Traslado del mando policial: la apuesta del Gobierno ecuatoriano en terreno sensible

El traslado del alto mando policial a Guayaquil marca un giro en la estrategia de seguridad del Estado, en un contexto de violencia persistente asociada al crimen organizado. La medida responde a la concentración de homicidios, extorsiones y delitos de alto impacto en la denominada Zona 8, que abarca Guayaquil, Durán y Samborondón. 

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El antecedente inmediato se remonta a junio de 2025, cuando el Ejecutivo dispuso que la Comandancia General de la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pasaran a operar desde esta ciudad, dejando a Quito como sede administrativa secundaria para estas funciones.

La decisión se reforzó en febrero de 2026, cuando el presidente Daniel Noboa anunció que trasladaría también la “base” del Gobierno y del alto mando policial a Guayaquil por varias semanas, con el objetivo de dirigir desde allí las acciones contra la criminalidad.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. En el primer trimestre de 2025, Ecuador registró 2.361 muertes violentas, muchas de ellas concentradas en la provincia del Guayas. Según datos de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 11 de mayo se contabilizaron 1.355 homicidios en esa zona, una cifra significativamente superior a los 759 casos reportados en el mismo periodo de 2024.

Cifras de homicidios en el 2026

En enero de 2026 se registraron 732 homicidios en todo el país, de los cuales 248 ocurrieron en la Zona 8, lo que la mantuvo como el área con mayor número de hechos violentos a escala nacional durante ese mes. 

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Para el experto en seguridad Daniel Pontón, el traslado del mando responde más a un gesto simbólico que a una solución estructural. “Personalmente no le veo muchas luces, más allá de que los cuerpos legales aprobados recientemente en la Asamblea puedan marcarse como un hito. El problema del Gobierno es que no ha fortalecido la parte estratégica, y eso es lo que mucha gente espera con urgencia: una gran estrategia nacional”, dijo.

En los últimos años, estas características la han convertido en un punto clave para economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la extorsión y el sicariato. Desde una perspectiva operativa, Mario Segovia, excomandante de la Policía Nacional, sostiene que la reubicación del mando puede ser útil, pero resulta insuficiente si no se acompaña de una política integral.

“El traslado del mando es útil, pero no suficiente si no se acompaña de una estrategia nacional de seguridad ciudadana y política criminal”, expresó.  Y subrayó la necesidad de dimensionar adecuadamente la infraestructura policial. “Si Guayaquil tiene tres millones de habitantes, necesita al menos 600 Unidades de Policía Comunitaria (UPC). ¿Por qué no disminuye la violencia? Porque los policías están escondidos. Tienen que salir a la calle, especialmente en las provincias más difíciles. Deben revestirse de patriotismo, valentía y profesionalismo, y estar presentes para evitar que los delincuentes se maten entre ellos”.

En una línea similar, Ramiro Mantilla, excomandante de la Policía Nacional y director del Instituto Internacional de Estudios de Seguridad Global (Iniseg), considera que los efectos de la medida pueden ser visibles en el corto plazo, pero advierte sobre su sostenibilidad.

“Pienso que esta estrategia puede dar resultados a corto plazo. Sin embargo, es necesario que esté acompañada de un enfoque integral en todas sus áreas, de un trabajo coordinado con otras instituciones del Estado, y no dejar toda la responsabilidad únicamente a la Policía y a las Fuerzas Armadas en sus momentos”, planteó.

Inseguridad en la zona 8

La Policía Nacional, encabezada por el general Pablo Dávila Maldonado, trasladó desde el 13 de febrero de 2026 su mando operativo a Guayaquil, para dirigir en territorio las acciones de seguridad en la Zona 8 y coordinar la respuesta a escala nacional.

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Desde su nueva base operativa en Guayaquil, el alto mando ejercerá conducción directa sobre las operaciones en territorio, con énfasis en la coordinación interinstitucional para intervenciones conjuntas, toma de decisiones tácticas en tiempo real y asignación eficiente de talento humano y recursos logísticos.

El objetivo, de acuerdo con la Policía, es mejorar la oportunidad y efectividad de la respuesta y traducir la presencia del mando en resultados concretos para la seguridad ciudadana. Según la institución, el cambio se enmarca en la Gestión Estratégica Operacional 3D y en los lineamientos vigentes contra el crimen organizado.

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