pasar por un minucioso registro. Hay hombres de negro en la puerta, comandos del GOE con fusiles y otros de civil.

Cuando se realizó la entrevista, aún el correísmo no había objetado su candidatura. Lee aquí lo que pasó esta madrugada.

- ¿Villavicencio dejó pruebas de la supuesta colusión entre asambleístas para matarlo, como usted señala en su vídeo?

- Hay una denuncia pública que presentó el 13 de abril de este año en la que dejó evidencia de las amenazas que estos asambleístas habrían realizado. Señaló que gracias a la escucha de dos asambleístas que prefirieron guardar anonimato conoció de un supuesto plan que buscaba quebrarlo bajo la modalidad de sicariato. Parte de su equipo en ese momento recordó el boletín y la denuncia y allí constan los nombres de cada uno. No es ningún misterio lo que se está contando.

- Pablo Muentes, exasambleísta socialcristiano, piensa colocar una denuncia en su contra.

- La fuente es el documento que presentó el exasambleísta, está presente y no es que he faltado a la verdad ni a la palabra de quien fue presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

- ¿La Fiscalía no debía ponerse en contacto con la Policía para brindar más seguridad?

- Después del asesinato de Agustín Intriago, alcalde de Manta, la cuarta ciudad más importante de este país, la campaña de Fernando solicitó a través del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) se reperfile la condición de información sobre la seguridad del candidato. A una reunión llegaron autoridades y dijeron que iban a emitir el impulso para que sea la Policía y el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas quienes conozcan, reperfilen y generen más procesos de inteligencia.

- ¿Se concretó?

- Pues ya vemos que no pasó nada. El hecho es que ni se conoció ni se tuvo más acceso a información de inteligencia ni el equipo que estaba al frente de la seguridad era el indicado.

- ¿Por qué?

- Nunca fue un equipo que tuvo la real capacidad de respuesta ante una amenaza real, tal como quedó en evidencia el 9 de agosto cuando Fernando fue asesinado, pese a ello él tenía una gran confianza en ese equipo, siempre pensó que se sentiría protegido junto con ellos. He dicho públicamente que todo ese cuerpo con excepción de uno o dos policías todos tienen que estar bajo sospecha por la forma y las circunstancias en que él fue asesinado.

- El asesinato ha sido calificado como político.

- Es un asesinato político a manos de mafias políticas y eso es lo que las investigaciones deben determinar. Señalar que se trata de un crimen de Estado todavía tenemos un camino muy largo. Lo importante es que este momento el Estado bajo toda su institucionalidad preste las facilidades para que la investigación pueda fluir bajo parámetros del FBI. Lo que esperamos es que emitan las metodologías adecuadas y necesarias para que fuera de las discrecionalidades que cometen los fiscales y policías en el Ecuador, se eviten subjetividades, construyan una poderosa teoría del caso y lleguen a probarlo de forma rápida.

- ¿No cree que sus declaraciones que señalan a un grupo de asambleístas puedan entorpecer las investigaciones?

- Es que esto es parte del proceso de silenciamiento de las amenazas que Fernando recibió. Él hizo una denuncia de un posible plan para terminar con su vida y si cuatro meses después observamos que fue brutalmente asesinado tenemos que preguntarnos por esas primeras denuncias que se encargó de señalar, no podemos dejarlas de mencionar independientemente de que la Policía y la Fiscalía hagan el trabajo para establecer la real teoría del caso.

- Su candidatura aún no ha sido calificada. ¿Qué esperanzas tiene de recibir el apoyo o que la gente lo conozca?

- Si mataron a Fernando mucho más fácil es impedir una candidatura en las circunstancias en las que se encuentran en el CNE. Lo cierto es que a toda costa es mucho más fácil impedir la participación de un candidato que aparece de la nada, 10 días antes de las elecciones, que el brutal magnicidio en el cual habrían participado más de 16 o 17 personas el 9 de agosto. Todo es posible. Uno de los escenarios más probables es que no se permita mi calificación por algún tipo de triquiñuela.

- De darse un Gobierno Zurita-González, ¿qué papel jugaría María Paula Romo?

- En la selección de mi candidatura no ha tenido absolutamente nada que ver, no ha intervenido, no ha sido parte y ha dado toda la libertad al buró político que constituyó Fernando para que de allí se escoja a quien reemplazaría. No ha habido un diálogo, un acuerdo o una imposición, absolutamente nada y es así como se va a mantener.

- ¿No teme una suerte similar a la de Villavicencio si califican la candidatura?

- Si Fernando fue asesinado es porque sabían que era una amenaza y podía ganar. Y si es que yo, efectivamente puedo capitalizar bajo la imagen de Villavicencio todos esos votos, pues soy una amenaza y vienen también por nosotros.